TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL

Maracaibo, 10 de Septiembre de 2014.-
204° y 155°

ACTA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO

CAUSA: 7C-30510-14 Decisión: 1353-14

En el día de hoy, Miércoles Diez (10) de Septiembre del año Dos mil Catorce (2014), siendo la Una y Treinta (01:30 p.m.) minutos de la tarde, se constituyó este Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Zulia, presidido por la Juez ABG. PATRICIA NAVA QUINTERO y actuando como secretario el ABOG. DIEGO RIERA LUQUEZ, a los fines de llevar a efecto el acto de Audiencia Oral de Individualización de imputados, en razón de la presentación en el día de hoy, por parte de las Fiscales Auxiliares adscritas a la Sala de Flagrancia de la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, ABOG. MIRTHA LUGO Y ABG. RUTH MARY LEÓN, quienes presentan por ante este Tribunal de Control al ciudadano JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ. Seguidamente, se le interroga al ciudadano imputado JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, acerca de si cuenta o no con un abogado de confianza que lo asista en este acto, informándole igualmente que en caso de no contar con recursos, este tribunal le designará un defensor público a lo que manifestó: “NO POSEO, por lo que se procedió a realizar llamada telefónica a la unidad de defensoria publica, a los fines de solicitar un defensor que los asista, recayendo en el defensor publico ABOG. AMERICO PALMAR, N° 30, quien estando presente manifestó: “acepto el nombramiento recaído en mi persona, es todo”. Seguidamente el tribunal otorga un tiempo prudencial al imputado y su defensa a objeto de imponerse del contenido íntegro de las actuaciones de investigación. Posteriormente se le concede la palabra al representante del Ministerio Público.-

