TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 15 de Septiembre de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2012-006415
ASUNTO : NP01-P-2012-006415

Visto el escrito interpuesto por la Abg. Judith Hernandez Luna, Defensora Pública Penal Auxiliar Décima Sexta, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando en su carácter de Defensora de los ciudadanos WILERMI MOTA Y MILDRED MOTA, acusadas en el presente asunto, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en cantidades menores, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, mediante el cual solicita el decaimiento de la medida judicial de privación preventiva de libertad que pesa sobre sus representados, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentando su petitorio en el principio de proporcionalidad, manifiesta la defensa que en fecha 28 de julio del año 2012 les fue decretada medida judicial privativa de libertad, prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para el momento de los hechos, indica que para la presente fecha han transcurrido mas de dos años desde que fue impuesta tal medida de coerción personal, y siendo que no se ha realizado la audiencia de juicio oral y público, por causas ajenas a sus representadas, es por lo que solicita el decaimiento de la medida de prevención judicial privativa de libertad que les fue impuesta. Este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

De las actuaciones cursantes ante este tribunal se aprecia, que el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, en audiencia de presentación de fecha 31 de julio de 2012 decreto la medida de privación judicial preventiva de libertad a los ciudadanos Mildred Mota y Wilermi Mota y acordó seguir las reglas del procedimiento abreviado. Así mismo se observa que el juicio esta pautado para el Lunes 13/10/2014.

Ahora bien, es cierto que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la proporcionalidad de las medidas cautelares, hace referencia a un plazo de duración para el mantenimiento de estas, el cual no debe exceder de 2 años, pero no es menos cierto que dicho tiempo debe estimarse no solo por el transcurso inexorable de los días, sino que además debe valorarse circunstancias procesales ocurridas en el caso concreto, de conformidad con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que se trata de delitos graves, como lo es el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en cantidades menores, considerado incluso como delito de lesa humanidad por los daños que puede ocasionar tanta a la salud pública como a la estructuras de la economía del estado, presuntamente cometido por los acusados, cuya pena es su límite máximo es de 12 años, lo cual no excede en el tiempo que tienen los acusados con la medida cautelar privativa de libertad impuesta y una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad no resultaría suficiente para asegurar las finalidades del proceso pues ello significaría una infracción al artículo 55 Constitucional.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 626, Expediente N° 05-1899, dictada en fecha 13 de Abril de 2007, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien dejó establecido lo siguiente:

“…El simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el supuesto del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad… El decaimiento de la privación de libertad transcurridos los dos años no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, el juez tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas…”. En este orden de ideas, surge la necesidad de establecer que en base a un evento delictuoso, trascendente y dañoso socialmente, el infractor vulnera normas de orden público, transgrede las reglas de la convivencia y por ende debe responder de sus actos frente a la comunidad, debiendo además, ser respetados los intereses de quien particularmente sufre los efectos del delito a quien se le ha denominado víctima, porque no solo comprende al agraviado sino a otras personas; por lo que dentro de los objetivos del Estado, es buscar que los responsables de los delitos sean castigados adecuadamente, que las víctimas sean atendidas, que reciban una apropiada asesoría jurídica, que los daños que sufrieron con motivo de la comisión del delito sean reparados. En este sentido, es importante, señalar al recurrente, que según criterio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Sentencia Nº 2249, de fecha 01/08/2005; se denota que cuando se evidencie que la concesión de la Libertad del Imputado amenace o coloque en riesgo la integridad de la Victima; no procederá el decaimiento automático de la Medida de Coerción personal; aun cuando se haya sobrepasado el lapso de los dos años establecidos en el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello versado en que los derechos consagrados a las victimas nacen por un mandato establecido en el articulo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las victimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, mandato éste desarrollado como garantía procesal también en el articulo 23 de nuestra Ley Penal Adjetiva, cuando prevé entre otras cosas: “La protección de las victimas y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal”. Por lo que se considera, que tal alegato lo hace la defensa sin tomar en consideración las circunstancias que motivaron la negativa del Decaimiento de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad a los acusados JOSÉ ANGEL LÓPEZ y ALONZO JOSÉ RODRÍGUEZ, fundamentando la solicitud en elementos que no desvirtúan tales circunstancias que dieron lugar a la decisión del Juzgado Segundo de Juicio, al tratarse del delito de Homicidio Intencional Simple, previsto y sancionado en el Artículo 405 del Código Penal en estrecha relación con el artículo 424 ibidem…”

Asimismo Sentencia N° 148, Expediente N° 07-0367, dictada en fecha 23 de Marzo del año 2008, con Ponencia de la Doctora Deyanira Nieves Bastidas, señaló:

“…No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio... De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social…”

De las decisiones citadas se desprende que el solo transcurso del tiempo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, no es suficiente para la procedencia del decaimiento de la Medida Cautelar Judicial Preventiva de Libertad y no opera de forma inmediata, y el Juez tiene la potestad de decretar o no cualquiera de las Medidas Cautelares Sustitutivas, por cuanto para ello se debe tomar en cuenta, el delito y el daño socialmente causado, y si el acusado violento normas de orden público o las reglas de la convivencia, debiendo el Estado en este caso garantizar los intereses no solo de quien particularmente sufre los efectos del delito, como lo es la víctima, sino de todas aquellas personas que puedan verse agraviadas, a los fines de salvaguardar los derechos de las víctimas lo cual es una obligación del Estado.

Así las cosas, considera este Tribunal Segundo de Juicio, que lo procedente y ajustado a derecho es ratificar la decisión de fecha 04/09/2014, es decir, Negar El Decaimiento De La Medida Solicitada, teniendo en cuenta que no han variado las circunstancias que dieron origen a que se decretara la imposición de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. Y ASI SE DECLARA.-

DECISIÓN.

En base a las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Estado Monagas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de decaimiento de la medida de Privación judicial preventiva de la libertad solicitada por la Defensa de los ciudadanos Wilermi Mota, titular de la cédula de identidad número 17.250057 y Mildred Mota, titular de la cédula de identidad número 26.521.020.

SEGUNDO: Se mantiene la medida de privación judicial privativa de libertad que pesa sobre los acusados de autos.
Realícense todas las diligencias tendientes a que el presente Juicio oral y público pueda iniciarse en la fecha pautada (13/10/2014). (Traslados –Citaciones)

Regístrese la presente decisión, déjese copia, notifíquese a las partes, trasládese al impóngase a los acusados de la decisión.-
La Juez,

Abg. Doris María Marcano Guzmán
El Secretario,

Abg. Kedin Calderón