TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
205° y 156°
Exp. N° 33.639
DEMANDANTE: ROSA ELENA RODRIGUEZ ALFONZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.338.190, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: YURI POLICARPO CORREA MARTINEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 114.293, de este domicilio.
DEMANDADO: RAFAEL ERNESTO VILLARROEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.619.713, de este domicilio.
MOTIVO: DESALOJO.
De la revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, el Tribunal observó lo siguientes:
Que en fecha 19 de mayo del 2.015, se admite la demanda, de desalojo, intentado por la ciudadana ROSA ELENA RODRIGUEZ ALFONZO, CONTRA RAFAEL ERNESTO VILLARROEL.
En fecha 04 de mayo del 2.015, cursa diligencia del alguacil de este Tribunal donde le informa este Juzgado que no pudo localizar a la parte demandada folio 44.
Seguidamente en fecha 09 de junio del 2.015, este Juzgado acuerda librar el cartel de citación del ciudadano RAFAEL ERNESTO VILLARROEL, supra identificado, por medio de los diarios La Prensa de Monagas y El Periódico de Monagas, folio 50.
Posteriormente en fecha 11 de junio del 2.015, la parte demandante consigna los periodicos debidamente publicado los cuales cursa a los folios 53 al 56 e igualmente la secretaria de este Juzgado da cumplimiento al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, consta en el folio 60.
Consecutivamente en fecha 29 de septiembre del 2.015, se designa defensor judicial al profesional del derecho ciudadano ALEXANDER CORTEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.731, consta en autos que en fecha 08 de octubre del 2.015, el Alguacil de este Juzgado Consigna boleta de notificación donde el ciudadano ALEXANDER CORTEZ, donde firma la boleta de notificación, cursa al folio 63 del presente expediente; en fecha 19 de octubre del 2.015, se acuerda la citación del defensor judicial ciudadano ALEXANDER CORTEZ, supra identificado, en fecha 04 de noviembre del 2.015, el ciudadano alguacil Reinaldo Javier Sánchez, consigna diligencia donde el ciudadano ALEXANDER CORTEZ, firma la citación el lapso de contestación de la demanda el defensor judicial no procedió a dar contestación a la demanda.

El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el articulo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia ( la cual admite excepciones).
La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza CIVIL, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
Esta última clase de defensoría ( ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado o intimado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obre incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.
2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.
Debido a ese doble fin, el defensor no obre como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa Pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el articulo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente ( a menos que la ley así lo ordene) como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante –quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen.

Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que se oído en su oportunidad legal. De allí, que el defensor ad litem debe de consignar ante el Tribunal los medios de pruebas donde muestra que ha realizado los medio para comunicarse con el demandado para poder defenderlo y no para que desmejore su derecho de defensa.
Pero debe esta Juzgado, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
En este sentido, éste Tribunal considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como lo medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (articulo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias ( probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basa que el defensor envié telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
A juicio de este Tribunal, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que señala la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia, destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si no tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.
Con fundamento en las anteriores razones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, como se evidencia que no consta en autos las diligencia efectuada por el defensor judicial para ponerse en contacto con la parte demandada ni ninguna de los familiares es por lo que este tribunal acuerda REPONER la causa a los fines de que se realice la contestación de la demanda al quinto día de despacho siguientes a la ultima notificación que de las partes se haga, a las 10:00 a.m, Líbrese Boleta.

Abg. ARTURO JOSE LUCES TINEO,
EL JUEZ,
La Secretaria,
Exp. N° 33.639