REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVILY MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS MATURIN, TREINTA ( 30) DE JULIO DEL AÑO 2.013 203° y 154° EXP N° 32.696 De la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se pudo constatar que en fecha 14 de Marzo de 2013, se agregó a los autos comisión conferida a los efectos de la practica de la citación de la parte demandada, en la cual se dejo constancia que no fue posible lograr la intimación personal; por lo que la parte demandante la solicitó por carteles y se librara comisión a los efectos de la fijación establecida en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y erróneamente en fecha 15 de Mayo de 2013, se ordenó librar nueva comisión remitiéndose nuevamente la compulsa para la practica de la intimación de la demandada, no dándosele fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé: “Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro..”(negrillas nuestras); siendo esto así, mal puede este Tribunal permitir que el presente asunto continuare su curso, ante la inminente violación del orden público y del derecho a la defensa y al debido proceso. En este sentido, precisa este Sentenciador acotar que el debido proceso es de gran trascendencia en nuestro sistema Jurídico y sin lugar a dudas es un formalismo esencial de Justicia, que permite la igualdad procesal y el Juez como el conductor y garante del mismo, debe velar que éste se cumpla, para que de ésta manera se mantenga, y no dejar a las partes en estado de Indefensión. El Proceso es de estricto orden público, es decir, que su cumplimiento es conducente para el ejercicio del derecho a la defensa y la protección de las reglas procésales establecidas en la Ley Adjetiva; y mucho más aún permite que se aplique el estado social de justicia y derecho de gran significado en la actual Constitución. En este orden de ideas, establece el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una…” Por su parte el artículo 206 ejusdem, establece en su primer aparte: “Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal…” A tal efecto, se debe entender que la reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal y no subsana desacierto de las partes sino vicios procesales que son de orden público; y por cuanto es de obligación de todos los Jueces de la República otorgarle a las partes el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que hagan valer sus derechos e intereses y a la tutela jurídica efectiva de los mismos, tal y como se encuentra contemplado en el artículo 26 de nuestra Constitución, igualmente se le debe garantizar a las partes el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ello constituye un instrumento fundamental para la realización de justicia, de conformidad con los artículos 49 y 257 de nuestra Carta Magna, es por lo que este Juzgado en un todo de acuerdo con las normas mencionadas, y luego de la revisión minuciosa del caso que nos ocupa, una vez verificado que no se ordenó la intimación por carteles, tal como lo prevé la norma en comento; y siendo dicho error de estricto orden público; a criterio de este Juzgador, y para no violar normas de orden público como lo es la institución del debido proceso, al derecho a la defensa que tiene las partes, al proceso mismo y al estado social de justicia al cual hemos hecho referencia, en este sentido, de conformidad con los artículos 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que este Juzgado ordena reponer la causa al estado de ordenar la intimación por carteles de la parte demandada y comisionar a un Juzgado de la jurisdicción de su domicilio, para que la Secretaria del Tribunal fije un ejemplar del cartel de citación que se libre en la puerta de la casa de habitación del intimado, o en la de su oficina o negocio, dejando sin efecto todas las actuaciones realizadas. Y así se decide. En base a los razonamientos antes expuestos, y de conformidad a las normas legales citadas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 12, 206, 310 y 650 del Código de Procedimiento Civil, y en total consonancia con los artículos 26, 49 y 257 de nuestra Carta Magna, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO DE ORDENAR LA INTIMACION POR CARTELES DE LA DEMANDADA, lo cual se proveerá por auto separado en esta misma fecha .- ABG. ARTURO JOSE LUCES TINEO EL JUEZ LA SECRETARIA TEMPORAL, ABOG. OLIVIA DIAZ GAMBOA Expediente N° 32.696 TULA