REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, 31 DEJULIO DE 2.013. 203º y 154º EXP: 32.850 Vista la anterior diligencia suscrita por el Abogado CARLOS JOSE CENTENO RINCONES, actuando con el carácter de Sindico Procurador Municipal del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas, mediante la cual solicita que en virtud de que ha sido nombrado y aceptado el cargo el defensor judicial, el procedimiento legal definitivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de la revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente este Tribunal observó: En fecha veinticinco (25) de Febrero del año 2013, se designo defensor judicial, cargo que recayó en la persona del abogado CESAR CABELLO GIL, quien fue notificado en fecha 16 de Abril de 2013, y posteriormente en fecha 17 de Abril de 2013, acepto el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente, tal como consta del folio 153 del expediente.- Ahora bien, el Defensor Judicial, una vez que acepto el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente, no compareció en el tercer día de Despacho siguientes a su aceptación y juramentación a contestar la solicitud de expropiación, ni consignar prueba alguna de haber intentado localizar a la parte expropiada, tal como lo preceptúa el artículo 28 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social; siendo así supone este Juzgador, que el defensor judicial no ejerció su función, en beneficio del demandado o expropiado, cual es, el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone sea oído en su oportunidad legal y es deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente o por medio de telegrama, a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el expropiante. En este mismo orden de ideas, entiende este Tribunal que dentro del marco de las garantías jurisdiccionales consagradas en nuestra Constitución, emerge el Derecho a la Defensa como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el Sistema Democrático dentro del que la seguridad jurídica adquiere valor preponderante, instituciones cuya vigencia autorizan la existencia de un proceso libre de formalismos inútiles y por tanto exento de reposiciones que no ofrezcan utilidad alguna, pero que a su vez admiten la procedencia de reposiciones siempre que se estime conculcada una forma sustancial imprescindible al proceso. En razón a lo que antecede, debe entonces señalarse, que no habiéndose logrado en el caso de marras, que el defensor judicial con quien se entenderían los trámites del juicio y que en razón a su naturaleza de auxiliar de justicia por mandato de Ley, se encontraba obligado a realizar una prudente, diligente y oportuna defensa la que asumió al aceptar el cargo para el cual fue juramentado, fin que no fue cumplido, al no constar en autos que hubiere hecho las diligencias necesarias para contactar a su defendido, con el propósito de procurar una mejor defensa, ya que como se evidencia de autos, no dejó constancia de haber remitido los telegramas al domicilio del demandado, ni mucho menos contestar la presente solicitud de expropiación. De tal suerte, que con la conducta del Defensor Judicial la condición de la demandada fue agravada en vez de mejorada, todo lo cual contraría al espíritu que el legislador imprimió a la figura del Defensor Judicial, pudiendo concluirse que el acto de designación de defensor no cumplió con su fin último, tal y como ha sido reiteradamente considerado por nuestro mas alto Tribunal de Justicia, resultando oportuno en esta oportunidad traer a colación la sentencia proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 0212 de fecha 07 de Abril del 2005, que al respecto estableció: “Los defensores judiciales actúan como funcionarios auxiliares de justicia, por tanto el incumplimiento de sus obligaciones en modo alguno puede afectar el núcleo fundamental del Derecho a la Defensa” (Negrillas y cursivas del Tribunal) Por lo que la falta e inobservancia de las obligaciones del defensor ad litem, en beneficio del expropiado, es el de defenderlo, que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem, no haya agotado los mecanismos para contactar a su representado o en todo caso dar contestación a la presente acción. El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (art. 226 del C.P.C.), que prevé el suministro de la litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc), a favor de los demandados. El artículo 225 ejusdem, establece que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor judicial, dará preferencia, en igualdad de circunstancias, a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y si quiere hacerla. Cuando el Legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural casada), lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución. A tal efecto, establece en su primer aparte, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil: “Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal” , y establece el artículo 207 ejusdem, “que la nulidad de los actos aislados del procedimiento no acarreará a de los demás anteriores, ni consecutivos, independientemente del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto irrito”, es por lo que este Juzgado en un todo de acuerdo con las normas mencionadas, REPONE LA CAUSA al estado de notificar nuevamente al Defensor judicial, a fin de que conteste la demanda y realice todos las gestiones necesarias para que cumpla a cabalidad con su cargo. Se insta al Alguacil del Tribunal a fin de que practique la notificación del ciudadano CESAR CABELLO GIL, en su carácter de Defensor Judicial designado.- DR. ARTURO JOSE LUCES TINEO JUEZ SUPLENTE ESPECIAL LA SECRETARIA TEMPORAL ABOG. OLIVIA DIAZ GAMBOA EXP/32.850 TULA