DE LA EXPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Seguidamente, se le concede la palabra a las representantes de La Fiscalia de Flagrancia del Ministerio Público de La Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quienes a los efectos expone: “En este acto, ABOGADAS MIRTHA COROMOTO LUGO GONZÁLEZ Y RUT MARY LEÓN CÁCERES, actuando con el carácter de Fiscales Auxiliares Interinas de la Sala de Flagrancia adscritas a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Zulia con sede en Maracaibo, y en uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 44 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 numeral 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, artículos 111 ordinales 08, 11 y 13, y artículos 354 y 356 último aparte del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6078 Extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012, estando de guardia, ante usted acudimos para presentar y dejar a disposición de este tribunal al ciudadano JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V.- 23.761.314, quien fue aprehendidos por funcionarios adscritos al Comando Zona N° 11, Destacamento Nº 112, Primera Compañía, de la Guardia Nacional Bolivariana, en fecha 09SEPTIEMBRE2014, SIENDO LAS 06:00 HORAS DE LA MAÑANA, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desprenden del acta policial suscrita por los funcionarios actuantes en las cuales se evidencia que, encontrándose instalados en un punto de control fijo, frente a la estación de servicios Nueva Lucha, kilometro 26, vía troncal del Caribe, lugar en el cual lograron observar un vehículo MARCA: FORD, MODELO: F-350, COLOR ROJO, TIPO ESTACAS, CLASE CAMION, PLACAS: A02AT0D, SERIAL DE CARROCERIA: AJF37S15053, USO CARGA, por lo que proceden a indicarle a su conductor se estacionara a la orilla de la carretera, identificando a su conductor, el aprehendido de autos, a dicho ciudadano se le indico que seria objeto de una revisión al vehículo de conformidad con lo establecido en el articulo 193 del Código Orgánico Procesal Penal, en dicho vehículo se localizar en la parte trasera del asiento, diferentes equipajes, tipo bolsa de material sintético de color marrón, dentro del cual se encontraba ALIMENTOS PRODUTOS DE LA CESTA BASICA, DISCRIMINADOS ENTRE HARTINA, PAN, AZUCAR, UNIDADES DE ARROZ, NESTUM, CREMA DE ARROZ, MAYONESA, SALSA DE TOMATE, PASTA DENTAL, RICACHICHA, LAVA, PLATOS, CAJAS DE JUGO, de la misma forma continuando con la inspección realizada al dicho vehículo se encontró TRES (03) ENVASES PLASTICOS, CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE PRESUNTO COMBUSTIBLE DEL TIPO GASOLINA, PARA UN TOTAL DE DOCE (12) LITROS DE GASOLINA, evidencias estas debidamente descritas en el Acta de Cadena de Custodia inserta en las actas procesales, a dicho ciudadano se les solicito la guía de transporte de los mencionados alimentos; por lo que en virtud a que el referido ciudadano se encontraban incurso en unos delitos tipificado en la Ley Orgánica de Precios Justos; procedieron a la detención preventiva del mismo, basados en el Código Orgánico Procesal Penal, leyéndole los derechos que lo asisten como imputado, según lo estipulado en el artículo 49 la constitución de la República Bolivariana y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, notificando de lo realizado al Ministerio Publico, razón por la cual, y de acuerdos a los elementos de convicción recabados, se evidencia la comisión de un hecho punible de acción pública, como lo son los delitos que a continuación imputamos formalmente de conformidad con lo establecido en el NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, por cuanto consideramos que la conducta asumida por el ya mencionados ciudadanos se subsume indefectiblemente en el delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 Ordinal 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando; cometidos en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO, siendo esta una calificación provisional que en el devenir de la investigación puede ser modificada; motivo por el cual solicito sea decretada en contra de los ciudadanos MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 236, 237 Y 238 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, por cuanto estamos ante un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal para perseguirlo no está evidentemente prescrita, así como existe una presunción razonable de PELIGRO DE FUGA Y OBSTACULIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, existiendo fundados y serios elementos de convicción en las actuaciones policiales que acompaño al presente acto de presentación de los identificados Imputados para estimar que es autor o participe en la comisión de los aludidos delitos imputados formalmente en el presente acto. Igualmente, solicitamos decrete una medida Cautelar Innominada de Aseguramiento sobre el vehiculo: MARCA: FORD, MODELO: F-350, COLOR ROJO, TIPO ESTACAS, CLASE CAMION, PLACAS: A02AT0D, SERIAL DE CARROCERIA: AJF37S15053, USO CARGA, de conformidad a lo establecido en el articulo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 585 y el primer parágrafo del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil y sea remitido a un estacionamiento judicial, hasta que el Ministerio Publico dicte el acto conclusivo respectivo. Finalmente solicitamos que se DECRETE LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA y como quiera que el Ministerio Publico necesita tiempo para realizar una investigación exhaustiva, dada la complejidad de la causa, solicitamos que ordene el tramite del presente asunto conforme al PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en los Artículos 262, 234, 373 del Código Orgánico Procesal Penal y nos sea expedida copia simple del pronunciamiento que a tal efecto recaiga acerca de lo solicitado por el Ministerio Público, es todo”.

DE LA IMPOSICIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS AL IMPUTADO DE AUTOS
Escuchada como ha sido la exposición del Ministerio Público, la Ciudadana Juez, se dirige al imputado de actas, en presencia de su defensa y de la representación de la vindicta pública, a fin de explicarles en palabras sencillas el motivo de su detención, así como a imponerlos de sus derechos y garantías, establecidas en el artículo 49.5° de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, así como de los establecidos en los artículos 126 , 127, 132, 133 y 134 del Código Orgánico Procesal Penal, y de informarles en apego a lo previsto en el artículo 44° ordinal 1° de la constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela de la razón por la cual se encuentra privado de libertad. Seguidamente, el Tribunal pasa a identificar al imputado de autos con el objeto de que el mismo indique todos sus datos filiatorios, procediendo a identificarlo, quien dijo ser y llamarse como queda escrito: “ JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 23.761.314, nacido en fecha 25-01-1994, estado civil Soltero, residenciado en: Sector Cojoro, calle principal, casa s/n, diagonal al comando de la Guardia Nacional de Cojoro, Muicipio Guajira, Estado Zulia, quien posee las características fisonómicas siguientes: Contextura: Delgado, Estatura: 1.68 cm; Peso: 180 Kg, Tipo de Cejas: Escasas; Color de cabello: Castaño; Color de Piel: Morena; Color de Ojos: Negros; tipo de nariz: Normal; Tipo de Boca: Fina. Se deja constancia de que el ciudadano imputado no presenta cicatrices ni tatuajes. Quien en presencia de su Defensor expone: “Respecto A lo que dice en actas, yo no soy el dueño de esa mercancía, los dueños de la mercancía son cuatro personas que iban conmigo, en el camión, cuando el guardia nos paro, exigió la facturas de la mercancía, que iba en tres bolsas, cuando mi mama les iba a dar la factura, el solicito al conductor del vehículo que era yo, y me dijo que fuera con el al comando de la guardia, para realizarle la experticia al camión, y de hay me envió al calabozo, y después me llamo para sacarme unas fotos con la mercancía, y me dijo que estaba detenido por contrabando de alimentos, y nuevamente le repite que eso no era mío, que yo solamente era el conductor del camión, los dueños de la mercancía eran las personas que lo estaban reclamando afuera del comando, la señora cira, el señor Luis Urdaneta, carolina atencio y Cristian paz, y también me dijeron que era responsable de tres pimpinas de gasolina que supuestamente estaban dentro del camión, y les dije a los funcionarios que eso no era mío, que no tenía conocimiento de eso, por que ese camión es mío y yo en ningún momento había montado esa gasolina, teniendo en cuenta como estaba la situación hoy en día, es todo”.-

