TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE No. 44.932.-
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil “BANCO PROVIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANPRO)”, domiciliada en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, modificados sus estatutos Sociales y cambiada se denominación social conforme consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 03 de febrero de 2004, bajo el No. 65, Tomo 13-A-Pro.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogados en Ejercicio JESUS AUGUSTO SARCOS MANZANERO, PATRICIA SARCOS ROMERO, JESUS SARCOS ROMERO Y NOELI CAPO CUBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 3.512.559, V- 13.004.170, V- 15.559.618 y V- 10.447.029 respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 14.993, 84.347, 117.329 y 58.258 en el mismo orden, y domiciliados todos en esta ciudad y municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil TRANSPORTE VIDAL COMPAÑÍA ANONIMA (TRAVILCA), domiciliada en la Ciudad de Machiques de Perija del estado Zulia, inscrita por ante el registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 10 de Noviembre de 1995, bajo el No. 4, tomo 70-A, modificados sus estatutos según Acta inscrita en la misma Oficina de Registro el día 06 de Junio de 2001, bajo el No. 53, Tomo 29-A, e igualmente modificados sus Estatutos Sociales mediante documentos inscritos ante la Oficina de Registro el Primero (01) de Octubre de 2001, bajo el No. 33, tomo 49-A.-
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN.-
FECHA DE ENTRADA: Veintitrés (23) de Enero de 2007.

I
DE LA NARRATIVA
Ocurre el Abogado en Ejercicio JESUS SARCOS ROMERO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula De Identidad Nº V- 15.559.618, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 117.329 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo Estado Zulia, actuando como Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “BANCO PROVIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANPRO)”, anteriormente identificada, a demandar por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION a la Sociedad Mercantil TRANSPORTE VIDAL COMPAÑÍA ANONIMA (TRAVILCA), domiciliada en la Ciudad de Machiques de Perija del estado Zulia, inscrita por ante el registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 10 de Noviembre de 1995, bajo el No. 4, tomo 70-A, modificados sus estatutos según Acta inscrita en la misma Oficina de Registro el día 06 de Junio de 2001, bajo el No. 53, Tomo 29-A, e igualmente modificados sus Estatutos Sociales mediante documentos inscritos ante la Oficina de Registro el Primero (01) de Octubre de 2001, bajo el No. 33, tomo 49-A.-

Por auto de fecha veintitrés (23) de Enero 2007, este Tribunal admitió la demanda propuesta por cuanto la misma ha lugar en Derecho, ordenando Intimar a el ciudadano VIDAL SEGUNDO PRIETO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 7.934.299 y domiciliado en el Estado Zulia, en su carácter de Presidente, de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE VIDAL COMPAÑÍA ANONIMA (TRAVILCA), anteriormente identificada.-

En fecha veintiséis (26) de Abril de 2007, la Abogada en Ejercicio NOELI CAPO CUBA, solicitando al Tribunal comisione suficientemente al Juzgado de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Períja de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.-
En auto fecha treinta (30) de Abril de 2007, el tribunal provee de conformidad con lo solicitado en la anterior diligencia y ordeno librar recaudos de intimación y comisión.- en la misma fecha se libro comisión.-
Por auto de fecha ocho de junio de 2007, le dio entrada a la comisión emanada por este despacho en fecha treinta (30) de Abril de 2007, y en la misma fecha dejo constancia de haber hecho entrega a la alguacil del Juzgado de los Municipio Machiques de Perija y Rosario de Perija de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de los recaudos de intimación
En fecha siete (07) de Diciembre de 2007, la Alguacil Natural del Juzgado de los Municipio Machiques de Perija y Rosario de Perija de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, consigo los recaudos de intimación expresando no haber podido llevar acabo la misma.-
En fecha dieciocho (18) de febrero de 2008, por medio de diligencia la Abogada en Ejercicio NOELI CAPO CUBA, plenamente identificada, actuando es su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora, desiste del procedimiento intentado en el presente juicio.-
Por auto de fecha veintiuno (21) de febrero de 2008, el Tribunal se abstiene se homologar el anterior desistimiento.-
En fecha veinte de Julio de 2009, por medio de diligencia la Abogada en Ejercicio NOELI CAPO CUBA, plenamente identificada, actuando es su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora, solicita le sea devuelto el documento de préstamo consignado con el libelo de la demanda.-

II
MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para HERNANDO DEVIS ECHANDIA:
“La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...”. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.
La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte HUGO ALSINA, en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a analizar cada una de ellas.
1ª. La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
HUGO ALSINA, entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
C) Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”

2ª. La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. JAIME GUASP (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.

3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.
EXPUESTO COMO HA SIDO EL PRESUPUESTO FÁCTICO, AL CUAL LA NORMA VINCULA LA SANCIÓN DE LA PERENCIÓN, SOLO RESTA VERIFICAR SU ACAECIMIENTO EN EL CASO QUE NOS OCUPA:
Admitida la demanda en fecha veintitrés (23) de Enero de 2007 y analizadas las actas, se verifica que hasta la presente fecha no se ha practicado la Intimación de la parte demandada, asimismo desde la ultima actuación de fecha veinte (20) de Julio de 2009, hasta la presente fecha, la parte no ha realizado ningún tipo de acto para impulsar la Intimación en el presente proceso, por lo que de un simple cómputo matemático se observa que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, sin que el proceso se hubiese impulsado y sin que se haya perfeccionado la intimación de la parte querellada, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.

III
DISPOSITIVA
En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intento la Sociedad Mercantil “BANCO PROVIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANPRO)”, domiciliada en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, modificados sus estatutos Sociales y cambiada se denominación social conforme consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 03 de febrero de 2004, bajo el No. 65, Tomo 13-A-Pro, contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTE VIDAL COMPAÑÍA ANONIMA (TRAVILCA), domiciliada en la Ciudad de Machiques de Perija del estado Zulia, inscrita por ante el registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 10 de Noviembre de 1995, bajo el No. 4, tomo 70-A, modificados sus estatutos según Acta inscrita en la misma Oficina de Registro el día 06 de Junio de 2001, bajo el No. 53, Tomo 29-A, e igualmente modificados sus Estatutos Sociales mediante documentos inscritos ante la Oficina de Registro el Primero (01) de Octubre de 2001, bajo el No. 33, tomo 49-A, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN del proceso. De igual manera se ordena entregar por secretaria los documentos originales solicitados por la Abogada en Ejercicio NOELI CAPO CUBA, previa su certificación en actas, esto de conformidad con el Articulo 112 del Código de Procedimiento Civil.- ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Maracaibo a los seis (06) días del mes de Agosto del Dos Mil Nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA:

Abog. HELEN NAVA de URDANETA (MSc)
LA SECRETARIA ACC

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO
En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las nueve y cinco (09:05 a.m.) de la mañana, se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No 1375.-
LA SECRETARIA

HNdU/CaVi.-