TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Control Audiencia y
Medidas de la Circunscripción Judicial del estado Monagas
Maturín, 14 de Abril de 2016
205º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2016-000358
ASUNTO : NP01-S-2016-000358

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional, pronunciarse en relación a la presente causa, en la cual la Fiscalía Novena del Ministerio Público de este Estado solicitó para el ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.037.353, como imputado por la presunta comisión del delito de de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44( encabezamiento numerales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ,en concordancia con los artículos 217 y 218 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO NIÑA Y ADOLECENTE, , en perjuicio de una ADOLESCENTE de trece (15) años de edad, identidad omitida conforme al Parágrafo Segundo del Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la aplicación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad prevista en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal , En virtud de los argumentos anteriormente expuestos, con ocasión a que el mismo resultó aprehendido mediante orden de aprehensión acordada en fecha 27/04/15, por lo que en consecuencia considera la representación Fiscal que como quiera que de los argumentos anteriormente expuestos, así como del contenido de las actas que conforman el legajo documental de la presente causa surgen suficientes elementos de convicción que hacen procedente la precalificación que se hace, actas de las cuales se evidencian los siguientes elementos:
La presente tuvo su inicio en fecha 26/10/2015, mediante acta de:
DENUNCIA COMÚN interpuesta en fecha 26/10/2015, por el ciudadano LUIS ALBERTO GONZALEZ, cursante al folio uno (01), quien expuso lo siguiente:
QUE MI HIJA DE NOMBRE SE OMITE SU IDENTIDAD DE 15 AÑOS, ME CONTO QUE ESTA PERSONA HABIA ABUSADO SEXUALMENTE DE ELLA HACE VARIOS MESES, DONDE FUI AL MEDICO Y LE MANDE HACER UN ECOSONOGRAMA A MI HIJA Y SALIO QUE TIENE ENTERE 18 Y 19 SEMANAS DE EMBARAZO (…). (Sic)
ACTA DE INVESTIGACION PENAL inserta al folio DOS (02), rendida en fecha 27/10/2015, SUSCRITA POR EL DETECTIVE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, adscrito a la sub. Delegación tipo B Caripe Estado Monagas.
INSPECCIÓN TÉCNICA N° 467, de fecha 27/10/2015, inserta al folio cuatro(04), suscrita por los funcionarios JOSE LOPEZ Y LUIS RODRIGUEZ, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, practicada en la siguiente dirección: VIA PRINCIPAL DEL SECTOR LAS BOCAS DE RIO CHIQUITO MUNICIPIO PIAR, Estado Monagas, dejando constancia que se trata de un sitio del suceso de los denominados ABIERTO
INFORME MÉDICO de fecha 28/10/2015, inserto al folio treS (03), suscrita por el DR. CARLOS LEOPARDI WEKY ,Médico FORENSE, quien deja constancia de la evaluación practicada la adolescente presenta ABDOMEN PRESENTA ALTURA UTERINA DE UNOS 20 CENTIMETROS DE ALTURA, EXAMEN GINECOLOGICO: INTROITO GENITAL PRESENTA MENBRANA HYMENEATAL CON BORDES DESGARRADOS A LAS 8 EN SENTIDO HORARIO CICATRIZADOS-PROBABLE EMBARAZO DE APROXIMADAMENTE 20 SEMANA DESFLORACION HIMENEAL DE VIEJA DATA.

Cursa al folio (9) oficio memorando N 9700-186-224 de fecha 27/10/2015 suscrito por el detective LEONARDO MARQUEZ….REGISTROS POLICIALES… JESUS BAUTISTA MATUTE, cedulado N|° 14.232303 y CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, cedulado N°19.037.353 , quienes son investigados en la causa NI-791.923 por delitos contra la cosa Publica –NO PRESENTAN REGISTROS POLICIALES.

Cursa al folio (1|2) ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 28/10/2015 suscrita por el funcionario detective LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, donde deja constancia la comparecencia del ciudadano GONZALEZ LUIS ALBERTO en compañía de su hija SE OMITE SU IDENTIDAD..Quien manifestó “ADOLFO ME DIO REAL Y JOBO, ME TOCO Y ME HIZO UN NIÑITO EN LA BARRIGA..TAMBIEN MI PRIMO CESAR TAMBIEN ME TOCO Y ME HIZO UN NIÑITO EN LA BARRIGA”

Cursa al folio veintidós (22) ENTERVISTA, de fecha 07/01/2016 a la adolescente SE OMITE, de 15 años de Edad expone: “bueno perico y el zurdo me hicieron maldad y ahora estoy embarazada, ellos cuando yo iba para el rió me hacían eso ..y decian que no le dijera nada ni a mi mama ni a mi papa…….

