REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas Maturín, 31 de Enero de 2013 202° y 153° Vista la solicitud de suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa Impugnada, formulada por la empresa Promotora Pazo Real, C.A., representada legalmente por la abogada Mercedes Ruiz, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 33.027, mediante la cual interpone recurso de nulidad, ejercido en contra de la Certificación Nº 0294-2012, de fecha 10 de octubre de 2012, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Monagas y Delta Amacuro, este Tribunal conforme al procedimiento que rige en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo dispone lo siguiente: PRIMERO: En fecha 29 de enero de 2013, este Tribunal procedió admitir dicho recurso y estableció el procedimiento a seguir, en atención a lo dispuesto, en la decisión Nº 27 del 25 de mayo del 2011 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se atribuyó la competencia a los Juzgados Superiores del trabajo, para conocer de los asuntos como el presente. SEGUNDO: Se observa que la apoderada judicial de la empresa Promotora Paso Real, C.A., parte accionante, solicita con base a lo dispuesto en los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se decrete la suspensión de los efectos del acto recurrido, es decir Certificación 0294-2012 de fecha 10 de octubre de 2012, emanada del ciudadano César Omar Salazar, médico de INPSASEL. Alega que en razón de esta suspensión es indispensable para evitar que se haga nugatoria su solicitud y como consecuencia de ello, se le cause daños y perjuicios que resultaran irreparables o de difícil reparación, en el caso que se declare con lugar el recurso y se anule el acto recurrido. TERCERO: Ahora bien, la presente causa, se tramita de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 76 al 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual significa, que deben cumplirse las formalidades esenciales como las notificaciones correspondientes y los actos procesales subsiguientes, hasta el fallo definitivo, y, la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa de efectos particulares, es una medida típica del contencioso administrativo de nulidad y es por lo tanto una medida cautelar, ya que al ser acordada surte los efectos suspensivos del acto, mientras dure el juicio de nulidad. Ahora bien para su procedencia deben ser examinados los requisitos exigidos por la Ley como lo son: la presunción grave del derecho que se reclama (periculum in mora) y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus boni iuris) y el “periculum in danni”, referido al fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Bajo estos lineamientos, le corresponde a esta Juzgadora determinar si en el presente caso se cumplen dichos requisitos observando lo siguiente: El solicitante aduce que existe presunción grave del derecho que se reclama como lo es “Certificación Nº 0216-2012, de fecha 30 de enero de 2012 (sic)”, suscrito por el ciudadano César Omar Salazar, donde se establece la certificación de Accidente de Trabajo donde se le ocasionó al trabajador una Discapacidad Parcial Permanente, siendo el primer motivo de nulidad invocado la incompetencia del funcionario que dicta el acto recurrido, e igualmente se fundamenta en el hecho de haber sido dictado el acto violando el derecho a la defensa y el debido proceso de su representada. Así, debe entonces examinarse si en el presente caso se cumplen los supuestos mencionados que hagan procedente la medida cautelar innominada, es decir, si se verifican las condiciones para su procedencia. En este mismo orden de ideas la posibilidad en el Derecho o en su acepción latina “el fumus boni iuris”, condición esta que da a las medidas cautelares su característica de instrumentalidad, con lo cual determina que su emanación presuponga un cálculo preventivo de probabilidades acerca del cual podrá ser el contenido de la futura providencia principal, es decir, de que ésta tenga un determinado contenido concreto del que se anticipan los efectos previsibles. De esta característica de instrumentalidad surge el fumus boni iuris, esto es, la apariencia o credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida o bien la probable existencia de un derecho del cual se pide la tutela en el proceso principal. En cuanto al temor o daño de peligro, es lo que la doctrina ha denominado “peligro en la demora”, o en su acepción latina “periculum in mora”, el mismo podría definirse como la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito patrimonial o extramatrimonial, o de que una de las partes pudiera causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a las otras circunstancias provenientes de las partes con la lamentable consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto practico. Como último requisito, el “periculum in danni”, referido al fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, elemento adicional que los procesalistas lo han denominado así por representar el peligro de daño inminente y además dentro del proceso, elemento que configura una suerte de periculum in mora concreto y especifico. En el mismo orden, este Tribunal de Alzada observa que del análisis de los autos, el recurrente fundamenta su solicitud sobre la base de hechos que sanamente apreciados, conllevan a considerar que corresponden al fondo del asunto a decidir en la demanda de nulidad, no aportan elemento probatorio alguno que haga presumir al Juez sobre la existencia del peligro de daño eventual, con lo cual, se hace improcedente el decreto de la medida cautelar innominada por ausencia del tercer requisito exigido por la Ley para su conformidad y por lo tanto, resulta forzoso para esta Alzada, negar la Suspensión de los efectos solicitada. Así se decide. La Jueza Superior Temporal Abg. Yuiris Gómez Zabaleta La Secretaria Abg. Ysabel Bethermith ASUNTO PRINCIPAL: NP11-N-2013-000005.