REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. Maturín, ONCE (11) de AGOSTO de dos mil nueve (2009) 199º y 150º ASUNTO: NP11-L-2009-001226 PARTE ACTORA: HECTOR GÓMEZ, PEDRO CONTRERAS, JOHANNA LOBATÓN, JHONNY JIMENEZ Y ZULEY PEREZ, Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédulas de identidad N°. V- 12.677.261, 15.127.581, 15.127.434, 10.944.734 y 16.504.566 respectivamente. ABOGADOS ASISTENTES Y/O APODERADOS (AS) DE LA PARTE ACTORA: DELIMAR CHACÓN Y MAIRLIN PADILLA, en ejercicio, de este domicilio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los N° 100.176 y 100.115 PARTE DEMANDADA: SAMAN TECNOLOGÍA INTEGRAL EN PETRÓLEO, C.A. Visto el escrito libelar cursante en el expediente NP11-L-2009-001226 presentado por los ciudadanos HECTOR GÓMEZ, PEDRO CONTRERAS, JOHANNA LOBATÓN, JHONNY JIMENEZ Y ZULEY PEREZ, en fecha 07 de Agosto de dos mil nueve (2009), en contra de la empresa SAMAN TECNOLOGÍA INTEGRAL EN PETRÓLEO, C.A. a la cual, la parte actora solicita al Tribunal decrete Medida Preventiva específicamente que se comunique a la empresa PDVSA a los fines que se haga la retención de fianza laboral así mismo, solicita que se le comunique a a Inspectoria del Trabajo del estado Monagas a los fines que Se abstenga de emitir las Solvencias Laborales a la empresa. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en artículo 137, establece que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución podrá acordar a petición de parte las medidas cautelares que considere pertinente a objeto de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama. Exige el artículo in comento, que para que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acuerde una medida preventiva, a su juicio debe existir la presunción de buen derecho o el llamado fomus bonus iuris; no se requiere, en principio, en la ley Adjetiva Laboral existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, periculum in mora, no obstante a ello, la naturaleza de las medidas cautelares lleva de manera insita la exigencia del peligro de la mora, ya que la norma procesal, señala que el fin de la medida, tal como se indico anteriormente es evitar que se haga ilusoria la pretensión, por lo que es obligante para el Juez al momento de acordar o negar una medida preventiva verificar que se cumplan tales extremos. En el escrito de demanda el actor, no manifiesta cuales son los motivos de hecho o de derecho que lo llevan a tal aseveración, es decir, no indica por que la empresa no podría cumplir con una futura sentencia en su contra, en nuestra legislación no se presume la insolvencia del deudor ni la demora en los juicios es lo suficientemente capaz como para fundamentar, sin más, el dictado de una medida cautelar sino que, por el contrario, el elemento del peligro en la demora debe estar acreditado en los autos, a través de una comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretenda insolventarse o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; implica, además, la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme. No obstante, otro sector de la doctrina mantiene el criterio de que el peligro en la tardanza tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento; otra causa es, los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada, que si debe ser probado. (Henríquez, La Roche) De tal modo que, analizado como ha sido la procedencia de la medida, este Tribunal considera que en virtud de las pruebas presentadas no se demuestran el extremo fundamental de procedencia referente a la presunción grave del derecho que se reclama y el periculum in mora, como lo prescribe el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues la actora quien tenía la carga de traer a los autos elementos suficientes; no demostrando la existencia de circunstancias que evidencien la dilapidación u ocultamiento de los bienes del demandado. Es importante resaltar que los fundamentos y principios de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se inclinan a la solución de la litis a través de la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos, bien sea la mediación y conciliación, siendo la fase estelar, la Audiencia Preliminar, en la cual las partes exponen sus pretensiones y alegatos que consideran prudentes, y presentan las pruebas para su defensa, con la finalidad de llegar a un acuerdo mediado entre las partes. Es por ello, que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe ser extremadamente prudente para decretar medidas preventivas antes y durante la celebración de la Audiencia Preliminar, sin embargo, en caso de que el demandante requiera se dicten las mismas, deberá traer a los autos elementos suficientes que lleven a la convicción del Juez la existencia de circunstancias que evidencien la posibilidad de cese de actividades, insolvencia, estado de atraso o quiebra en caso de empresas, dilapidación u ocultamiento de los bienes del demandado (periculum in mora), así como la presunción grave del derecho que se reclama (fomus bunus iuris) circunstancias éstas que no concurren en el presente caso. DECISIÓN Visto lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas declara: que NIEGA DECRETAR la Medida preventiva solicitada. Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha ONCE (11) de AGOSTO de dos mil nueve. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. EL JUEZ, ABG. VICTOR ELIAS BRITO GARCIA LA SECRETARIA