REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, MATURIN, VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DEL AÑO 2.011

200º y 151º

EXP Nº 31.758

PARTES:

• DEMANDANTE: ALFONSINA ZAPATA FREITES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 14.508.955, respectivamente y de este domicilio.

• APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLOS BETHENCORT GONZALEZ, JOSE DE JESUS ORSINI JIMENEZ, ALEXANDER URDANETA, y MARIA SOLEDAD MARCANO venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 87.652, 108.594, 110.506, y 76.039 y de este domicilio.

• DEMANDADA: JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.399.510, y de este domicilio.

• DEFENSOR JUDICIAL: JESUS RODRIGUEZ ORDOSGOITTY, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.004.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


-I-

En fecha 04 de Marzo del año 2004, comparecen por ante el Tribunal Distribuidor Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial la Ciudadana ALFONSINA ZAPATA FREITES, plenamente identificado ut supra, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio ALEXANDER URDANETA LOPEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 110.506, e interpuso demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, que a continuación este Tribunal pasa a sintetizar:

“Consta en el documento privado, que mi persona celebro un contrato con la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, y que tiene por objeto sufragar los gastos ocasionados por el hijo de esta, el ciudadano ISAAC COLMENARES, conductor de mi vehiculo, propiedad de la ciudadana JOSEFA ANTONIA COLMENARES, Placas: 82CNA, el cual colisiono con vehiculo de mi propiedad; Marca: PEUGEOT, Color: ROJO, Modelo: 307, Placas: NBB37X; Año:2.008. el lugar donde se produjo el siniestro fue en la Avenida Rómulo Gallego, de esta Ciudad de Maturín, en fecha 05 de Diciembre de 2.008
Ahora bien es el caso que una vez se firmo el referido contrato privado, me dirigía a solicitar el presupuesto para la reparación de la pintura del vehiculo antes identificado, para que luego la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, cancelara los gastos del vehiculo, al momento de de cobrar la suma total de la factura de presupuesto la ciudadana se negó hacerlo, alegando que ella se había encargado de los gastos de su propio seguro y que no respondía por el daño ocasionado al vehiculo de mi propiedad, actitud esta contraria a lo pautado en el contrato privado donde se señalo el compromiso adquirido por esta persona, por el cual se comprometía a sufragar los gastos ocasionados por el choque, sin que hasta los actuales momentos, no obstante todas diligencias efectuada, de manera verbal informa que no tiene pensado hacerlo…

Por todo lo anteriormente expuesto procede a demandar formalmente a la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO…

Estimo el valor de la demanda en la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. F.5.554, 64)…”

La presente demanda es admitida en fecha 09 de Marzo del año 2.009, ordenándose en ese mismo auto, citar a la parte demandada a los fines de que compareciera ante este Tribunal a dar contestación a la presente demanda, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la práctica de su citación, ordenándose librar la compulsa junto con la orden de comparecencia, que fuera entregada al ciudadano Alguacil de este Tribunal a fin de que practicara la citación de la demandada.

Mediante diligencia de fecha 25 de Junio del año 2.009, el Alguacil de este Despacho, consignó la compulsa de citación que le fue entregada para citar a la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, el cual no encontró en la dirección señalada.

Por cuanto no se logro la citación de la demandada, el Apoderado Judicial de la demandante, Abogado ALEXANDER URDANETA, solicitó la citación por cartel de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, este Tribunal acordó en fecha 29 de Junio de 2.009 emplazar mediante carteles a la parte demandada.

Consecutivamente, mediante diligencia de fecha 14 de Julio de ese mismo año, el apoderado judicial de la parte demandante, consignó a los autos los ejemplares de los periódicos contentivos de los carteles de citación, siendo los mismos agregados por autos de fechas 15 de ese mismo mes y año respectivamente.

Mediante diligencia de fecha 25 de Mayo del 2.010, la Apoderada Judicial de la parte accionante MARIA SOLEDAD MARCANI, vencido como se encontraba el lapso de comparecencia sin que la demandada se presentase por si ni por medio de Apoderado, solicitó la designación de Defensor Judicial, a los fines de darle continuidad al proceso.


Por auto de fecha 26 de Mayo del 2.010, se nombró al Abogado JESUS RODRIGUEZ como Defensor Judicial de la parte demandada, acordándose en esa misma fecha la notificación del mismo, a los fines de que diera su aceptación al cargo.

A través de diligencia de fecha 02 de Junio del 2.010, el Alguacil titular de este Despacho, consignó Boleta de Notificación debidamente firmada por el Abogado JESUS RODRIGUEZ, aceptando éste el cargo en fecha 07 de ese mismo mes y año.

Vista la solicitud realizada por la Abogada en ejercicio MARIA SOLEDAD MARCANO, en fecha 18 de Junio del año 2.010, este Tribunal acordó citar al Defensor Judicial designado, consignando el Alguacil titular de este Despacho en fecha 29 de Junio de ese mismo año, Recibo de Citación debidamente firmado por el Abogado en ejercicio JESUS RODRIGUEZ, en su carácter de Defensor Judicial designado.