LA EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA
Seguidamente, se le concede el derecho de palabra al profesional del derecho ABG. AMERICO PALMAR, en su carácter de defensor de confianza del ciudadano imputado, quien expone: “Revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa, esta defensa observa la flagrante violación a la libertad personal de mi defendido el ciudadano JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, contemplada en el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que se observa que la actuación de los funcionarios actuantes en el procedimiento donde el cuarto pelotón de nueva lucha, es decir, dicho comando se encuentra en el Municipio Mara, y no en la frontera entre Colombia y Venezuela, para presumir que mi defendido se encuentra incurso en el delito de extracción, asimismo, observa esta defensa que los productos que le fueron decomisado a mi defendido no son productos que se encuentren prohibido a la venta del público, por lo que el mismo, no se encuentra incurso en delito alguno, ya que existen varias comunidades en la zona de mara y la guajira, que requieren de los productos de primera necesidad y los no regulados, ya que en el municipio guajira no se cuenta con supermercados o distribuidores de alimentos donde los mismos puedan comprar dichos productos, es por ello que esta defensa ante tal situación solicita a este tribunal una medida menos gravosa y de fácil cumplimiento, de las contempladas en el artículo 242 del COPP, a los fines de que se investigue y se aclaren los hechos imputados en contra de mi defendido, atendiendo así a los principios de presunción de inocencia afirmación de libertad y estado de libertad consagrados en los artículos 230, 8, 9 y 229 todos del código orgánico procesal penal, tomándose en cuenta que en el presente caso no se evidencia el peligro de fuga a pesar de la pena que establece el delito que le es atribuido, en virtud de que mi defendido tiene arraigo en el país determinado por su asiento familiar y su domicilio claramente establecido. Asimismo, con relación con la solicitud de incautación del vehículo hecho por el ministerio publico esta defensa solicita que el mismo sea enviado a un estacionamiento de la ciudad hasta tanto resulte una sentencia definitiva, Asimismo solicitamos copia simple de la presente causa. Es todo”

DE LA MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:
Escuchadas como han sido todas y cada una de las intervenciones de las partes y luego de haber analizado minuciosamente todas y cada una de las actuaciones insertas a la presente investigación, se observa que la detención del imputado ut supra indicado, se produjo bajo una presunción objetiva motivada sobre la base de que los mismos se encontraban a los efectos de la flagrancia prevista en el artículo 234 del Código Orgánico procesal Penal, por encontrarse ante la presencia de evidencias de interés Criminalistico, por lo que han sido presentados dentro de las 48 horas establecidas en el artículo 44.1 de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela y bajo una de las excepciones establecidas en dicha norma constitucional. Y ASÍ SE DECIDE.

Por otra parte, estudiadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente investigación, observa este juzgador que nos encontramos en presencia de un hecho punible, enjuiciable de oficio, que merece pena corporal, sin encontrarse evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, como lo es el delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 Ordinal 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando; cometidos en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO, las cuales se concatenan además con los siguientes elementos de convicción: ACTA POLICIAL, de fecha 09-09-2014, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, en la cual deja constancia el modo, tiempo y lugar el cual ocurrieron los hechos que motivaron la aprehensión del hoy imputado; ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS, suscrita por funcionarios actuantes, debidamente firmada por el ciudadano imputado; ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA, FIJACIÓNES FOTOGRÁFICAS, ACTA DE ENTREVISTA, ACAT DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO, RESEÑAS FOTOGRÁFICAS, CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE MERCANCIA, CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE VEHÍCULO, REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS, a través de la cual se deja constancia de las evidencias de incautadas en el presente procedimiento, EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO DE VEHÍCULOS.

