REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO Y CIVIL-BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SUR ORIENTAL.- 196º y 147º A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, queda determinado que en el presente Juicio intervienen como partes y abogados las siguientes personas: RECURRENTE: THAIS DE LOS ANGELES REYES, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 8.280.727. ABOGADO: WILMER COVA, en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 71.016 y de este domicilio. RECURRIDA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL ESTADO MONAGAS. ASUNTO: QUERELLA FUNCIONARIAL Estando la presente sentencia dentro del lapso establecido en la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el Tribunal pasa a dictar la sentencia de la siguiente forma: PRIMERO: En la Audiencia Preliminar quedó determinado que el recurrente alega que: 1.- Que la recurrente es una Funcionario Público, de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas, el cual ingresó en fecha 04 de Enero de 1996, desempeñando el Control de Recaudación, adscrita a la oficina de Tributo y Cobranzas. 2.- Que las funciones que desempeño en el cargo de Recaudador, adscrita a dicha oficina son funciones inherentes a la naturaleza del cargo, es decir, realizar supervisión en el cobro de los impuestos municipales referidos a la Patente de Industria y Comercio, liquidaciones de los mismos y demás inherentes a esa función, dichas funciones son ejercidas bajo la supervisión de su jefe inmediato y también percibía las remuneraciones correspondientes a jornadas normales de trabajo. 3.- Alega el recurrente que se encontraba en su sitio de trabajo cuando le fue entregada la notificación en la cual se le participaba que motivada al proceso de reestructuración enmarcado dentro del Decreto de Emergencia Administrativa, dictado por el Ciudadano Alcalde del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas, que la Alcaldía ha decidido prescindir de sus servicios al cargo Centro de Recaudación, notificación que carece de todos los elementos formales que debe tener toda notificación de un acto administrativo por disposición de la ley, violando de esta manera su derecho a la defensa y violando su derecho a la estabilidad funcionarial, específicamente propia de los funcionarios públicos de carrera. 5.- Alega el recurrente que no maneja información confidencial, ni dirige personal, ni tomaba decisiones que comprometan al Municipio. 6.- Alega el recurrente que es personal de carrera de la administración municipal desde el 04 de Enero de 1996, y para el momento que le fue entregado la Notificación tenia en la administración pública, había cumplido 9 años y 10 días en la Administración Municipal. 7.- La parte recurrente alega a su favor el incumplimiento del Artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de los Artículos 73, 74, 75 y 77 ejusdem, de los cuales señala la obligación y notificación y publicación de los actos administrativos de efectos particulares asimismo alegó la violación de los artículos 78 y 79 de la Ley del Estatutos de la Función Pública. 8.- Alegó a su favor el derecho sustantivo, las disposiciones referentes a los cargos de confianza, establecidos en el Artículo 21 de la Ley del Estatutos de la Función Pública, así como también las del Artículo 30 ejusdem. 9.- Alegó en cuanto al derecho adjetivo e invocó el recurso contencioso administrativo funcionarial por razones de ilegalidad, establecido en el Artículo 92 ejusdem. La parte recurrida no dio contestación a la demanda. SEGUNDO: De las pruebas: La parte recurrente promovió las siguientes pruebas: 1- Escrito de Nulidad que inicio el presente procedimiento. 2- Anexos consignados con el escrito que inicio el presente procedimiento. 3- Solicito practicar Inspección Judicial en la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas. 4- Si existe en la Camara Municipal la sesión donde se aprobó el Decreto de Reestructuración y Reducción de Personal del año 2005. 5- Si existe Decreto de Reestructuración. 6- Si existe Nomina de empleados y si es así desde cuando y hasta cuando cobra su representada ciudadana Thais de los Ángeles Reyes. 7- Si en la Nomina existe otro empleado en sustitución de su cargo. 8- Si dentro del Departamento de personal existe un procedimiento administrativo en contra de su representada. La parte recurrida no presento pruebas. TERCERO: Estando presentes la parte Recurrente, tuvo lugar la Audiencia Definitiva, la parte recurrente expuso sus argumentos: Que la ciudadana Thais de los Ángeles Reyes, trabajo para la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora, que es funcionaria pública desde el 04 de Enero de 1996, y que al ingresar a la administración publica no se exigía el requisito establecido en el articulo 146 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que su representada consigno nombramiento y ratificación del cargo que ocupaba, cumpliendo con los requisitos establecidos por lo que debe gozar de la estabilidad funcionarial ya que los actos y hechos jurídicos funcionariales se consolidan durante la derogada Constitución, y para destitución era necesario el procedimiento establecido en el articulo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, que el cargo que ocupaba su