REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. Maturín, veintiuno (21) de Enero de dos mil diez (2010) 199º y 150º ASUNTO: NH11-X-2010-000008 PARTE ACTORA: MARIANGELA GUERRERO, MARÍA ALCALÁ Y YELITZA BONILLA, Venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédulas de identidad N°. V- 14.904.543, 15.017.111 y 11.201.088, respectivamente. ABOGADOS ASISTENTES Y/O APODERADOS (AS) DE LA PARTE ACTORA: REINALDO NARVAEZ SUBERO, en ejercicio de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 136.903 PARTE DEMANDADA: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DOSANCA C.A. Visto el escrito libelar cursante en el expediente NP11-L-2010-000074 presentado por las ciudadanas MARIANGELA GUERRERO, MARÍA ALCALÁ Y YELITZA BONILLA, en fecha DIECINUEVE (19) de ENERO de dos mil diez (2010), en contra de la empresa INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DOSANCA C.A. a la cual, la parte actora solicita al Tribunal decrete Medida Preventiva de Embargo sobre créditos que tiene la demandada en la empresas PDVSA PETROLEO S.A., CANTV Y MOVILNET. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en artículo 137, establece que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución podrá acordar a petición de parte las medidas cautelares que considere pertinente a objeto de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama. Exige el artículo in comento, que para que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acuerde una medida preventiva, a su juicio debe existir la presunción de buen derecho o el llamado fomus bonus iuris; no se requiere, en principio, en la ley Adjetiva Laboral existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, periculum in mora, no obstante a ello, la naturaleza de las medidas cautelares lleva de manera insita la exigencia del peligro de la mora, ya que la norma procesal, señala que el fin de la medida, tal como se indico anteriormente es evitar que se haga ilusoria la pretensión, por lo que es obligante para el Juez al momento de acordar o negar una medida preventiva verificar que se cumplan tales extremos. Señala el demandante que a los fines de que no quede ilusorio la ejecución del fallo, pide la medida preventiva, sin embargo los motivos de hecho o de derecho que lo llevan a tal aseveración no son suficientemente contundentes para acordar la medida cautelar, es decir, no indica por que la empresa no podría cumplir con una futura sentencia en su contra, al contrario señala que la empresa esta actualmente ejecutando “numerosas” obras en los estados CARABOBO, LARA, COJEDES, FALCON Y ARAGUA, lo que indica a este Tribunal que no existe riesgo que quede ilusorio el fallo, en nuestra legislación no se presume la insolvencia del deudor ni la demora en los juicios es lo suficientemente capaz como para fundamentar, sin más, el dictado de una medida cautelar sino que, por el contrario, el elemento del peligro en la demora debe estar acreditado en los autos, a través de una comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretenda insolventarse o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; implica, además, la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme. No obstante, otro sector de la doctrina mantiene el criterio de que el peligro en la tardanza tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento; otra causa es, los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada, que si debe ser probado. (Henríquez, La Roche) El actor promueve a los fines le sea acordada la medida, una constancia de que la empresa no se encuentra actualizada en el Registro Nacional de Contratistas, lo que da a entender a este Tribunal que la empresa debe realizar un tramite administrativo para buscar solventarse ante el mencionado Registro, por lo que esto, a criterio de este Tribunal no demuestra su insolvencia, por otra parte riela al folio treinta y siete (37) del expediente, una relación del cliente, hecho por el mismo Registro Nacional de Contratistas, mediante el cual se hace un análisis financiero de cierre y señala: 1) Empresa en proceso de descapitalización: NO, 2) Calificación estimada de la contratista: A, lo que podría evidenciar la solvencia económica de parte del ente antes mencionado, por otra parte el hecho que la empresa haya concluido sus actividades en un estado no demuestra su insolvencia, por lo que a criterio de este Tribunal no tiene ningún valor probatorio el contrato de arrendamiento promovido, de tal modo que, analizado como ha sido la procedencia de la medida, este Tribunal considera que en virtud de las pruebas presentadas no se demuestran el extremo fundamental de procedencia referente a la presunción grave del derecho que se reclama y el periculum in mora, como lo prescribe el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues la actora quien tenía la carga de traer a los autos elementos suficientes; no demostrando la existencia de circunstancias que evidencien la dilapidación u ocultamiento de los bienes del demandado. Es importante resaltar que los fundamentos y principios de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se inclinan a la solución de la litis a través de la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos, bien sea la mediación y conciliación, siendo la fase estelar, la Audiencia Preliminar, en la cual las partes exponen sus pretensiones y alegatos que consideran prudentes, y presentan las pruebas para su defensa, con la finalidad de llegar a un acuerdo mediado entre las partes. Es por ello, que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe ser extremadamente prudente para decretar medidas preventivas antes y durante la celebración de la Audiencia Preliminar, sin embargo, en caso de que el demandante requiera se dicten las mismas, deberá traer a los autos elementos suficientes que lleven a la convicción del Juez la existencia de circunstancias que evidencien la posibilidad de cese de actividades, insolvencia, estado de atraso o quiebra en caso de empresas, dilapidación u ocultamiento de los bienes del demandado (periculum in mora), así como la presunción grave del derecho que se reclama (fomus bunus iuris) circunstancias éstas que no concurren en el presente caso. DECISIÓN Visto lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas declara: que NIEGA DECRETAR la Medida preventiva solicitada. Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha veintiuno (21) de enero de dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. EL JUEZ, ABG. VICTOR ELIAS BRITO GARCIA LA SECRETARIA