En virtud de los hechos narrados este Tribunal, procede a analizar por lo concordantes y verosímiles que resultan los elementos de convicción anteriormente expuestos, las siguientes consideraciones:
ARTÍCULO 44 Ley Orgánica Sobre Los Derechos de las Mujeres a una vida Libre de Violencia: Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión, quien ejecute el acto carnal, aún sin violencia y amenazas en los siguientes supuestos:
1.- En perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a los trece años.

A tales efectos considera este Tribunal que los elementos de convicción antes señalado son suficientes a los fines de corroborar el dicho de la parte denunciante, de acuerdo a lo narrado por ésta. de haberse perpetrado tal violencia en contra de las Adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA), de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente Tal como consta en el folio uno (1) y vuelto de las actas procesales que conforman el presente Asunto Penal, Acta de Entrevista de donde se desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos denunciados y los aportes para la identificación del responsable de los hechos.
En razón de lo antes señalado considera este Tribunal que estamos en presencia del delito que ha sido endosado por la Representante Fiscal y es evidente

que a la fecha en que se denuncian tales hechos se determina que no está prescrito.
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; este Tribunal, precisa, que de las actas emergen fundadas sospechas de que el ciudadano imputado ha sido probablemente autor de los hechos aquí señalados; Tal presunción se desprende de los Elementos ante señalados que rielan a las presentes actuaciones consistentes de Acta de denuncia de la víctima, Inspección Técnica.
Se explica de Sentencia Nº 179 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C04-0239 de fecha 10/05/2005, que: “…El testimonio de la víctima o sujeto pasivo del delito tiene pleno valor probatorio, considerándosele un testigo hábil. Al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se produce la exclusión del testimonio único, aun procediendo de la víctima, ello en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de ésta o susciten en el Tribunal una duda que le impida formar su convicción al respecto…” Negrilla y subrayado mío

Ahora bien, tomando en consideración que las circunstancias narradas a las actas considera este juzgador que tales hechos comportan situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad para la integridad de la mujer, es virtud de ello lo procedente en la aplicación de medidas de naturaleza preventiva, que permita salvaguardar la integridad física y psicológica de la Adolescente y su entorno familiar, en forma expedita y efectiva, en consecuencia, se impone Medida de Protección y Seguridad a favor de la victima, las contempladas en los numérales 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, consistentes en: 5. Prohibición al imputado CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.037.353 y ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ , titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.447.305 de acercarse a la víctima adolescente, bien por si mismo o por terceras personas a su lugar de residencia y a su lugar de estudio. 6. No realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la adolescente o algún integrante de su familia. 13.-Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres victimas de violencia y cualquiera de los integrantes de su familia

