República Bolivariana De Venezuela
Juzgado Tercero De Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas.-
Maturín, 27 de Octubre de 2.010.-
200° y 151°
EXP. N° 2349.-
Las partes, sus apoderados y la acción deducida.
1.- Las partes en este juicio son:
PARTE DEMANDANTE: JUAN MANUEL DEL RIÓ OBESO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.287.618 y de este domicilio.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: RAMÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 10.328; carácter este, el cual se evidencia de instrumento poder cursante en autos al folio veintisiete (27) del presente expediente.-
PARTE DEMANDADA: RAMÓN EMILIO ROJAS GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.654.520 y de este domicilio; Quien no constituyó apoderado Judicial.-
2.- La acción deducida es: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-
ANTECEDENTES
En fecha diecisiete (17) de Abril de 2.009, compareció por ante el Juzgado Segundo de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en funciones de Distribuidor, el ciudadano JUAN MANUEL DEL RIÓ OBESO, asistido por el abogado en ejercicio RAMÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ, e interpuso formalmente demanda con motivo de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO en contra del ciudadano RAMÓN EMILIO ROJAS GOMEZ, supra identificado, recayendo por distribución en este Juzgado en fecha 20 de Abril de 2.009.-
La presente demanda fue admitida en fecha 23 de Abril de 2.009, tal y como consta al folio veinticuatro (24) del presente expediente, en consecuencia, se ordenó la citación de la parte demandada, para que compareciera por ante este Tribunal al segundo (2do) día de Despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, a fin de que diera contestación a la demanda.-
Ahora bien, al revisar las actuaciones cursantes en el presente expediente se pudo constatar que el último acto procesal de parte se verificó en fecha 20 de Mayo de 2.009, y el último acto procesal del Tribunal fue en fecha 01 de Junio de 2.009; siendo ello así, evidentemente ha transcurrido en la presente causa más de un (1) año sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento, por ello, esta Juzgadora pasa a decretar la PERENCIÓN de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, previo el contenido de la siguiente consideración:
ÚNICA
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”. Y el artículo 269 eiusdem establece “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En los artículos transcritos se evidencia que para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes en el transcurso de un año; esta inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, constituyéndose en una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar lo actos de procedimiento, no los realizan. La jurisprudencia nacional, ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. El fundamento de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios; por ello, el Juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia, ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.-
Estima este Tribunal que, habiendo transcurrido más de Un (1) año desde la realización del último acto procesal de parte, el cual se verificó en fecha 20 de Mayo de 2.009, sin que las partes hayan realizado actuación alguna en el presente juicio, lapso previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es procedente la Perención de la Instancia. Y así se decide.-
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por haber transcurrido en el caso de autos, el lapso legal previsto para tales efectos, sin que conste la ejecución en ese período, de algún acto de procedimiento. Y así se declara.-
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada.-
Dado, firmado y sellado, en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año Dos Mil Diez. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
LA JUEZA TITULAR,
Abg. ODIELYS HERDE MARCANO.-
LA SECRETARIA,
En esta misma fecha siendo las 11:00 A.M., se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.-
LA SECRETARIA,
Abg. MARIA PATETE BRIZUELA.-
OHM/MPB/IndiraRamnarine.-
Exp. Nº 2349
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