REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY,
SANTA BÁRBARA Y EZEQUIEL ZAMORA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO MONAGAS
MATURÍN, 31 de Mayo del 2006
195° y 146°
Que las Partes en este juicio son:
Exp.2096
PARTE DEMANDANTE: AGENCIAS UNIDAS DE AUTOMÓVILES , C.A, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera instancia en lo Mercantil del Distrito Fede4ral, bajo el N° 78, Tomo 1-B, en fecha 07 de Febrero de 1.952, e inscrita por ante el Registro de Comerció, a cargo del Juzgado de Pr4imera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro, bajo el N° 12, Folio 9 al 14 Vto, Tomo I del año 1952; Con posteriores reformas, siendo la última la anotada por ante el antes citado Registro de Comercio, bajo el N° 84, Folios 162 al 164 y Vtos, del libro de Registro de Comercio habilitado de año 1.969, posteriormente reformada y anotada por ante citado Registro de comercio bajo el N° 147, Folio del 104 al 107, del Libro de Registro de comercio Tomo II habilitado del año 1.978, quién constituyó como Apoderado Judicial al Abogado Jorge Eliecer Hurtado Espinoza, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 19.216.-
PARTE DEMANDADA: LISBELY RODRÍGUEZ CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 9.299.369.-
ACCIÓN DEDUCIDA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE RESERVA DE DOMINIO
Por cuanto este Tribunal observa que en fecha 28 de Abril del 2.006 fue admitida la presente demanda y siendo que han transcurrido mas de un (01) mes, desde esa fecha hasta el día de hoy 31-05-2006, sin que la parte accionante cumpliera con las obligaciones que la ley de Arancel Judicial en su artículo 12 le impone para citar a la demandada; por todo lo antes expuesto esta Juzgadora para decretar la PERENCIÓN de la Instancia, se acoge al criterio establecido por el Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06/07/2004 en concordancia con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, previo el contenido de la siguiente consideración:
ÚNICA
En sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 06/07/2004, el Magistrado Carlos Oberto Vélez, establece: “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratitud constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…” (negrillas, cursivas y subrayado de la Sala).
Criterio éste que acoge esta sentenciadora, puesto que como lo estableció el magistrado en dicha sentencia estos recursos están destinado para una mejor eficiencia en el logro de las diligencias (citación) fuera de la sede del Tribunal siendo del único y exclusivo interés de la parte demandante, quién deberá, en el tiempo establecido, poner a la orden del Alguacil del mismo los medios y/o recursos necesarios para lograr dicha citación a los fines de la continuación del juicio, situación ésta que no fue realizada por la parte demandante en tiempo oportuno, tal como se evidencia en autos. En este mismo orden de ideas el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención. También se extingue la instancia: Ordinal 1°…Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandante…”. Así mismo el artículo 269 ejusdem establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Juez…” El fundamento de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios; por ello, el Juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia, ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Estima este Tribunal que, habiendo transcurrido más de un (01) mes sin que la parte accionante haya puesto efectivamente a la disposición del Alguacil los medios y/o recursos necesarios para lograr la citación de la demandada, es procedente Decretar la Perención breve de la Instancia. Y así se decide.-
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por haber transcurrido en el caso de autos, el lapso legal previsto para tales efectos. Y así se declara.
Publíquese, Regístrese, Déjese Copia Certificada.
Dado, firmado y sellado, en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín a los Treinta y uno (31) días del mes de Mayo del año Dos Mil Seis. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR
Abg. ODIELYS HERDE MARCANO
LA SECRETARIA
Abg. MARIA PATETE BRIZUELA
En esta misma fecha siendo las 3:00 P.M., se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.
LA SECRETARIA
Abg. MARIA PATETE BRIZUELA
OHM/MN/Liberarce.-
Exp. N° 2096
|
