TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, 17 de Febrero de 2014
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-D-2013-000198
ASUNTO : VP02-R-2014-000024
DECISIÓN No. 030-14

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ.

Han subido a esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas del Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por la ABOG. MARIUEL GODOY CORONADO, Defensora Pública Décima Especializada para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, actuando en este acto con el carácter de Defensora del Joven Adulto (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 Y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en contra de la decisión de fecha 07 de enero de 2014, publicado el in extenso en la misma fecha, bajo resolución No. 015-14, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el Asunto Penal signado bajo el No. 1E-2701-13 // VP02-D-2013-000198 // VP02-R-2014-000024, mediante el cual declaró entre otros particulares: Se Acoge al pedimento del Ministerio Público y Niega la solicitud de la Defensa Privada y en consecuencia mantiene la sanción de Privación de Libertad, decretada en contra del Adolescente (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); de igual manera el Juzgado a quo ordenó su reingreso a la Entidad de Atención la Cañada I; finalmente se fijó revisión para el día Martes 25-03-2014, a las 09:45 a.m.
Recibida la causa en fecha 12 de Febrero de 2013, por esta Sala constituida por el Juez Presidente DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL, por la Juezas Profesionales DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA y DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ; siendo designado como ponente, según el Sistema de Distribución Iuris 2000, la Jueza Profesional DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, por lo cual este Tribunal Colegiado conforme a lo previsto en la resolución 2011-010, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, resuelve lo siguiente:

“…La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente en la Circunscripción Judicial del estado Zulia, además de las competencia que tiene asignadas, ejercerá, en segunda instancia, la competencia como Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en concordancia con la Resolución Nro. 007-2011, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual Resuelve: “…PRIMERO: Tramitar las apelaciones y/o recursos intentados por las partes en contra de decisiones dictadas por los Tribunales de Primera Instancia con competencia especial sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad al procedimiento preceptuado en dicha Ley y en concordancia con lo establecido en la resolución 2011-10 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a partir del día lunes veinticinco (25) de Abril del dos mil once (2011)…”

Es menester para esta Sala traer a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 205-03, dictada en fecha 27 de Mayo de 2003, referida a la doble instancia, donde se precisó:
“…En reciente jurisprudencia, esta Sala ha sentado que cuando se interpone el recurso de apelación está en la obligación de hacer la revisión previa del escrito formal y sin ir al fondo del asunto planteado, declarar si el mismo es admisible o no de conformidad con el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso de que lo admita, debe proceder al análisis de lo planteado y dictar una decisión mediante la cual se declare (según el criterio de los sentenciadores) con lugar o sin lugar las denuncias interpuestas por los recurrentes...”
“…El principio de la doble instancia, consagrado en el artículo 49°, ultimo aparte del inciso 1. de la Constitución de la República, según el cual toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir de todo fallo condenatorio, establece el derecho de sustentar el recurso de apelación, lo que le impone al recurrente, en aplicación de los requerimientos procesales, delimitar el problema jurídico para que el juez de segunda instancia conozca con exactitud sobre cual aspecto de la providencia recae la inconformidad del impugnante.
Dicho artículo, aunado con el artículo 257 ejusdem, delimita claramente una de las diferencias mas importantes entre el anterior sistema inquisitivo y el actual sistema acusatorio, por cuanto si bien el primero se caracterizaba por ser riguroso y de aplicación formal, el vigente se vislumbra a favor de los afectados con la providencia judicial en general y del condenado en particular. La oportunidad de escuchar al procesado, de cuya garantía se apoya, no puede ser soslayada por meras formalidades, sobretodo, cuando el apelante es el procesado no versado en disciplinas jurídicas.
La intención del legislador en establecer el principio de la doble instancia, no es la de consagrar un mecanismo automático de revisión o de consulta de las decisiones judiciales, sino por el contrario, se trata de la oportunidad procesal regulada de acudir, dentro de las reglas del debido proceso, ante otra autoridad judicial superior a la que toma la decisión en primera instancia, para someter todo o una parte de la actuación judicial con el fin de procurar la atención de las posiciones de las partes inconformes con la sentencia, o bien, para garantizar la efectividad de los derechos de las partes que disienten lo resuelto…” (Destacada de esta Sala).

