República Bolivariana De Venezuela Juzgado Segundo de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas. Maturín, Veintinueve (29) De Septiembre De Dos Mil Once. (2011) 201° y 152° A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas: DEMANDANTE: ROSA NOGUERIAS, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.814.274 y de este domicilio. ABOGADOS APODERADOS: JOSE ORSINI, SULIMA BEYLOINE, RAFAEL DOMINGUEZ, CARLOS MARTINEZ, MERCEDES RUIZ, CARLOS BETHENCORT, ANA CECILIA SILVA, ALEXANDER URDANETA LOPEZ Y JOSIE MULE, Abogados en ejercicio y de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 108.594; 30.067; 71.191; 57.926; 33.027; 87.652; 36.068; 110.506 y 127.215 DEMANDADO: MARTIN CARRY CABRERA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.010.622 y de este domicilio. ABOGADO APODERADO: EUMAR PATRICIA BARCENAS, abogado en ejercicio y de este domicilio, inscrita en el IPSA bajo el Nº 106.771 ASUNTO: Resolución de Contrato de Arrendamiento EXP. 14.875 UNICO Visto que desde la fecha 17 de marzo de 2010, inserta al folio 93, de la primera pieza de la presente causa, en la cual el ciudadano MARTIN CARRY CABRERA, asistido por la Abogada EUMAR PATRICIA BARCENAS, le otorga poder especial Apud Acta a la mencionada abogada; por lo que este sentenciador, de la revisión de las actas procesales, se observa que desde la fecha antes citada hasta la actualidad, ha transcurrido mas de Un (1) año sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento por parte del demandante para lograr la prosecución del proceso, por lo que este Juzgador para decretar la PERENCIÓN de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo hace previo al contenido de la siguiente consideración: Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”. Y el artículo 269 ejusdem establece “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En los artículos transcritos se evidencia que para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes en el transcurso de un año (01); esta inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, constituyéndose en una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar lo actos de procedimiento, no los realizan. La jurisprudencia nacional, ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. El fundamento de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios; por ello, el Juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia, ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su destino final, es decir la sentencia. Estima este Tribunal que, habiendo transcurrido más de Un (1) año desde la última actuación de procedimiento en el presente juicio, cuya fecha es 17 de marzo de 2010 a la fecha de la presente decisión, de conformidad con lo antes mencionados y transcritos artículos es procedente la Perención de la Instancia; y así se decide. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso legal previsto en la ley; y así se decide. Archívese el expediente.- EL JUEZ PROVISORIO Abg. CARLOS JOSE ROJAS MEDINA EL SECRETARIO ACCIDENTAL Abg. HORACIO GOMEZ Exp. 14.875 CJRM/hg/a