TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Exp. 37.597
Se inició el presente proceso por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN), instaurado por la ciudadana BEATRIZ ELENA BERROTERAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.253.605, representada por el abogado en ejercicio Alirio José García Chirino, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 68.661, y domiciliados en el Municipio del Estado Zulia, en contra del ciudadano EFRAIN JOSÉ CASAS LABARCA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.764.279, y del mismo domicilio.
La demanda fue admitida el día 26 de Septiembre de 2001, acordándose en el referido auto la intimación del ciudadano EFRAIN JOSÉ CASAS LABARCA, anteriormente identificado, para que compareciera ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación, a fin de que pagara a la parte demandante la cantidad de: A) Ciento Sesenta Millones de Bolívares (Bs. 160.000.000,00), por concepto de capital; B) la cantidad de Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis Bolívares (Bs. 2.755.556,00), por concepto de intereses de mora; C) la cantidad de Treinta y Dos Millones de Bolívares (Bs. 32.000.000,00), por concepto de Honorarios Profesionales; y D) la cantidad de Ocho Millones de Bolívares (Bs. 8.000.000,00), alcanzando la suma intimada de: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 202.705.556,00), dentro de las horas comprendidas para despachar.
En fecha 24 de abril de 2002, el apoderado judicial de la parte actora consigno copias para la elaboración de los recaudos.
En fecha 23 de octubre de 2001, se librarón los recaudos de intimación.
Posteriormente, el apoderado actor solicitó la Guardia y Custodia de la letra de cambio documento fundante de la acción. Lo cual fue acordado el 25 de Abril de 2002.
Finalmente el día 19 de septiembre de 2002, el apoderado actor solicitó copias certificadas mecanografiadas, siendo acordada el 20 de septiembre de 2002.
Es el caso, que hasta la presente fecha han transcurrido más de ocho (08) años, sin ningún acto de procedimiento de la parte actora capaz de impulsar la intimación del demandado en el proceso.
Ahora bien, éste Órgano Jurisdiccional observa que el procedimiento a realizar era el siguiente: librados los recaudos, la parte actora tenía que entregar al alguacil los emolumentos, y copias certificadas, para realizar la intimación.
Es el caso, que desde el día 23 de Octubre de 2001, es decir, desde que se libraron los recaudos de intimación, y hasta la presente fecha, de actas no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de tal obligación de la parte actora, pues ésta nunca gestionó la intimación, pues no ha existido la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsarlo, quedando por demás delatado su desinterés en el juicio, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por el transcurso del tiempo sin impulso de las partes.
La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, esto es, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los
efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido el año que dispone la ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador quien puede o no hacer uso de ella.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que
por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN), instauró la ciudadana BEATRIZ ELENA BERROTERAN contra el ciudadano EFRAIN JOSÉ CASAS LABARCA, todos ya identificados en la parte narrativa de este fallo.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines
previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintisiete (27) días del mes de Mayo del año Dos Mil Nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Juez, (fdo)

Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez

La Secretaria, (fdo)
Abog. Militza Hernández Cubillán.

En la misma fecha siendo las ______________________, se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ______ del Libro de Sentencias respectivo. La Secretaria, (fdo)
Abog. Militza Hernández Cubillán.
Quien suscribe la secretaria de este Juzgado Abog. Militza Hernández Cubillan, hace constar que la presente es copia fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el expediente Nro. 37.597. Lo certifico en Maracaibo, 27 de Mayo de 2009. La Secretaria, (fdo)
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