República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Tribunal Octavo de Control San Francisco, 17 de Febrero de 2009. 198° y 149° CAUSA No. 8C-611-06 DECISIÓN No. 970-09 Vista la solicitud realizada por el Defensor Publico Trigésimo Séptimo de la Unidad de la Defensa Publica del Estado Zulia, el Abogado ROLANDO PRIETO, procediendo en su carácter de defensor del imputado FERNANDO ALFONSO MARTINEZ ROSADO, en la cual solicita el Cese de las Medidas impuestas a su defendido, este Juzgado Octavo de de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Zulia, antes de resolver sobre el particular hace las siguientes consideraciones: Se observa de la revisión de los libros llevados por este Juzgado de Control que en fecha veintiocho (28) de Julio de 2006, fue presentado el imputado FERNANDO ALFONSO MARTINEZ ROSADO, por ante este Juzgado de Control por la presunta comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES GRAVES, siéndole decretadas al mencionado ciudadano las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad al Artículo 256 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal. De igual modo se aprecia de la Revisión de los Libros de Presentaciones llevado por este Juzgado de control que el Imputado se encuentra cumpliendo bien y fielmente con las obligaciones impuestas en fecha 28-07-2006, registradas en el libro N° 08, pagina N° 237, y hasta la presente fecha han transcurrido DOS (2) AÑOS y SEIS (06) MESES y DIECINUEVE (19) DIAS, desde que fueron impuestas las Medidas Cautelares. Ahora bien de acotar que una vez individualizado la investigación penal, e imputado al presunto sujeto activo del delito, yace una series de derechos y garantías procesales para los imputados, dentro de las cuales se encuentran previstas en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y desarrolladas en los artículos 125 del Código Orgánico Procesal Penal; Por otro lado no podemos pasar desapercibido que precisamente el desarrollo de nuestra norma programática, se estableció en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer de manera expresa el limite temporal de las Medidas Cautelares dictadas a los imputados, tal y como lo prevé: “…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad de los delitos, las circunstancias y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Excepcionalmente, el Ministerio Publico o el Querellante podrá solicitar al Juez de Control, una prorroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentran próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser motivadas debidamente motivadas por el Fiscal o el Querellante. En este supuesto, el Juez de Control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prorroga, el principio de proporcionalidad…“ Asimismo, hasta la presente fecha ha transcurrido el lapso establecido, sin que la representación fiscal haya manifestado expresamente la convicción generada del cúmulo de actos investigativos contentivos de la causa penal. En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia en Decisión No. 601, de Fecha Veintidós (22) de Abril del Año 2005, con ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, estableció lo siguiente: “…no sólo el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal no prevé una audiencia para decidir acerca del decaimiento de la medida de coerción personal y su eventual sustitución por una medida cautelar menos gravosa, sino que además, la celebración de tal acto difiere el pronunciamiento que al respecto debe dictarse –como sucedió en el presente caso, en que la privación judicial preventiva de libertad cumplió dos años de vigencia el 25 de enero de 2004, y su sustitución sólo fue decretada el 21 de mayo de ese año, por los sucesivos diferimientos de la audiencia fijada por el presunto agraviante.- , retraso que afecta el derecho del procesado a una medida cautelar proporcional. Por lo tanto, a partir de la publicación de este fallo, queda modificado el criterio de esta Sala, de modo que cuando una medida de coerción personal, y en especial la de privación preventiva de libertad, exceda el límite de dos años, o la prórroga que excepcionalmente haya sido acordada, el juez penal debe pronunciarse sobre el decaimiento de la medida cautelar, sin realizar previamente una audiencia oral. Así se declara…”. De manera que en atención a lo expuesto queda claro para este Tribunal de Control garante de la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de lo establecido en los artículos 26 y 49 ordinales 2° y 8° de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el artículo 1º y 6º del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en derecho decretar EL CESE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, impuestas en fecha veintiocho (28) de Julio de 2006, en contra del imputado FERNANDO ALFONSO MARTINEZ ROSADO, por la presunta comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES GRAVES, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.- Por todos los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, impuestas al imputado FERNANDO ALFONSO MARTINEZ ROSADO, plenamente identificado en actas; en fecha veintiocho (28) de Julio de 2006, por la presunta comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES GRAVES, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, Publíquese la presente decisión y notifíquese a las partes.- LA JUEZ OCTAVO DE CONTROL DRA. YOLEYDA MONTILLA FEREIRA LA SECRETARIA ABOG. INGRID GERALDINO En la misma fecha se registró la presente Decisión bajo el N° 970-09, y se bajo el Oficio No. 659-09 al Departamento de Alguacilazgo. LA SECRETARIA ABOG. INGRID GERALDINO