Es por lo que esta Sala se declara COMPETENTE y entra a decidir sobre la admisibilidad o no del Recurso interpuesto.
I
DE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Evidencia esta Alzada, que el presente Recurso, se interpone como consecuencia de la decisión dictada en fecha 07 de enero de 2014, publicado el in extenso en la misma fecha, bajo resolución No. 015-14, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el Asunto Penal signado bajo el No. 1E-2701-13 // VP02-D-2013-000198 // VP02-R-2014-000024, y a tales efectos se hacen las siguientes consideraciones jurídicas:
Establece el Artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por mandato expreso del artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los requisitos de procedibilidad del Recurso Apelación, y a su tenor establece:
“Artículo 428. Causales de Inadmisibilidad. La Corte de Apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;
c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda”.

Ahora bien, al realizar una subsunción del caso sub judice en el contenido de la norma y jurisprudencia transcrita ut supra, el Juez y las Juezas integrantes de esta Alzada, dan cuenta que de las actas se evidencia:
a) En cuanto a la impugnabilidad subjetiva, el presente medio recursivo fue interpuesto por la ABOG. MARIUEL GODOY CORONADO, Defensora Pública Décima Especializada para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, actuando con el carácter de Defensora del Joven Adulto (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 Y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), tal y como se evidencia del Acta de fecha 07-01-2014, así como de la Decisión No. 015-14, de la misma fecha; inserta a los folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y cinco (55) del cuadernillo de apelación; por lo tanto se determina que quien acciona se encuentra legitimado, ello conforme lo establece el artículo 609 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, concatenado con el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.
b) En relación al lapso de interposición del Recurso, se observa que el fallo apelado fue dictado en fecha 07 de enero de 2014, siendo notificada la Defensa Pública, en la misma fecha, interponiendo el presente Recurso de Apelación de Auto el día 13 de Enero de 2014, por ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, así como también se observa de la certificación de días de despacho suscrita por la Secretaría del Juzgado a quo.
De lo cual, el y las integrantes de este Tribunal Colegiado, determinan que el apelante interpuso el presente medio recursivo, dentro del término legal, toda vez que, desde el dictamen de la decisión impugnada, hasta el día de la formalización del escrito recursivo transcurrieron cuatro (04) días hábiles por parte del Juzgado a quo, dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se encuentra fuera del supuesto de inadmisibilidad, previsto en el artículo 428, literal “b” del Código Orgánico Procesal Penal.
c) En lo que respecta a la decisión impugnada, convienen este y estas Jurisdicentes previamente que, a tenor de lo previsto en el artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el trámite, procedencia y efectos de los recursos, se realizará conforme lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal, esto es, que por remisión expresa de la ley especial que regula la materia penal juvenil, para la resolución en este caso, del presente recurso de apelación, debe atenderse a las disposiciones contenidas en el texto adjetivo penal.
En tal sentido, al remitirnos al mencionado cuerpo normativo, nos encontramos que el artículo 423, relativo al principio de impugnabilidad objetiva, prevé:
“Artículo 423. Impugnabilidad Objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

Al comentar dicha disposición legal, la doctrina ha dejado asentado que:
“Conforme a este principio no es posible recurrir por cualquier motivo o razón al real entender del apelante, ni tampoco impugnar las decisiones por cualquier clase de recursos. Sólo podrá recurrirse por el medio recursivo específico estatuido para el tipo de decisión que se pretende impugnar y por los motivos por los cuales la ley procesal penal autoriza para recurrir” (MORALES, Rodrigo. “Los Recursos Procesales”. Segunda Edición. San Cristóbal. Editorial Jurídica Santana. 2006. P: 196).