Estando en el lapso procesal para la contestación de la demanda, el Defensor Judicial en fecha 28 de Julio de 2.009 consignó en un (01) folio útil escrito de contestación, en el cual alegó como defensas de su representada, lo que textualmente se cita:

“…Rechazo, niego y contradigo que mi representada haya suscrito contrato privado con la ciudadana ALFONSINA ZAPATA FREITES, para sufragar gastos de reparación de un vehiculo Marca: PEUGEOT, Color: ROJO, Modelo: 307, Placas: NBB37X; Año: 2.008, que le haya ocasionado un vehiculo propiedad de mi representada signado con las placas: 82CNAL, como consecuencia de una colisión ocurrido el día 05-12-2.008 en la avenida Rómulo Gallegos de esta ciudad de Maturín ”.

Igualmente, prosiguió rechazando, negando y contradiciendo lo siguiente:

“…que se haya pactado en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA y CUATRO CENTIMOS (Bs .F 5.554,64)

Abierto el lapso probatorio, solo la parte demandante representada por su Apoderado Judicial, consignó escrito de pruebas el día 22 de Septiembre del 2.010, en el que promovió las siguientes:

• Meritos suficientes de las pruebas de autos.-

• Documentación acompañada al libelo de demanda, constituidos por: Documento Privado, contrato celebrado con la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET y que tiene como objeto sufragar los gastos ocasionados por el hijo de la ciudadana ISAAC COLMENARES, conductor del vehiculo propiedad de la ciudadana anteriormente identificada.
• Presupuesto de los gastos de la reparación de los daños ocasionados.-

Por auto de fecha 23 de Septiembre de 2.010, el Tribunal acordó agregar a los autos el escrito de pruebas promovidas por la parte demandante; y consecutivamente, el día 04 de Octubre del año 2.010, este Tribunal admitió dichas pruebas.

En el lapso legal para presentar informes, ninguna de las partes consignó escrito alguno, pasando este Tribunal a decir Vistos y reservándose el lapso legal para dictar sentencia.

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para dictar sentencia en el presente Juicio, este Tribunal lo hace en base a las siguientes consideraciones:


-II-

La novísima Constitución Nacional de 1.999, buscando logar en el proceso, un mayor contacto con la realidad, para estar en mejores condiciones de servir a la justicia, introdujo el principio de la Tutela Judicial Efectiva, por medio de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 26 y 257.

Es importante recalcar lo dispuesto en nuestra Constitución Bolivariana en sus artículos 2, 26 y 257:

Artículo 2.- “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Artículo 26.-“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles.”

Artículo 257.- “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público, no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.


En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende según criterio de nuestro Máximo Tribunal, el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante un decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

En un estado social de derecho y de justicia, donde se garantiza una justicia expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 precitado instaura.

Nuestra jurisprudencia patria ha dejado claramente establecido que nuestro ordenamiento constitucional propone que el proceso es un instrumento para realizar la justicia y por ello debemos asumir que lo jurídico es social y que lo social no deja de ser jurídico. En ese sentido, la finalidad última del proceso es la realización de mandatos jurídicos controvertidos en formas procesales establecidas en las leyes, para dar satisfacción a la demanda social, quedando por tanto el proceso subordinado a la justicia.

Desde esta óptica deviene una verdadera obligación del poder judicial de la búsqueda de los medios para pretender armonizar en el marco de un debido proceso, los distintos componentes que conforman la sociedad, a los fines de lograr un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en un determinado caso.

En este sentido el Tribunal entra a decidir el fondo de la demanda y al respecto observa:

El contrato es el instrumento por excelencia para que el hombre en sociedad pueda satisfacer sus necesidades. Constituye el acto jurídico de mayor aplicación hasta el punto de que sin su uso no se podría concebir la realización de la vida económica en las comunidades organizadas. Es por ello que el contrato es el acto jurídico de contenido más diverso.

Las circunstancias anotadas explican suficientemente el auge que en la vida moderna tiene el contrato innominado, única figura capaz de contener y abarcar la diversidad de composiciones voluntarias que caracterizan a la vida moderna.-

El contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones, quizás la que engendra mayor número de relaciones obligatorias. No hay duda de que es una figura desencadenante de derechos y deberes, de comportamientos y conductas.

El artículo 1.159 del Código Civil reza:

“Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.-

De igual manera el artículo 1.160 ejusdem, establece:

“Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley”


En este orden de ideas, conforme a los principios establecidos en el Código Civil, los contratos bilaterales se forman cuando se presta el consentimiento de las partes, manifestado por el concurso de la oferta y la aceptación, por lo que considera este Tribunal que en el contrato privado, se refleja el compromiso de sufragar los gastos ocasionados, sin necesidad de la manifestación de nuevos consentimientos. Así, el efecto normal, ordinario y típico de una obligación es originar su cumplimiento; entendiéndose por cumplimiento de una obligación la correcta materialización de su ejecución, como imperativamente impone el artículo 1.264 del Código Civil, que establece:

“Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas…”

En sintonía con lo anterior, tenemos que la norma rectora de la acción de resolución o cumplimiento de cualquier contrato, está prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, que es del tenor siguiente:

“En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.”


