REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL QUINTO DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas Maturín, 16 de Diciembre de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2006-003292 ASUNTO : NP01-P-2006-003292 Corresponde a este órgano dictar decisión en relación al escrito interpuesto por la acusada BERIFED COINTA PRADO, a quien se le sigue el presente asunto por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado en grado de Coautoria, previstos y sancionados en los artículos 458 en relación con el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JOSE LUGO, a través del cual solicita sea revisada a fondo su causa y la medida privativa que le fue impuesta y le sea otorgada una medida menos gravosa, de otro lado solicita que se autorice el traslado lo antes posible al Banco Guayana ubicado en la Av. Juncal con la finalidad de efectuar retiro efectivo de su cuenta de ahorro. Ha sido criterio reiterado de este órgano decisor que la duración o permanencia de la medida cautelar de la privación judicial preventiva de la libertad como figura del derecho procesal, necesariamente tendrá que estar supeditada a la subsistencia de las causas que le dieron origen. De tal manera, que para que tenga lugar la revocatoria o sustitución de dicha medida, debe necesariamente haber ocurrido un cambio o modificación parcial o talmente de las circunstancias que dieron origen a su decreto, por cuanto su imposición responde a una determinada situación factica innegable al momento de adoptarla, que se vería desvanecida en la medida que tales circunstancias hayan cesado o sufran transformaciones a lo largo del proceso de manera absoluta o parcialmente. De allí, que para considerar que ciertamente han variado las circunstancias que motivaron la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad, debe indiscutiblemente que tomarse en cuenta aquellos acontecimientos facticos razonablemente fundados que hagan permisible el declive de dicha medida o sustituirla por una menos gravosa; es decir, que la revisión de la misma debe ir obligatoriamente orientada a la comprobación de supuestos de hechos que indiquen fehacientemente que ya no es razonablemente necesaria mantenerla, verbi gratia la desaparición o ausencia del peligro de fuga. En el asunto subexámine, dicha ausencia no se refleja de las actuaciones que conforman el presente asunto, ni mucho menos del mencionado escrito; por lo tanto, sustituir o revocar la medida de privación judicial preventiva de la libertad que obra en contra del referido acusado, sin haber ocurrido ninguna variación de las circunstancias que la originaron, sería sin lugar a dudas confinar el carácter excepcional como medida cautelar para asegurar las finalidades del proceso. Así se decide. En ese mismo orden de ideas, es de importancia destacar, que las razones establecidas en la ley para que de carácter excepcional se decrete la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de la libertad, precisamente lo constituyen los supuestos previstos en los artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los cuales hallamos el peligro de fuga, riesgo éste constituido entre otros por la pena que pudiere llegarse a imponer según el hecho punible atribuido al imputado, que en el caso que nos ocupa permanece invariable, por lo tanto, es obvio que resulta forzoso mantener la vigencia de dicha medida como cautelar asegurativa de las resultas del procesos. Así se decide. En el asunto subjudice, el hecho punible de mayor entidad atribuido al acusado está representado por el delito de Robo Agravado, cuya pena a imponer oscila entre diez y diecisiete años de prisión, pena ésta que supera en con creces el límite a que se contrae el Parágrafo Primero del citado artículo 251; en consecuencia, es concluyente para este juzgador que, siendo obvia la vigencia de la presunción razonable del peligro de fuga, resulta menester el mantenimiento de la medida de coerción sub exámine, sin que ello signifique prejuzgar sobre la responsabilidad penal del acusado, la cual se determinará en el juicio correspondiente. Así de decide. En cuanto a la solicitud de traslado de la acusada a la Agencia del Banco Guayana se niega lo solicitado ya que para la fecha del Trece (13) de Diciembre de 2011 a las 8:30 de la mañana se autorizó ese Traslado y la acusada fue notificada de esa autorización en fecha 12 del mes y año que discurre. Y ASI SE DECIDE. DECISION Con fuerza en las motivaciones que anteceden, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: Improcedente la sustitución por vía de revisión de la medida de privación judicial preventiva de la libertad, que obra en contra de la acusada BERIFED COINTA PRADO. SEGUNDO: Se niega la solicitud de Traslado al Banco Guayana, ya que para la fecha del Trece (13) de Diciembre de 2011 a las 8:30 de la mañana se autorizó ese Traslado y la acusada fue notificada de esa autorización en fecha 12 del mes y año que discurre. Publíquese, notifíquese, líbrese la Boleta de Traslado a la acusada para el martes veinte (20) de 2011 a las 8:30 de la mañana. Déjese copia certificada. La Jueza, ABG. ANA FLORINDA ALEN GUATARAMA La Secretaria, ABG. RAIZA CAROLINA MEJIAS