De lo anterior se colige, que cuando se recurra de los fallos judiciales, únicamente puede procederse a través del medio recursivo -revocación, apelación, casación y/o revisión-, previsto para cada tipo de decisión; además de ello, resulta necesario que el recurso se planteé, indicando fundadamente los motivos que la Ley autoriza para impugnar la decisión y que ésta igualmente sea recurrible, por así disponerlo la norma adjetiva penal.
En efecto, se precisa además que así como la Doctrina toca este aspecto referido a la Impugnabilidad Objetiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha estimado que en casos como el de autos y respecto al catálogo de decisiones recurribles, contenidos en el artículo 608 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que:
Ahora bien, observa la Sala que el artículo 608 de la Ley Orgánica Para La Protección del Niño, Niñas y del Adolescente establece:
“Sólo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado que:
a) No admitan la querella;
b) Desestimen totalmente la acusación;
c) Autoricen la prisión preventiva;
d) Pongan fin al juicio o impidan su continuación;
e) Decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta”.
Así pues, como se señaló la decisión impugnada sustituyó la medida de prisión preventiva por una menos gravosa, decisión que al no estar prevista en el catálogo de decisiones que pueden impugnarse a través del recurso de apelación, no era susceptible del ejercicio de este recurso, tal como lo señaló la Corte Superior del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Sección Adolescentes. (Sentencia N° 712, dictada en fecha 03.04.2006), (Subrayado nuestro).

Conforme a lo anterior, por encontrarnos en una Jurisdicción Especializada, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referido al recurso de apelación de autos, en el cual se indica taxativamente el elenco de decisiones de primer grado recurribles, y así tenemos que:
Artículo 608. “Sólo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado que:
a) no admitan la querella;
b) desestiman totalmente la acusación;
c) autoricen la prisión preventiva;
d) pongan fin al juicio o impiden su continuación;
e) decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta”. (Resaltado de la Sala).