representada fue ocupado por el ciudadano Francisco de Pablo, actuación prohibida por el articulo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, que el acto en el cual la administración prescindió de los servicios de su representada debe ser anulado ya que no reúne los requisitos establecidos en los artículos 18 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en la Inspección Judicial se comprobó que no existe un decreto de emergencia en dicha alcaldía lo que implica la inexistencia del mismo y solicita se declare con lugar la nulidad del acto administrativo y se ordene el reenganche de su representada a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde su destitución hasta su definitiva reincorporación. El Tribunal pasa a dictar el dispositivo del fallo, luego de revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, alegatos y pruebas de las partes, éste Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur- Oriental, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR, el recurso por Nulidad de Acto Administrativo intentada, ANULA: la notificación mediante la cual se le participa que prescinden de sus servicios, y ORDENA: la reincorporación de la funcionaria al cargo o a uno de igual jerarquía y remuneración y el pago de los salarios dejados de percibir desde el ilegal despido hasta la definitiva reincorporación en el cargo. MOTIVOS DE LA DECISIÓN I Condición Funcionarial de la Recurrente Considera este Tribunal que debe realizar un análisis sobre la situación funcionarial de la Recurrente. Al efecto, el recurrente señala en su escrito de demanda y determinado en la Audiencia Preliminar que se desempeñaba en el cargo de control de recaudación adscrita al Departamento de Tributo y Cobranza, ejerciendo como funcionaria pública desde el 04 de enero de 1.996. Esto que fue rechazado por la Administración pues al no contestar la demanda queda rechazada , se evidencia el ejercicio del cargo de constancia que corre al folio 06 del expediente y de los recibos que corren a los folios 4 y 5 y hasta del acto impugnado mediante el cual se prescinde de los servicios, aún cuando no consta en ninguno de ellos la fecha de ingreso, ni la forma de ingreso. Por otra parte, habiendo probado esta circunstancia el demandante, la Administración no remitió a esta instancia el expediente administrativo correspondiente y en consecuencia, “la no presentación del expediente administrativo , que es un dato de singular relevancia pata el Juzgador, pueda constituir una presunción favorable a la pretensión del actor y por ende, negativa acerca de la actuación administrativa” ( Sentencia de la Corte Primara de lo Contencioso Administrativo 2.125 del 14-08-2.001) y en el caso de autos, que trata de la oportunidad y forma de ingreso a la Administración por parte de la recurrente, probada la relación de empleo público y ante la renuencia administrativa de remitir los antecedentes administrativos, surge la presunción que ella existió desde la fecha invocada por el recurrente y en la forma permitida por la Ley de Carrera Administrativa, vigente para la fecha de ingreso. Así se decide. Respecto de la situación funcionarial del recurrente este Tribunal debe, además, señalar lo siguiente: Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Constitución derogada, se establecía que “la ley establecerá la carrera administrativa mediante normas de ingreso, egreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro de empleados de la administración Pública Nacional….” Allí se contenían los principios programáticos que regirían la carrera administrativa y que serian desarrollados en principio por la Ley de Carrera Administrativa. Así mismo los Órganos Competentes Estadales o Municipales dictarían sus propias normas de carrera Administrativa, sin contradecir la Ley Nacional. Se establecían ciertos requisitos para el nombramiento, el cual se verificaba mediante un acto unilateral, no discrecional, pues era necesariamente consecuencia del concurso, de acuerdo al artículo 35 de la derogada Ley. Ahora bien era posible realizar nombramientos provisorios o interinos de acuerdo a ciertas circunstancias y los candidatos debías ser evaluados en un lapso prudencial, el cual no excedería de seis meses y de acuerdo al Reglamento de la citada Ley, se podía considerar ratificado el funcionario no evaluado, si transcurrido el tiempo no se hubiere evaluado, por cuanto no podía el funcionario cargar con la inactividad de la administración en el cumplimiento de sus obligaciones. La nueva Constitución en su artículo 146, señala que los cargos en los órganos de la administración pública son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros y los demás que determine la Ley que al efecto se dicte. Añade el mencionado artículo que el ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a la carrera es por concurso público. Por su parte la nueva ley, Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 3, establece que “el funcionario público será aquel que en virtud renombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente” y en el artículo 19 los clasifica como funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, lo primeros serán quienes habiendo ganado el concurso y superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente y los segundos son aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta ley. Debe en consecuencia, examinarse si a la luz del artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el recurrente ocupaba un cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción. La Sala Político Administrativa ha sostenido que el criterio para diferenciar un cargo de carrera de uno de Libre Nombramiento y Remoción será “que estos últimos son por la naturaleza de las funciones que obedecen y de las responsabilidades que comportan de confianza, y ello ha permitido flexibilizar los presupuestos de designación y remoción de quienes ocupan un cargo de esa categoría ( Sentencia 1623 del 13 de Julio de 2.000), por tanto es necesario que el cargo ocupado se encuentre dentro de los supuestos señalados. En el caso de autos, la funcionaria, de acuerdo a su afirmación, desempeñaba desde su ingreso al cargo, funciones de control de recaudación de pagos que deben hacerse al Municipio, el cual se refiere a una actividad de rentas, que se encuentra encuadrada dentro de los supuestos de procedencia del artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, razón por la cual debe considerarse al funcionario recurrente como de Libre Nombramiento y Remoción, por lo que se rechaza la pretensión de la recurrente de ser considerada como funcionaria de carrera. Así se decide. II Del Acto Impugnado Es deber de este Juzgador controlar la legalidad del acto administrativo dictado, aún cuando el funcionario haya sido determinado como uno de Libre Nombramiento y Remoción. Como tal Acto Administrativo, lo que consta en autos es una “Notificación” en la que se comunica a la recurrente que motivado al Decreto de Emergencia Administrativa Dictado por el Ciudadano Alcalde del Municipio Ezequiel Zamora, la Alcaldía ha decidido prescindir de sus servicios a el cargo de CENTRO(sic)DE RECAUDACION que venía ejerciendo en el Departamento de Tributo y Cobranza y con fecha 15 de enero de 2.005, por lo que debe concluirse que no existe acreditado en autos un acto administrativo que sirva de fundamento a la “notificación” que cursa al folio 07 del expediente y mediante la cual, basada en un Decreto de Emergencia, se “prescinde de los servicios” de la recurrente. A los folios 298 y 299 del expediente consta la Inspección Judicial realizada por este Tribunal y de la cual no pudo verificarse la existencia del Decreto de Emergencia que debió existir desde enero de 2.005, ya que se informó al tribunal que estaba cerrada la Oficina correspondiente sin poderse acceder a a ella y tampoco el Municipio demostró el dictado del decreto, cuando era su obligación Antes de pronunciarse sobre la permanencia o no en el mudo jurídico de la notificación impugnada, ya que el tribunal ha declarado a la recurrente como funcionario de Libre Nombramiento y Remoción, quiere este Juzgador señalar, que lo que ha sostenido la Jurisprudencia de los Tribunales Contencioso Administrativo, no es que el acto del Jerarca Administrativo respecto de la remoción de los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, puede ser discrecional o hasta arbitrario, sino que no tiene que fundarse en causal establecida en la Ley o tramitar un expediente administrativo previo, pero debe, como en todos los actos administrativos, ser un acto motivado en la facultad legal con que se ejerce la remoción y en la definición legal del cargo ocupado como de Libre Nombramiento y Remoción, lo que significa la necesidad del cumplimiento de los requisitos de contenido del acto a que nos hemos referido, con el matiz propio del tipo de acto. Por otra parte el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece: “Ningún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos. Es evidente que la Administración Municipal, violó la norma antes transcrita al pretender realizar ejecución mediante la notificación de un acto que no ha dictado, incurriendo por tanto en una actuación materia, violando los derechos funcionariales de la recurrente, que si bien no ocupaba un cargo de carrera , sino de libre nombramiento y remoción, tienen derecho a ser removida mediante un acto que tenga validez y eficacia en el mundo jurídico y por tanto debe considerarse que la administración actuó por vía de hecho. Al respecto y sobre la vía se hecho puede afirmarse junto con la Jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la Doctrina lo siguiente: “La vía de hecho resulta – entonces – ajena a una correcta y apegada actividad de la Administración a la Constitución y a la Ley, ya que vulnera los derechos y garantías de los particulares, acarreando como consecuencia que el ente público pierde las prerrogativas y privilegios de los cuales goza frente a los administrados, a fin de que pueda ser restablecida la situación lesiva y restituir el equilibrio jurídico – democrático alterado por la actuación material ilícita e ilegítima de la Administración.. En este orden de ideas, el reconocido jurista argentino Roberto Dormí, en su obra Derecho Administrativo, a señalado que la vía de hecho se configura ante la presencia de ciertos elementos como son: a) un acto material, una acción directa de la Administración, un hacer de la actividad administrativa; b) que debe importar al ejercicio de la actividad administrativa y