Por otra parte, es oportuno además, indicar que de los eventos extraídos de las distintas actas de investigación, se desprende que estos se subsumen indefectiblemente en los tipos penales imputados por la vindicta pública, evidenciándose así la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos utilizados como precalificación delictiva por el Ministerio Público, circunstancia a la que atiende este Tribunal única y exclusivamente para determinar el cumplimiento del principio de legalidad material previsto en el artículo 49.6 de la Carta Magna, lo cual así se verifica, con fines de establecer lo acertado o no de la medida requerida por la representante fiscal, estableciéndose así que el presente proceso, se encuentra apegado a derecho, no evidenciándose la existencia de violación a norma constitucional alguna, toda vez que el procedimiento está perfectamente justificado en la existencia de precedentes criminales que necesariamente deben ser investigados a fondo a objeto de sufragar la correcta investigación que debe llevarse al observar la existencia de presunciones delictuales objetivas.

Bajo tales presupuestos, luego de que de las actas de investigación fluyen suficientes elementos que demuestran la preexistencia de un hecho delictivo de naturaleza penal ordinaria; así como plurales y fundados elementos de convicción para estimar la participación del imputado en el hecho que se le atribuye, siendo que tales elementos además, generan una situación de peligro con respecto a la obligación que tiene el Estado, de investigar todo hecho delictivo y de castigar, a aquellos cuya responsabilidad penal se encuentre demostrada, previo procedimiento legal, que aporte todas y cada una de las garantías procesales constitucionales del debido proceso, y que además sea amparado por el derecho a ser presumido inocente, hasta la existencia de una sentencia condenatoria que desvirtúe dicha presunción, lo cual indudablemente, generaría impunidad de no procederse oportunamente.
En tal sentido, es necesario acotar, que el Juez de Control, en la fase preparatoria o de investigación, tiene como misión, determinar la procedencia o no de las medidas de coerción personal y cautelares que sean aplicables, a objeto de garantizar las resultas definitivas de los diversos procesos penales que ante si sean tramitados; otorgar el auxilio judicial en aquellos casos donde sea procedente y previo requerimiento de la parte interesada, conocer de la acción de amparo sobre la violación a la garantía de libertad personal e individual (habeas corpus) y resolver las excepciones que en esta fase sean planteadas a objeto de velar por la integridad del proceso de investigación, siendo que además, en la labor de la determinación de la procedencia o no de las medidas cautelares inherentes a la protección de bienes o inherente a la aplicación de medidas de coerción personal, el juez debe velar en primer lugar por el cumplimiento de los requisitos de procedencia material y procesal contenidos en los artículos 236 del Código Orgánico Procesal Penal y 585 del Código de Procedimiento Civil, relativos a las exigencias del fumus delictis o fumus bonis iuris según sea el caso y el periculum in mora, requisitos que en definitiva al estar colmados hacen ineludible la aplicación por parte del juez de control de las medidas a que haya lugar, asimismo, al velar por el requisito de legalidad material, se cumple con uno de los presupuestos establecidos en el artículo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al artículo 236, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la necesidad de existencia para procesamiento penal de un sujeto, de un hecho catalogado como delito, cuya acción penal esté vigente y cuya promulgación además sea previa a la existencia misma del hecho, y se declara sin lugar la solicitud de incautación del video, por cuanto eso corresponde a la fiscalía de investigación.

