TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 19 de Junio de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2011-004942
ASUNTO : NP01-P-2011-004942
Corresponde decidir las solicitudes interpuestas por distintos Defensores, en primer orden la interpuesta por el Defensor Público Penal Décimo Cuarto FRANKLIN RIVERO, quien asiste y representa al acusado ALEXIS CANELON, mediante la cual solicita se revise la medida privativa de libertad que pesa sobre su representado de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal y en su lugar se le imponga una medida cautelar de las contenidas en el artículo 242 del precitado Código; en ese orden interpuso solicitud el abogado ANIBAL MARCANO CASANOVA, quien asiste y representa a los acusados DEIVIS JOSE DIAZ y OCTALIDE JOSE BARRETO, quien realiza el mismo petitum.

Corresponde a este órgano jurisdiccional decidir en relación a tales escritos, señalando que a tales acusados se le sigue la presente causa, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORIA y LESIONES PERSONALES INTENCIOANLES MENOS GRAVE, en perjuicio de ENRIQUE JOSE LEONET ACUÑA.
De la revisión de las actuaciones se observa que los hechos ocurrieron en fecha 30 de mayo de 2011, y a la fecha los referidos acusados, se encuentra privado preventivamente de su libertad, por haberle decretado el Juez de Control en la oportunidad correspondiente MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.

Ahora bien, tal como es cierto que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, relativo a la proporcionalidad de las medidas cautelares, hace referencia a un plazo de duración para el mantenimiento de estas, el cual no debe exceder de 2 años, no es menos cierto que dicho tiempo debe estimarse no solo por el transcurso inexorable de los días, sino que además deben valorarse circunstancias procesales ocurridas en el caso concreto, de conformidad con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que se trata de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORIA y LESIONES PERSONALES INTENCIOANLES MENOS GRAVE, presuntamente cometido por los acusados, cuya pena excede de 10 años, y considerando el daño social que implica la diversidad de los delitos imputados y a que la victima ciudadano ENRIQUE JOSE LEONET ACUÑA realizaba labores como TAXISTA, una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad no resultaría suficiente para asegurar las finalidades del proceso pues ello significaría una infracción al artículo 55 Constitucional, mas aun teniendo en cuenta que la celebración del Juicio Oral esta pautada para el día VIERNES 19 DE JULIO DE 2013, A LAS 11:00 HORAS DE LA MAÑANA.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 626, Expediente N° 05-1899, dictada en fecha 13 de Abril de 2007, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien dejó establecido lo siguiente:

“…El simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el supuesto del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad… El decaimiento de la privación de libertad transcurridos los dos años no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, el juez tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas…”. En este orden de ideas, surge la necesidad de establecer que en base a un evento delictuoso, trascendente y dañoso socialmente, el infractor vulnera normas de orden público, transgrede las reglas de la convivencia y por ende debe responder de sus actos frente a la comunidad, debiendo además, ser respetados los intereses de quien particularmente sufre los efectos del delito a quien se le ha denominado víctima, porque no solo comprende al agraviado sino a otras personas; por lo que dentro de los objetivos del Estado, es buscar que los responsables de los delitos sean castigados adecuadamente, que las víctimas sean atendidas, que reciban una apropiada asesoría jurídica, que los daños que sufrieron con motivo de la comisión del delito sean reparados. En este sentido, es importante, señalar al recurrente, que según criterio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Sentencia Nº 2249, de fecha 01/08/2005; se denota que cuando se evidencie que la concesión de la Libertad del Imputado amenace o coloque en riesgo la integridad de la Victima; no procederá el decaimiento automático de la Medida de Coerción personal; aun cuando se haya sobrepasado el lapso de los dos años establecidos en el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello versado en que los derechos consagrados a las victimas nacen por un mandato establecido en el articulo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las victimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, mandato éste desarrollado como garantía procesal también en el articulo 23 de nuestra Ley Penal Adjetiva, cuando prevé entre otras cosas: “La protección de las victimas y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal”. Por lo que se considera, que tal alegato lo hace la defensa sin tomar en consideración las circunstancias que motivaron la negativa del Decaimiento de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad a los acusados JOSÉ ANGEL LÓPEZ y ALONZO JOSÉ RODRÍGUEZ, fundamentando la solicitud en elementos que no desvirtúan tales circunstancias que dieron lugar a la decisión del Juzgado Segundo de Juicio, al tratarse del delito de Homicidio Intencional Simple, previsto y sancionado en el Artículo 405 del Código Penal en estrecha relación con el artículo 424 ibidem…”

Asimismo Sentencia N° 148, Expediente N° 07-0367, dictada en fecha 23 de Marzo del año 2008, con Ponencia de la Doctora Deyanira Nieves Bastidas, señaló:
“…No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio... De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social…”