c) que dicha actuación no se ajuste a derecho, ya sea porque: i) carece de un acto administrativo o de una norma de carácter general que avale su proceder, por lo que tal actividad no tiene, desde ya, presunción de legitimidad, que de algún modo excluya la arbitrariedad; ii) toma como base un acto irregular por no hhaber observado el procedimiento administrativo correspondiente (como sucede cuando se trata de la ejecución de un acto administrativo estando pendiente un recurso administrativo que suspende el procedimiento, o cuando el acto aún no ha sido notificado, toda vez que en tales casos el acto carece de ejecutoriedad); y iii) lesiona un derecho o garantía constitucional reconocidos, es decir, provoca, o tiene la virtualidad de hacerlo, un agravio a los derechos individuales, en todo su aspecto, teniendo en cuenta la amplitud de la protección que le dispensa la Constitución. En fin, en palabras del referido – y tal como se señala ut supra – “la prohibición de vías de hecho administrativa procura enmarcar la actividad de la Administración a conducirse dentro de los cánones del estado de derecho”” (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo No. 1478 de 06 de Julio de 2.001, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño). En consecuencia, existe en la actuación de la Administración, una vía de hecho, respecto a la supuesta remoción de la funcionaria, ya que la notifica de un prescinde de servicios, asunto que no se encuentra regulado en la Ley respecto de la actividad funcionarial. Administración, entiende que prescindió de los servicios de la Administración a la funcionaria recurrente THAIS DE LOS ANGELES REYES, debe ser declarada NULA, por no encontrarse expresamente manifestada la voluntad de la Administración en un acto Administrativo, que reúna los requisitos que se establecen los artículos 7, 9 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Siendo así, este Tribunal debe concluir que la actuación de hecho, mediante la cual la Administrativos y en consecuencia debe concluirse que ante la falta absoluta del acto administrativo de remoción la Administración escogió para actuar una vía de hecho, por lo que la recurrente debe reingresar al cargo que tenía de Control de Recaudación en el Departamento de Tributo y Cobranza de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas y debe procederse al pago de los sueldos dejados de percibir desde el momento del inexistente prescinde de servicios , hasta su definitiva reincorporación a su cargo. Así se decide. III De la falta de ejercicio de la defensa de los interese del Municipio Observa el Tribunal que el Municipio Ezequiel Zamora por medio de sus respectivos órganos, no acudió a este Juzgado a defender los intereses del Municipio ni remitió a esta instancia el expediente Administrativo, como quedó reflejado en el texto de la sentencia, trayendo como consecuencia el surgimiento de presunciones a favor del recurrente, en conformidad con la jurisprudencia citada oportunamente. En fecha 06 de Junio de 2.006, este Tribunal, ante una situación similar, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales se intentara contra el referido municipio señaló: “La Administración, en el presente caso, no sólo no acudió a defenderse, posiblemente amparada en el Privilegio que le otorga el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece: Cuando la autoridad Municipal debidamente citada no compareciere al acto de contestación de la demanda o no diere contestación a las cuestiones previas que le hayan sido opuestas, se las tendrá como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio que la responsabilidad que dicha omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial de los intereses patrimoniales de la entidad. Ciertamente la falta de comparecencia los actos de contestación de la demanda y de cuestiones previas no implican una confesión sino una contradicción, pero este hecho no deja a salvo la responsabilidad de los funcionarios encargados de defender el patrimonio del municipio. Al efecto la Ley Contra la Corrupción establece en su artículo 21: Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la ley”. En este orden de ideas quiere expresar este Sentenciador que es un hecho conocido en este Juzgado, y por tanto tratado como un hecho notorio judicial, que el Municipio Ezequiel Zamora, hasta la presente fecha no ha ejercido en ninguna de las ocasiones a que ha sido llamado a juicio, la defensa de los intereses del Municipio Ezequiel Zamora y ni siquiera la defensa de los intereses patrimoniales del mismo, lo que tiene como consecuencia, que este Tribunal pueda interpretar, por lo reiterado de la actitud, que no se ha escapado una u otra defensa, sino que se ha convertido en una actitud sistemática de dejar al Municipio a su propia suerte en los juicios, lo cual evidentemente de acuerdo a las normas citadas, genera una responsabilidad en el o los funcionarios encargados de representar al Municipio y ejercer la defensa de sus intereses inclusive los intereses patrimoniales. Esto así, y antes del pronunciamiento de la sentencia en el presente caso, debe señalarse que la anterior determinación, genera en este Juzgador, que por lo demás debe ser un controlador social, una responsabilidad con respecto al pueblo