TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 29 de Enero de Dos Mil Trece (2.013)
202° y 153°

De la lectura detallada, pormenorizada y minuciosa del libelo de demanda presentado por el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.059.262, abogado en ejercicio e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 62.982, actuando en su carácter de Presidente de la SOCIEDAD MERCANTIL LO MAXIMO CAR RENTA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el N° 30, Tomo A-71 , de fecha 18 de Agosto de 2.008, mediante la cual procede a interponer formal demanda de Contenido Patrimonial (Cobro de Bolívares), en contra del SERVICIO AUTONOMO DE AEROPUERTOS DEL ESTADO MONAGAS (SAADEMO), creado mediante Decreto N° G-290, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Monagas, en fecha 04 de junio de 1.996, y subsidiariamente a la GOBERNACION DEL ESTADO MONAGAS, por ser éste un instituto dependiente de la Gobernación, por los siguientes conceptos que a continuación se discriminan tal cual como aparecen en el libelo: daños y perjuicios y lucro cesante, por el cumplimiento de contrato, violaciones constitucionales materializadas, pérdida de la imagen corporativa, gastos, costas, costos y honorarios profesionales derivados del proceso de amparo, cantidad demandada Un Millón Doscientos Sesenta Mil Bolívares (Bs. 1.260.000,00), o su equivalente en Unidades Tributarias, Catorce Mil Unidades Tributarias (14.000,00 U.T).

Ahora bien, es de suma importancia acotar por esta Jueza Superior que de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente judicial, específicamente sobre el libelo de demanda y anexos efectuada por la Representación Judicial de la parte demandante Sociedad Mercantil Lo Máximo Renta Car, C.A, la cual procedió a consignar libelo de demanda, constante de treinta y seis (36) folios útiles, contentivos de los hechos y el derecho sobre los cuales basa su pretensión, agregando elementos doctrinarios y jurisprudenciales y artículos textuales, que según su criterio refuerzan su pedimento, así como ciento sesenta y dos (162) anexos, destacándose entre ellos, copias de gacetas oficiales, copias de decisiones de diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

En atención a lo anterior, se hace necesario indicar que doctrinariamente, se concibe el libelo de la demanda como la petición o escrito que inicia un proceso ejercitando una o varias acciones ante el tribunal o juzgado que se considere competente, el cual debe contener los elementos de hecho y de derecho sobre los cuales recaerá su pedimento. Establecido así, nada más indicado que partir del tríptico latino del contenido del libelo de la demanda: “Quis, quid, coram quo, a iure petatur et a quo, ordinem confectum quisque libellum habet” lo cual se traduce en “Quien soy, que pido, con que derecho y a quien pido” siendo estos los elementos ordinarios del libelo de demanda.

En conjunción a las anteriores consideraciones elementales, se deben cumplir los requisitos de forma y de fondo establecidos en las leyes adjetivas que rigen la materia bajo el estudio del jurisdicente; Ahora bien, el nuevo proceso judicial venezolano, impulsado por nuestro Máximo Tribunal de la República, en procura de agilizar los procesos y optimizar las funciones de los Tribunales, ha encausado los procesos sometidos a su conocimiento en principios esenciales como brevedad, gratuidad, inmediatez y celeridad, principios que están inspirados en la normativa constitucional que obliga al Estado a garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (Artículo 26 Constitución Nacional)”.

Ello así, observa esta Juzgadora que a los fines de dar cumplimiento con los preceptos constitucionales up supra señalados, las partes de igual modo deben necesariamente encaminar sus peticiones encuadradas en la misma concepción constitucional, en el caso traído a consideración a este Tribunal se observa que el hoy demandante, realizó una serie de extensas argumentaciones y consignaciones de jurisprudencias, que si bien es cierto pueden llegar a contribuir a dilucidar su pretensión, no es menos cierto que el Juez como conocedor del Derecho puede sólo con la verificación de la cita jurisprudencial, constatar los elementos solicitados, no siendo necesario por economía procesal hacer la consignación de las mismas o su trascripción textual, es por ello, que este Tribunal hace un llamado a la representación de la parte demandante Lo Máximo Renta Car, C.A, a los fines de que en próximas consignaciones proceda a realizar sus pedimentos de forma más precisa y lacónica.

Es por ello que, al verificarse que la Representación Judicial de la parte demandante, en su libelo de demanda poco sintetiza con relación a sus pedimentos y aunado a ello, señala hechos que en lugar de ahondar y precisar, se hace repetitivo, razón por la que se considera prudente y necesario, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en el Estado Delta Amacuro, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procede a dictar DESPACHO SANEADOR, ello a los fines de corregir y/o enmendar el libelo, sin redundar en aspectos señalados en el mismo que lo hacen repetitivo; en tal sentido, se le sugiere sintetizar, precisar y concretizar sus ideas, a fin de no hacer tan laboriosa y extensa la lectura, debido a que su libelo, presenta treinta (36) páginas, todo ello basado en el contenido del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece:

“Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra incurso en los supuestos previstos en el artículo anterior y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los tres días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, o cuando el escrito resulte ambiguo o confuso, concederá al demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado…” (Transcripción parcial del artículo, cursivas del Tribunal).

Asimismo, se hace necesario, destacar que la figura del despacho saneador está concebido como un instituto procesal para que el Juez pueda depurar o corregir la demanda, así como los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y los requisitos del derecho de acción, a los efectos de garantizar y permitir que el Juez pueda dictar una decisión conforme al derecho y la justicia, es decir, conforme a las adecuadas pretensiones de las partes y a la Ley. Así pues, esta figura constituye una institución procesal que opera de oficio a iniciativa del Juez cuando se decreta antes de la admisión de la demanda, con la finalidad de depurar el proceso.

En otro orden de ideas, con respecto a la institución del Despacho Saneador, nuestro Máximo Tribunal, se ha pronunciado en diversos fallos, entre ellos, sentencia Nº 0248, Expediente Nº 04-1322, de fecha 12/04/2005, de la Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, caso Hildemaro Vera Weeden contra Cervecería Polar, C.A que indica la naturaleza jurídica del Despacho Saneador en los siguientes términos: “En las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que constituyen un prominente foro jurídico, se ha tratado, reiteradamente, el instituto del despacho saneador, que tiene su antecedente en la audiencia preliminar del proceso austriaco y que fue adoptado por la legislación portuguesa, desde comienzos de 1990 e instaurado posteriormente en el derecho brasileño. En términos generales el despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.” (Subrayado y negrillas agregadas por este Sentenciador).

En consecuencia, se le conceden Tres (3) días de Despacho siguientes al presente auto, al demandante, a fin que realice lo ordenado, so pena de no hacerlo en el lapso indicado, se procederá a su inadmisión. Conste.-
La Jueza,

Marvelys Sevilla Silva
El Secretario,

José Andrés Fuentes

MSS/JAF/m.r.*.-
N° Asunto Principal: NP11-G-2013-000006