De las decisiones citadas se desprende que el solo transcurso del tiempo establecido en el artículo 230 (anteriormente 244) del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, no es suficiente para la procedencia del decaimiento de la Medida Cautelar Judicial Preventiva de Libertad y no opera de forma inmediata, y este tiene la potestad de decretar o no cualquiera de las Medidas Cautelares Sustitutivas, por cuanto para ello se debe tomar en cuenta, el delito y el daño socialmente causado, y si el acusado violentó normas de orden público o las reglas de la convivencia, debiendo el Estado en este caso garantizar los intereses no sólo de quien particularmente sufre los efectos del delito, como lo es la víctima, sino de todas aquellas personas que puedan verse agraviadas, a los fines de salvaguardar los derechos de las víctimas lo cual es una obligación del Estado. Por todas las motivaciones que anteceden, lo ajustado a derecho es declara IMPROCEDENTE la solicitud de DECAIMIENTO DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, solicitada por los Defensores Franklin Rivero y Aníbal Casanova, quienes asisten y representan a los acusados ALEXIS JOSE CANELON y DEIVIS JOSE DIAZ y OCTALIDE JOSE BARRETO, decisión que se hace extensiva a los acusados EDGUARD ALAYS PINTO CASTRO, JOB MANUEL PARICA GONZALEZ y JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ. Y ASI SE DECLARA.-

Corresponde decidir el escrito interpuesto por la Defensora Pública Décima Penal Abg. ROSALBA VALDERREY, quien asiste y representa al acusado JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ, mediante el cual informa que su defendido se encuentra recluido en el Internado Judicial de Carúpano Estado Sucre, y solicita se libre la Boleta de Traslado a ese ente para la celebración del Juicio.
Este Tribunal a los fines de resolver observa:
Que la solicitante tiene a los autos la cualidad que ostenta y que efectivamente su defendido fue trasladado al Internado Judicial de Carúpano, mientras que los coacusados permanece en el Internado Judicial del Estado Monagas, lo cual incide negativamente en el buen desarrollo del proceso, ya que corresponde a este Tribunal realizar el Juzgamiento de tales acusados por ser el Juez Natural, en tal sentido al encontrarse el acusado JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ recluido en un sitio distinto a esta Jurisdicción, sin existir a los autos motivos justificados para la materialización de ese traslado a la mencionada entidad estadal, muy distante a la del Tribunal que le corresponde realizar el Juzgamiento, vulnera a todas luces la tutela judicial efectiva, en tal sentido se ordena de manera inmediata que el prenombrado acusado sea TRASLADADO del Internado Judicial de Carúpano e INGRESADO al Internado Judicial del Estado Monagas, con las seguridades del caso donde permanecerá a la orden de este Tribunal Quinto de Juicio. Líbrese los Oficios y Boletas correspondientes. ASI SE DECIDE.

Corresponde decidir el escrito interpuesto por la Defensora Pública Décima Penal Abg. ROSALBA VALDERREY, quien asiste y representa a los acusados EGDUAR ALAY PINTO y JOB PARICA, mediante el cual solicita CELERIDAD PROCESAL en el presente asunto penal.

En tal sentido, quien decide no entiende la pretensión de la Defensa al requerir a esta instancia mediante escrito, ya que se han cumplido los trámites establecidos en la Ley para la celebración de los actos como se demuestra en la causa, por lo que este Tribunal no ha incurrido en demorar de tramites para la citación y celebración de los actos, garantizando la buena marcha del proceso, instrumento fundamental para la realización de la justicia, como lo establece el artículo 257 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.

DECISIÓN.

En base a las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Estado Monagas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de DECAIMIENTO DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, solicitada por los Defensores Franklin Rivero y Aníbal Casanova, quienes asisten y representan a los acusados ALEXIS JOSE CANELON y DEIVIS JOSE DIAZ y OCTALIDE JOSE BARRETO, decisión que se hace extensiva a los acusados EDGUARD ALAYS PINTO CASTRO, JOB MANUEL PARICA GONZALEZ y JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ. SEGUNDO: Se ordena de manera inmediata que el acusado JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ sea TRASLADADO del Internado Judicial de Carúpano e INGRESADO al Internado Judicial del Estado Monagas, con las seguridades del caso donde permanecerá a la orden de este Tribunal Quinto de Juicio. Líbrese los Oficios y Boletas correspondientes. JHOSMAN FRANCISCO GONZALEZ. TERCERO: No haber incurrido en demorar de trámites para la citación y celebración de los actos, garantizando la buena marcha del proceso, instrumento fundamental para la realización de la justicia, como lo establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Déjese copia, notifíquese a las partes, líbrese Boleta de Traslado a los acusados a tales fines, para el día viernes 21 de Junio de 2013 a las 8:30 de la mañana.-
LA JUEZA

ABG. ANA FLORINDA ALEN GUATARAMA

LA SECRETARIA

ABG. LUISA VIRGINIA CABEZA