que conforma el mencionado municipio y a sus intereses patrimoniales de los cuales ese pueblo ha de ser el destinatario para su beneficio y engrandecimiento y es en atención a esa responsabilidad que este Tribunal debe ordenar que se remita copia de esta decisión a la Contraloría del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas y a la Contraloría General del estado Monagas, con la finalidad de que se conozca sobre la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios encargados de la defensa del antes mencionado municipio en la reiterada falta de defensa de los intereses del mismo en las causas que cursan ante este Despacho. Así se decide. En el mismo orden de ideas, se observa que , a pesar de haberlo solicitado este Tribunal, el Municipio no remitió el expediente administrativo del recurrente y al efecto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha determinado que “la no presentación del expediente administrativo , que es un dato de singular relevancia pata el Juzgador, pueda constituir una presunción favorable a la pretensión del actor y por ende, negativa acerca de la actuación administrativa” ( Sentencia de la Corte Primara de lo Contencioso Administrativo 2.125 del 14-08-2.001) y en el caso de autos al no presentarse dicho expediente administrativo, cobran las alegaciones del demandante una presunción a su favor; sólo que este tribunal, consciente de que no existe en esta materia aceptación de los hechos y que debe buscar la verdad con cualquier elemento que curse en el proceso debe concluir en su juicio. Así se decide. En atención a los conceptos emitidos en la citada sentencia que este Tribunal reproduce en esta decisión, considera que debe remitir copia certificada de esta decisión a la Contraloría del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas y Contraloría General del estado Monagas, para que conozcan sobre la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios responsables de ejercer la defensa del mencionado municipio en los juicio que cursan ante este Despacho Así se decide. IV De la consideración sobre otros vicios Dentro del principio de exhaustividad que rige la sentencia, debe considerarse el hecho de que el Juez, para que la sentencia sea congruente, debe examinar todas y cada una de las pretensiones y excepciones en las cuales se fijó la controversia. En el contencioso administrativo, esto es absolutamente aplicable, cuando se trata de confirmar el acto, debido a que el juez debe examinar cada una de las proposiciones por las cuales se ha atacado el acto y para conformarlo en su validez, proceder a desechar cada una de las mencionadas propuestas ( pretensiones y excepciones) Sin embargo, cuando del examen de uno de los vicios denunciados se concluye que en efecto, el acto impugnado pierde su validez por adolecer de tal vicio, es absoluto innecesario examinar los otros vicios que se denuncian, debido a que en el examen de alguno de ellos, se manifiesta la nulidad del acto administrativo. Concluido por este Juzgador que el acto administrativo impugnado, es nulo, por haber sido realizado por una autoridad manifiestamente incompetente y además ser una actuación de ejecución sin el dictado de un acto previo, así lo declara sin necesidad de entrar a examinar el resto de los vicios denunciados. Así se decide- DECISIÓN Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la demanda que por Nulidad de Acto Administrativo, tiene intentada la Ciudadana THAIS DE LOS ANGELES REYES, identificada, representada por el Abogado WILMER COVA, igualmente identificado, en contra de la actuación material contenida en la notificación” de fecha 15 de Enero de 2.005, suscrita por el ciudadano Julio Torres, Coordinador de Personal, mediante la cual se prescindió de los servicios de la recurrente en el cargo de Control de Recaudación adscrita a la Oficina de Tributo y Cobranza. NULA, la mencionada comunicación y el acto que pretende contener y ORDENA al Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas de la Republica Bolivariana de Venezuela, la reincorporación inmediata de la identificada recurrente a su puesto de trabajo o a uno de igual o superior jerarquía y remuneración, CONDENA al pago de los sueldos dejados de percibir desde la ilegal separación de su cargo hasta que sea definitivamente reincorporada y Se ORDENA remitir copia certificada de esta decisión a la Contraloría del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas y a la Contraloría General del Estado en conformidad con lo acordado en el Capítulo III, de esta decisión. Notifíquese de esta decisión Síndico Procurador Municipal del Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas en conformidad con el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Déjese transcurrir un día de despacho que falta del lapso para sentenciar. No hay Condenatoria en Costas. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.- Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. En Maturín a los Siete (07) días del mes de Junio del Año Dos Mil Seis (2.006). Año: 196º de la Independencia y 147º de la Federación. El Juez, Abg. Luis Enrique Simonpietri. El Secretario, Abg. Víctor E. Brito.. En esta misma fecha siendo las 11:30 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia Conste El Secretario.