En este sentido, el Tribunal para entrar a decidir el fondo de la demanda observa, que en todo proceso se debe revisar los hechos alegados en autos con las pruebas consignadas por las partes, en este sentido hay que destacar que en el proceso civil las partes persiguen un fin determinado, que no es otro que la sentencia le sea favorable. Pero en el sistema dispositivo que lo rige, el Juez no puede llegar a la convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino que debe atenerse a lo alegado y probado en autos, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, en su artículo 12. De ahí que las partes tengan la obligación, desde el punto de vista de sus intereses, de no solo afirmar los hechos en que se fundan sus pretensiones, sino también probarlos para no correr el riesgo de que por no haber convencido al Juez de la verdad por ellas sostenidas, sus hechos alegados no sean tenidos como verdaderos en la sentencia y sufran el perjuicio de ser declarados perdedores. Esta necesidad de probar para vencer es lo que se llama la carga de la pruebas.

Este principio de la carga de la prueba, se encuentra expresamente consagrado no solo en el Código sustantivo general civil sino también en nuestro ordenamiento Jurídico Procesal Civil general, estableciendo lo siguiente:

Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, por su parte establece:

“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación...”


Ahora bien, una vez que las pruebas son incorporadas al proceso, dejan de pertenecer a la parte que la produjo y son adquiridas para el proceso. Cada parte puede aprovecharse de ellas. Entonces una vez evacuada la prueba de cada litigante, su resultado no pertenece ya a la parte que la promovió, sino al proceso mismo, por virtud del principio de adquisición procesal, y corresponde por tanto al Juez tenerlas en cuenta a fin de determinar la existencia del hecho a que se refieren, independientemente de cual de ellas haya sido la promovente de la prueba.

El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Los Jueces deben analizar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto a ellas”


Es por tal motivo que la ley impone al Juez el deber de sentenciar conforme a lo alegado y probado por las partes y le prohíbe actuar de oficio, a menos que la propia ley lo autorice, y le impide, también, sacar elementos de convicción fuera del proceso.

Así las cosas, corresponde a la parte demandante la prueba de los hechos alegados en su libelo de la demanda a los fines de que su acción pueda prosperar, razón por la cual el Tribunal hurga el material aportado por la parte demandante.

En lo que se refiere a la promoción del Merito Favorable de los autos la sala de Casación Social en Sentencia Nº 460 de Fecha 10 de Julio del año 2003, dejó sentado lo siguiente:

“… sobre el particular la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, no es un medio sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano, y el cual, el juez esta en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de partes, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración esta sala considera que es improcedente valorar tales alegaciones…” (Negritas de la Juez)

Criterio compartido por este sentenciador, en consecuencia, se considera improcedente valorar la defensa realizada por el Apoderado Judicial de la demandante referida al mérito favorable de los autos, por no considerarse un medio de prueba, sino una solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba. Y así se declara.

En cuanto a la prueba documental consignada por ésta sobre todo el documento privado que riela del folio 5, este Tribunal le da pleno valor probatorio; dicho documento no fue desconocido ni tachado durante el proceso, por lo cual se tiene como reconocido. Y así se establece.-

Asimismo, se evidencia de autos, que a pesar de que no se logró la citación personal de la demandada, se le dieron todas las garantías previstas en la Ley adjetiva y se le nombró Defensor Judicial para garantizar el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. Y así se decide.-
-III-


En virtud de todas las razones que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, conforme a los artículos 12, 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.167 del Código Civil y por todas las razones de hecho y de derecho, declara CON LUGAR la presente acción que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO fuera incoada por la ciudadana ALFONSINA ZAPATA FREITES contra la ciudadana JOSEFA ANTONIA CABELLO LEONET, previamente identificadas. En consecuencia: la parte perdidosa deberá cancelar la siguiente cantidad a la parte accionante:


• PRIMERO: La Suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA y CUATRO CENTIMOS (Bs. F 5.554,64), por concepto de daños sufridos al vehiculo plenamente identificado.-

• SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandada en un equivalente al 20% del monto estimado de la demanda, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLIQUESE, REGISTRESE, DIARÍCESE Y DÉJESE COPIA.-

Dada, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero del año dos mil Once. Año 200° de la Independencia y 152° de la Federación.-




DR. ARTURO LUCES TINEO
JUEZ SUPLENTE ESPECIAL

ABOG. RONILUZ MARIÑO
SECRETARIA TEMPORAL

En esta misma fecha, siendo las 03:30 a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.

Conste.

La Secretaria

Exp. 31.758
Yosellys