Asimismo, en relación al fumus delictis, o lo que es lo mismo “la existencia de un compendio de elementos que objetivamente arrojan una probabilidad de que la persona imputada, sea responsable del delito que se les atribuye (Alberto Arteaga. La Privación de Libertad en el Proceso Penal Venezolano) exigido en el artículo 236, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es oportuno señalar, que al ser dichos elementos presuntivos de comisión delictual, los mismos bajo ningún concepto trastocan el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano, por lo que el juez de control en su función garantista y celadora de la incolumidad de la Carta Magna, al ser un juez de garantías más no de mérito, se encuentra imposibilitado de hacer análisis de fondo de aquellos elementos que le son presentados, menos aún, análisis comparativos entre esos elementos, debiendo darle el valor de elemento presuntivo de convicción si así lo tienen, de forma individual, ya que lo contrario involucraría una clara intervención de la competencia funcional del juez de juicio y por ende, una violación a ese principio de presunción de inocencia, más aún cuando nos encontramos, como en el presente caso, en una fase insipiente de investigación que apenas se inicia y la cual tiene por objeto y alcance, conforme a lo previsto en los artículos 262 y 263 del texto adjetivo penal, la práctica de las diligencias dirigidas a determinar si existen o no razones suficientes para proceder a interponer contra un sujeto activo de un delito.

En consecuencia a criterio de este Juzgador lo procedente en derecho es decretar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 236, en concordancia con el artículo 237, numerales 2 y 3 y 238 del texto adjetivo penal, en contra del ciudadano: JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, por considerar al mismo como presunto autor o participe en la comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 Ordinal 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando; cometidos en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO. En este orden de ideas, se declara CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público y SIN LUGAR lo solicitado por la defensa técnica por las consideraciones antes descritas. Se ordena proveer las copias solicitadas.

Cabe destacar que, en relación a la solicitud de imposición de MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DEL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA: FORD, MODELO: F-350, COLOR ROJO, TIPO ESTACAS, CLASE CAMION, PLACAS: A02AT0D, SERIAL DE CARROCERIA: AJF37S15053, USO CARGA, la misma se declara con lugar.-

Igualmente es procedente en el presente caso la orientación de la investigación por el procedimiento ordinario establecido en el libro segundo, del procedimiento ordinario, título i, fase preparatoria, Capítulo I, Normas Generales del texto adjetivo penal. Y ASÍ SE DECIDE.----

DISPOSITIVA
En razón de las consideraciones expuestas este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECIDE:

PRIMERO:
Se declara LA APREHENSIÓN de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, estando así dentro de uno de los supuestos establecidos en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO:
DECRETA MEDIDAS DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano: JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 23.761.314, nacido en fecha 25-01-1994, estado civil Soltero, residenciado en: Sector Cojoro, calle principal, casa s/n, diagonal al comando de la Guardia Nacional de Cojoro, Muicipio Guajira, Estado Zulia, por considerar al mismo como presunto autor o participe en la comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 Ordinal 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando; cometidos en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO, declarándose con lugar la solicitud del Ministerio Público y sin lugar la solicitud de las defensas.

TERCERO:
Cabe destacar que, en relación a la solicitud de imposición de MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DEL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA: FORD, MODELO: F-350, COLOR ROJO, TIPO ESTACAS, CLASE CAMION, PLACAS: A02AT0D, SERIAL DE CARROCERIA: AJF37S15053, USO CARGA, la misma se declara con lugar.-

CUARTO:
A los fines de que el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, continúe con la investigación de los hechos que dieron origen de la presente causa se acuerda la tramitación del asunto por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con los artículos 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena oficiar al Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, a los fines de notificarle lo aquí acordado. Se ordena oficiar al centro de arrestos y detenciones preventivas “El Marite”. Asimismo, se acuerda remitir las actuaciones el Ministerio Publico, una vez trascurrido los lapsos de ley y a los fines procesales consiguientes. Estando presentes las partes quedan notificadas de la decisión dictada en este acto. Termina el acto siendo las (02:30 pm) de la tarde. Terminó el presente acto. Terminó, se leyó y conformes firman.-
LA JUEZA SÉPTIMO DE CONTROL,

DRA. PATRICIA NAVA QUINTERO

FISCALES DE FLAGRANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ABOG. MIRTHA LUGO
ABOG. RUT MARY LEÓN

EL DEFENSOR PÚBLICO N° 30

ABG. AMERCIO PALMAR

EL IMPUTADO

JOSE DOMINGO URDANETA GONZALEZ

EL SECRETARIO,

ABOG. DIEGO RIERA LUQUEZ

PNQ/yb*
Causa No. 7C-30510-14