TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda

EXPEDIENTE N° 6452

PARTE ACTORA: ASOCIACIÓN COOPERATIVA “BUZOS INDUSTRIALES DE VENEZUELA, R.S”, originalmente inscrita por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 17 de Febrero de 2003, quedando anotada bajo el Nº 28, Tomo 3, Protocolo 1ero, del 1er. Trimestre, y posteriormente domiciliada por ante la Oficina de Registro Subalterno de los Municipios Lagunillas y Valmore Rodríguez del Estado Zulia, representada por los ciudadanos HENRY HERNÁNDEZ y EDUARDO MOLINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros, 7.140.619 y 13.244.326, el primero domiciliado en la Ciudad de Cabimas Estado Zulia, y el segundo, en la Ciudad de Maracaibo, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de Presidente y Tesorero respectivamente de la mencionada Corporación, según acta de asamblea General Extraordinaria de asociados de fecha 03 de junio de 2004, quedando protocolizada por ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el 07 de junio de 2004, anotado bajo el Nr. 16, Tomo 24, protocolo 1ro., del 2do Trimestre.

ABOGADOS ASISTENTES
DE LA PARTE ACTORA: ESTHER LÓPEZ, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.855.131 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 40.748 y de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: RUBÉN CARDOZO, ANDRÉS HERNÁNDEZ PLATA, OSWALDO PINEDA, CARLOS CHACÍN y RAFAEL MORALES, venezolanos mayores de edad, titulares de las Cédula de Identidad Nros. V- 5.710.155, V- 3.453.940, 3.739.854, 7.801.588 y 10.452.910, respectivamente, domiciliados en la Avenida 22 del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en su condición de, el segundo Presidente, el tercero, de Gerente de Contraloría, el cuarto, Gerente de Tesorería y Administración, y el quinto, Gerente de Secretaría y Recursos Humanos, de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA “BUZOS INDUSTRIALES DE VENEZUELA, R.S”, según acta de asamblea celebrada por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 29 de junio de 2005, quedando anotada bajo el nr. 20, Tomo 26, protocolo 1ro del 2do trimestre, de los libros respectivos llevados por esa oficina.

ABOGADO ASISTENTE DE
LA PARTE DEMANDADA: SIN REPRESENTACIÓN LEGAL...........................

MOTIVO: NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA

SENTENCIA DEFINITIVA

En fecha 22 de Julio de 2.005, fue admitida una demanda por NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA, incoada por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA “BUZOS INDUSTRIALES DE VENEZUELA, R.S”, en contra de los ciudadanos RUBÉN CARDOZO, ANDRÉS HERNÁNDEZ PLATA, OSWALDO PINEDA, CARLOS CHACÍN y RAFAEL MORALES, por este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, por ser competente para ello (folios, desde el 01 hasta el 182).

Cumplidas como han sido las formalidades legales pasa este Tribunal a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por mandato expreso del Ordinal Tercero, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil vigente.
DECISIÓN
Delimitado así el problema corresponde a esta Jurisdicción su pronunciamiento y al efecto observa:
El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
Es importante señalar los puntos que destacamos como lo son la justicia gratuita y la prontitud en la decisión correspondiente. Esto es, que la justicia no está sometida a pagos, tasas e impuestos de ningún tipo por parte de los Tribunales de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con ello desapareció el arancel judicial, y por otro lado la prontitud de la decisión, que nos lleva al principio de la celeridad procesal, obligación que surge para el administrador de justicia que es el Juez, y en el caso de no existir lapsos para responder los pedimentos prevé el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, hacerlo dentro de los 03 días siguientes a la solicitud, con sanciones de orden legal, por el retraso en la decisión o lo llamado retraso judicial.
El legislador no sólo exige prontitud al Juez para decidir, sino también exige la celeridad procesal la parte actora, so pena de ser castigado con la Perención de la Instancia, imponiéndole sus cargas correspondientes.

Las obligaciones del actor que le impone la ley para evitar la Perención son las siguientes:
1. Presentación de la demanda cumpliendo con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil;
2. Suministrar las copias simples del libelo de la demanda para librar los recaudos de citación;
3. Impulsar el proceso.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus acápites dispone que:
“Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de Admisión de la Demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la Citación del demandado”.
Nos acogemos al criterio sostenido en el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de Junio de 2.004, en el cual considera que la Perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad.
En consecuencia, la perención breve prescrita por el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia, se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado, es decir el costo del transporte para el traslado del Alguacil para practicar la citación.
Aun habiéndose librados los recaudos de citación y entregados al Alguacil, es deber del actor impulsar el proceso para que el mencionado funcionario practique la citación antes de los 30 días en que precluye el lapso de la perención.
El legislador previó una sanción muy grave como lo es la PERENCIÓN, la misma está condicionada a que el demandante que no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley, debe pues, necesariamente tratarse de una obligación establecida por la Ley, y no puede ser de otra manera, pues toda norma sancionatoria es de interpretación restrictiva; además siendo de extrema gravedad la sanción, como lo es la perención. Ahora bien, para este Sentenciador a determinar si en el caso subjudice se operó la Perención de la Instancia, y del análisis de las actuaciones que se han dejado sintetizadas aparece que la última actuación procesal relacionada con la Citación de la parte demandada, ocurrida en el presente juicio, fue el Recibo de Distribución consignado por el Alguacil natural de este Tribunal, donde consta que los Recaudos de Citación de los Demandados fueron Distribuidos al JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo, en fecha 12 de Agosto de 2005, transcurriendo desde esa fecha el término requerido para la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1, del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, extinguiéndose la instancia por el transcurso de un (01) mes sin haberse ejecutado ningún acto de impulso procesal, lapso que se consumó en fecha 17 de Octubre de 2.005, por cuanto la parte actora no impulso la Citación de la parte demandada ciudadanos RUBÉN CARDOZO, ANDRÉS HERNÁNDEZ PLATA, OSWALDO PINEDA, CARLOS CHACÍN y RAFAEL MORALES. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el Juicio por NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA seguido por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA “BUZOS INDUSTRIALES DE VENEZUELA, R.S”, contra los ciudadanos RUBÉN CARDOZO, ANDRÉS HERNÁNDEZ PLATA, OSWALDO PINEDA, CARLOS CHACÍN y RAFAEL MORALES. ASÍ SE DECIDE.
El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE
Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año 2.005. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE,

ABGDA. LISBETH DEL C. ZARRAGA

LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. TÁMESIS RIVAS A.

En la misma fecha se dictó y publicó Sentencia, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).-
LA SECRETARIA TEMPORAL.