De la norma transcrita ut supra, a juicio de esta Sala, se determina que en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, en cuanto a las decisiones de primer grado susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación de auto, se encuentran los fallos que no admitan una querella acusatoria; las decisiones que desestiman totalmente el escrito de acusación; así mismo las que autorizan la prisión preventiva del acusado, en el procedimiento ordinario, al finalizar la audiencia preliminar y en el procedimiento abreviado, al culminar la audiencia de presentación de imputado; también las que pongan fin al juicio o impidan la continuación del mismo y las que decidan alguna incidencia que se produzca en la fase de ejecución de las medidas, dirigidas a la modificación o sustitución de la sanción, que ha sido impuesta mediante una sentencia condenatoria.
Se establece entonces, que la Corte de Apelación admitirá y decidirá sobre el fondo de un medio recursivo de autos, si el mismo se encuentra jurídicamente sustentado sobre la base de las disposiciones antes señaladas, y que de manera taxativa prevé la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el caso sub judice, se evidencia, que la Jueza en funciones de Ejecución del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante decisión de fecha 07 de Enero de 2014, una vez recibido el asunto penal seguido en contra del adolescente JOHENDERY RAFAEL MORALES CASTILLO, decretó, entre cosas, lo siguiente: “PRIMERO: se ACOGE AL PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y NIEGA la solicitud de DEFENSA PRIVADA (sic) y en consecuencia MANTENER la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, prevista en el parágrafo Segundo, literal “a”, del artículo 628, de la ley orgánica para la protección de los Niños, niñas y Adolescentes, decretada originalmente al joven adulto (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 Y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), … (omissis), actualmente recluido en la entidad de Atención La Cañada I, para constatar un nuevo informe donde se verifique que se consolidan todos los aspectos señalados en el último informe; sancionado por la comisión como COAUTOR DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, en concordancia con los artículos 458 y 83 ejusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos ANGEL CUSTODIO MENDOZA RIATIGA, (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855). SEGUNDO: SE ORDENA el REINGRESO del joven adulto sancionado anteriormente identificado a la Entidad de Atención La Cañada I, comisionados (sic) para tal fin la Ambulancia de la Entidad de Atención La Cañada, a quienes se acuerda OFICIAR, participando de lo decidido, por otro lado se ordena oficiar al centro de Coordinación policial Domitila Flores del Cuerpo de policía del estado Zulia a los fines de requerir el traslado para la fecha indicada TERCERO: Se fija próxima revisión para el día MARTES VEINTICINCO (25) DE MARZO DE (2014), A LAS NUEVE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (09:45 A.M.), a los fines de revisar nuevamente la sanción de PRIVACIÓN DE LIBBERTAD… (omissis)...”
Se observa que la recurrente fundamenta su impugnación en contra de la decisión de fecha 07 de enero de 2014, de conformidad con el artículo 439 ordinal 5 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a: “Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código”.
Ahora bien, como se pudo verificar, la recurrente plantea su apelación fundamentándose en la causal prevista en el Código Orgánico Procesal Penal y, no en alguno de los supuestos recurribles estipulados en el catálogo previsto en la Ley Especial que rige esta materia, es decir, de las consagradas en el artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, transcrito anteriormente.
De manera que, en el caso de marras la apelante presentó su medio recursivo, sobre una decisión que resulta inimpugnable, pues se fundamenta en el artículo 439 ordinal 5 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la Juzgadora de Instancia, Declaró Sin Lugar la Sustitución de la Sanción de Privación de Libertad y en su defecto ratificó la Sanción de Privación; ahora bien, se hace evidente que esta materia de Niñez y Adolescencia señala los supuestos de apelación de decisiones de primer grado, no encontrándose en ninguna de ellas, la Apelada por la Defensa, pues si bien es cierto, el literal “e” del artículo 608 de la Ley Adolescencial, establece: “…(omissis)… Decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta”, no es menos cierto, que tal circunstancia no encuadra en el caso bajo estudio, por cuanto el Tribunal a quo acordó mantener la Sanción de Privación de Libertad, es decir no ordenó modificar ni mucho menos sustituir la sanción impuesta.
Por lo tanto, de conformidad con lo antes explanado, considera esta Alzada, que el Recurso de Apelación de autos, interpuesto por la ABOG. MARIUEL GODOY CORONADO, Defensora Pública Décima Especializada para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, actuando en este acto con el carácter de defensora del Joven Adulto (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 Y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en contra de la decisión dictada en fecha 07 de enero de 2014, publicado el in extenso en la misma fecha, bajo resolución No. 015-14, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; se encuentra incurso en el contenido del literal “c” del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 608 ejusdem y de la Sentencia de fecha 04 de julio de 2011, Exp. Nº 11-0627, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; lo que conduce a este Tribunal de Alzada a declararlo INADMISIBLE POR IRRECURRIBLE. ASÍ SE DECIDE.

II
DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Única de la Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: INADMISIBLE POR IRRECURRIBLE, el recurso de apelación incoado por la ABOG. MARIUEL GODOY CORONADO, Defensora Pública Décima Especializada para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, actuando en este acto con el carácter de defensora del Joven Adulto (SE OMITE NOMBRE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 65 Y 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en contra de la decisión dictada en fecha 07 de enero de 2014, publicado el in extenso en la misma fecha, bajo resolución No. 015-14, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud que el mismo, se encuentra incurso en el contenido del literal “c” del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 608 ejusdem y de la Sentencia de fecha 04 de julio de 2011, Exp. Nº 11-0627, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; al no nacerle el derecho a recurrir, por cuanto la decisión impugnada no se encuentra dentro del catalogo de decisiones recurribles previsto en la Ley.
Regístrese, diaricese, publíquese y déjese copia certificada en archivo.
EL JUEZ PRESIDENTE DE SALA,

DR. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL

LAS JUEZAS PROFESIONALES

DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ
(Ponente)
LA SECRETARIA,

ABOG. NIDIA MARIA BARBOZA MILLANO

En la misma fecha se registró bajo el No. 030-14 del Libro de decisiones interlocutorias llevada por esta Corte.
LA SECRETARIA,

ABOG. NIDIA MARIA BARBOZA MILLANO

JADV/naileth
ASUNTO: VP02-R-2014-000024.