REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
Maturín, DOCE (12) de Junio de dos mil nueve (2009)
199º y 150º
ASUNTO: NP11-L-2007-001592
PARTE ACTORA: NESTOR JOSE GUAIMARE, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V- 4.619.965
ABOGADOS ASISTENTES Y/O APODERADOS (AS) DE LA PARTE ACTORA: ADRIANA TRUJILLO, en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 96.890
PARTE DEMANDADA: PATHON SEGURIDAD C.A.
I DE LAS ACTUACIONES PROCESALES.
En fecha 28 de Noviembre de 2007 se recibió por ante este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, solicitud por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales por el ciudadano NESTOR JOSE GUAIMARE, venezolana, mayor de edad y portador de la C.I. Nro. 4.619.965, Procediéndose a su revisión conforme al Articulo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Ahora bien este Tribunal, admitió la presente demanda en fecha cuatro (04) de Diciembre de 2007, y se ordeno la notificación de la parte demandada de acuerdo a lo establecido en el articulo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 18 de enero de 2008 el alguacil de esta Coordinación laboral JORGE SABALA consignó ante el Instituto Postal Venezolano (IPOSTEL) los carteles de notificación librados a los fines que sean practicadas las notificaciones en la ciudad de Puerto Ordaz estado Bolívar, en fecha 15 de febrero de 2008 regreso la comisión con resultado negativo, en fecha 12 de Marzo de 2008, la parte actora solicita al tribunal la notificación del ciudadano Manuel Sifontes al cual es el gerente de la empresa, dicha solicitud fue negada por el Tribunal por cuanto no cumple con el requisito establecido en el articulo 126 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, por lo anteriormente planteado debe señalar este Tribunal que la última actuación procesal por la parte demandante fue tal solicitud.
II ARGUMENTACIÓN
De las actas procesales que conforman la presente causa se evidencia, que la última actuación procesal fue en fecha 12 de Marzo de 2008 existiendo una inactividad de la parte demandante hasta la presente fecha.
Así pues, esta inactividad referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, constituye una actitud negativa u omisiva de las partes, y en este caso concreto, de la parte actora, que debiendo impulsar el proceso no lo hizo, situación que configura lo que se ha denominado PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.
En nuestro Derecho, la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 06 de Junio del 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAZZ, considera que cuando las partes no impulsan el proceso ha ocurrido una pérdida del interés procesal y en especial del actor para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, interés éste que se hace impretermitible que subsiste en el curso del procedimiento. Pero señala la Sala que la pérdida de interés puede materializarse durante el proceso de tres manera, a saber: “… cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se le otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso…, mas adelante cuando “…decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre es el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 de Código de Procedimiento Civil…” y finalmente “… puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión …”, es por ello que la legislación procesal vigente señala entre los supuestos que dan procedencia a la perención la inactividad prolongada. Ello debe ser así pues “… el abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, pues que revela una actitud negligente que procura una prolongación indefinida de la controversia…”, lo cual constituye además “… una afrenta del sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el Archivo de esta Coordinación Laboral, pero que no avanza hacia su fin natural.”
Cumplidos los extremos de verificación de la perención, o sea, el aspecto objetivo referente a la inactividad, el factor subjetivo referido únicamente a las partes y no al juez, finalmente una condición temporal, ya que se logra aprehender de los autos, que a partir de la última actuación, es decir, el 12 de Marzo de 2008, ha transcurrido más de un (1) año sin darle impulso al presente proceso, es por lo que se hace forzoso para este Tribunal declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual señala que “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes” (…). Y así se decide.
Así, verificada la perención de pleno derecho (ope legis) tal pronunciamiento es de carácter declarativo, de modo que la declaratoria de perención no ataca la pretensión que originó el proceso extinguido, ni las decisiones dictadas en el presente procedimiento.
Finalmente, el verdadero espíritu y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso del proceso dependa de ellas, supuesto que se configura por lo explicado Supra, pues no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inacción le es imputable al juez. No obstante, el demandante podrá proponer la demanda de nuevo pasado un lapso de 90 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso.
SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional una vez quede firme el presente fallo.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de dos mil NUEVE (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO
ABG. VICTOR ELIAS BRITO GARCIA
LA SECRETARIA
|
