TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
205° y 156°

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

PARTE AGRAVIADA: MARCOS MARTINEZ, JOSÉ CANDURIN, NIXON SUAREZ, OSMIR BERMUDEZ, CRUZ MANUEL ROSAL, ZULIMAR MENESES, JOHANNYS CABELLO, DAVID ANDRADE, ADRIAN ROSALES, GYNASGSIBET ANDRADE, NAKARY KARINA MARTINEZ CAMARGO, ALICIA VALDEZ , DILIANA JOSE BLANCO RODRIGUEZ, RAIZA ELOINA BLANCO RODRIGUEZ, ANA MARIA RAMOS y MANUEL ANTONIO PONTE DE FREITAS, titulares de las cedulas de identidad Nº V-4.024.855, V-21.347.524, V-22.970.716, V-18.172.427, V-16.312.566, V-15.323.998, V-18.081.679, V-22.970.276, V-22971.050, V-21.437.894, V-22.376.187, V-11780.838, V-22.700.566, V-19.781.565, V-9.899.949, E-81.681.689 y de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE AGRAVIADA: abogados RICCARDO FERRARO y GUSTAVO ADOLFO FERMIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V-11.775.966 y V-11.512.195 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 124.547 y 94.632 carácter que se desprende de instrumento poder cursante en el folio 269 y su vuelto del presente expediente.

PARTE AGRAVIANTE: JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS (ahora de denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS).

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.

EXPEDIENTE Nº 009383

En fecha 24 de febrero de 2011, se le dio entrada a la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos MARCOS MARTINEZ, JOSÉ CANDURIN, NIXON SUAREZ, OSMIR BERMUDEZ, CRUZ MANUEL ROSAL, ZULIMAR MENESES, JOHANNYS CABELLO, DAVID ANDRADE, ADRIAN ROSALES, ANA MARIA RAMOS, GYNASGSIBET ANDRADE Y MANUEL ANTONIO PONTE DE FREITAS, en su condición de presuntos agraviados, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio RICCARDO FERRARO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 124.547, en contra del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.

Seguidamente, en fecha 24 de febrero de 2011, el abogado JOSÉ TOMAS BARRIOS se inhibió de conocer la presente acción, por estar incurso en el ordinal en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 01 de marzo de 2011, se oficio a la Rectoría de esta Circunscripción Judicial, con el fin de que tramitara la designación de un juez accidental, para que conociera del presente recurso.

En fecha 30 de mayo de 2011, se aboco al conocimiento de la causa el abogado Raúl ELMÈRIDA y se libraron las respectivas boletas de notificación.

Posteriormente, en fecha 21 de septiembre de 2015, ME ABOQUE al conocimiento de la presente causa, por cuanto fui designado como Juez de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº CJ-15-1794 de fecha 03 de Junio de 2015, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, siendo debidamente juramentado en fecha 08 de Julio del año en curso, por ante la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, tomando posesión del mismo en fecha 10 de Julio del año que discurre.
ÚNICO

Esta Superioridad, actuando en sede constitucional, pasa a dictar sentencia en base a los argumentos de hecho y de derecho que de seguidas se exponen:

El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil señala: “…el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión...” Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes. Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia acelerada y preferente.

De seguidas, se procede a revisar las actuaciones que conforman el presente expediente, observándose que la última actuación realizada por los presuntos agraviados, arriba identificados, fue en fecha 09 de agosto de 2011, suscrita y presentada por el co- apoderado de los trabajadores de la empresa Delicateses Flor de Tipuro C.A, donde ratifica la diligencia consignada en fecha 06 de julio de 2011, a través de la cual solito a esta alzada decidir la presente acción.

Así las cosas, no existiendo ninguna otra actuación de las personas presuntamente agraviadas donde se evidencie el impuso para practicar las notificaciones, en consecuencia de ello, han transcurriendo (4) años desde la última actuación, sin que la parte interesada haya mostrado interés en la prosecución de la presente acción, pues no ha hecho acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado alguno.-

En razón de ello, la Sala Constitucional respecto a esta conducta asumida por la parte agraviada ha sostenido el siguiente criterio:

“Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional ocurrió hace más de siete (7) meses, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), en los siguientes términos: “... la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”

Como corolario considera esta alzada, que la parte accionante con su falta de impulso en la actividad de este Órgano Jurisdiccional, en aras de que se procediera a dictar la decisión correspondiente, ha abandonado el trámite del proceso en la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta, por lo tanto es oportuno para quien aquí decide señalar, que la acción de amparo debe ser breve y expedita, y por tanto el querellante y/o accionante debe mantener en todo momento presente su interés procesal.-

En virtud de lo anterior y verificado como ha sido por este Juzgado la falta de interés de la parte interesada desde la fecha de entrada del presente expediente en ésta instancia judicial, considera motivo suficiente para declarar EL ABANDONO DEL TRAMITE Y POR ENDE TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, y ordena el archivo judicial del presente expediente. Y ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA

Por los razonamientos que anteceden este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en total apego al Criterio Jurisprudencial emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 01 de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO el cual fue precedentemente transcrito, DECLARA: EL ABANDONO DEL TRAMITE del presente juicio de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesto por los ciudadanos MARCOS MARTINEZ, JOSÉ CANDURIN, NIXON SUAREZ, OSMIR BERMUDEZ, CRUZ MANUEL ROSAL, ZULIMAR MENESES, JOHANNYS CABELLO, DAVID ANDRADE, ADRIAN ROSALES, ANA MARIA RAMOS, GYNASGSIBET ANDRADE Y MANUEL ANTONIO PONTE DE FREITAS NAKARY KARINA MARTINEZ CAMARGO, ALICIA VALDEZ, DILIANA JOSE BLANCO RODRIGUEZ y RAIZA ELOINA BLANCO RODRIGUEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS (ahora denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS).

En virtud, de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, así como también, se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil; en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará la remisión del presente expediente al archivo judicial.

No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.-

Publíquese, Regístrese, déjese copia y cúmplase.-

Dado, firmado y sellado en la sala del despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. En Maturín, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
EL JUEZ,

ABG. PEDRO JIMÉNEZ FLOORES.
LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-

En esta misma fecha se dicto la presente decisión, siendo las 11:29 a.m., conste la

LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-

PJF/nrr/ ****
Exp. Nº 0089383