Este Tribunal a los fines de imponer la medida de coerción correspondiente, observa lo solicitado por la Representante de la Fiscalía: “…Solicito se sujete al imputado a este Proceso mediante la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, prevista en el Articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar llenos los extremos, así mismo lo solicitado por la defensa publica especializada Vista las actuaciones que conforman el presente asunto, Esta Defensa Técnica hace valer a favor de mi representado a razón de que la precalificación versa en la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44( encabezamiento ordinales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ,en concordancia con los artículos 217 y 218 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO NIÑA Y ADOLECENTE, , en perjuicio de una ADOLESCENTE de trece (15) años de edad, identidad omitida conforme al Parágrafo Segundo del Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y encontrándose desvirtuados los extremos jurídicos de peligro de fuga y de obstaculización del proceso, no contando mi defendido con suficientes medios económicos como para obstaculizar y evadir la acción de la justicia, invocándose a su favor el principio de presunción de inocencia y afirmación de libertad establecidos en los Artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, quien no presenta prontuarios policiales, ni antecedentes penales que prejuzguen sobre su responsabilidad penal, indicativo de su buena conducta predelictual, con residencia fija en MUNICIPIO PIAR, aunado al hechos de encontrarnos en el inicio de la fase investigativa, aunado a esto mi defendido nunca recibió boletas emanada de la Fiscalía del Ministerio Público y no existen suficientes diligencia practicadas por el Ministerio Público, esta defensa publica pudo observar que no consta lesiones en la Medicatura Forense razón por la cual considera esta que considera esta defensa que la Victima pudo ser manipulada por su madre a su vez solicito, es por ello que se le solicita el otorgamiento de Libertad Plena, o en su defecto una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad conforme al artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, en las modalidades que a bien tenga decretar este Tribunal”
En este particular, se puede verificar que el artículo 237 de la Ley Adjetiva Penal, en lo atinente al peligro de fuga, señala que se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
PAR. 1º—Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. (Subrayado del Tribunal).
Al respecto, observa este Tribunal que la Constitución de la República, en su artículo 44, consagra y garantiza el Derecho a la Libertad durante el proceso; a saber:
El artículo 44. La Libertad personal es inviolable; en consecuencia: “… Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
Este precepto constitucional es desarrollado dentro del proceso penal por el articulo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya literalidad indica: “El artículo 229: “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. En consecuencia No es menos cierto; que La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Es relevante citar la Sentencia S/N de fecha 22 de Marzo del año 2010, expediente Nº.- 2009-0018663, Del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Pag. 110. La Jurisdicción Especial en el área de Violencia de Género. Caracas Venezuela 2010, Magistrada YOLANDA JAIME GUERRERO.
“ (… )con delitos de esta naturaleza se lesionan los derechos a la integridad personal, que comprenden integridad Física, síquica y moral el derecho a una salud sexual, y reproductiva, el derecho a ser informado y educados, de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual, y una maternidad y paternidad responsable, voluntaria y sin riesgo, así como el derecho al honor, Reputación propia imagen, Vida Privada e intimidad familiar y ante esta situación el legislador impone a los Operadores y Operadoras de Justicia, encontrándonos en condición de garantes de la legalidad y de justicia dentro de un Estado Social de Derecho sancionar estas conductas por resultar reprochables e inaceptables (…).
De la exégesis concatenadas de las disposiciones transcritas, se desprende que las medidas privativas de libertad, son posible de aplicación solo cuando sea absolutamente necesaria para asegurar las resultas del proceso, vale decir, lograr un justo equilibrio en el proceso que permita asegurar que en los lapsos de Ley se procederá a emitir la correspondiente sentencia, debiendo con ello quedar en el entendido que la protección de los derechos del imputado y hacer tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, sin embargo; ello tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar, los objetivos del proceso, esto es su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, cuyo interés no es solo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas.
En relación a la solicitud de medida cautelar requerida por la fiscal del Ministerio Público, pasa este juzgador analizar si se encuentran llenos los extremos contenidos en las normas adjetivas que autorizan esta extrema medida de coerción personal, lo cual se hace de la siguiente manera:
En el presente asunto nos encontramos ante la comisión de hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, como lo es el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44(encabezamiento numerales 1 y 4) con las Agravantes de los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la ciudadana adolescente, el cual acarrea pena de prisión, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita tomando en consideración que los hechos denunciado ocurrieron en fecha 26/10/2015.
Existen elementos suficientes para estimar que el imputado es autor de los hechos objeto del presente proceso, como lo son el acta policial de aprehensión, y las declaraciones de las víctimas expuestas en la audiencia de presentación, siendo estos elementos suficientes para estimar en esta oportunidad procesal que el imputado es autor de los hechos que señala la víctima cometió en su perjuicio.
Existe en el presente asunto una presunción razonable de peligro de fuga, conforme a lo dispuesto en el artículo 237 numeral 1 en virtud de que el imputado tiene facilidad para permanecer oculto frente al proceso que se adelanta, motivos por los cuales se estima que existe una presunción razonable de peligro de fuga conforme a lo dispuesto en el artículo 237 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Se puede verificar igualmente en el presente asunto una presunción razonable de peligro de obstaculización, tomando en consideración la pena a imponer por lo cual estima razonable esta juzgadora que el imputado pudiera evadir el proceso que se adelanta, circunstancia esta que se encuentra descrita en el artículo 238 del texto adjetivo penal. Y ASI SE DECIDE.

En virtud de lo señalado anteriormente, se puede verificar que en el presente asunto se encuentran llenos lo extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en relación a los dispuesto en los artículos 237 numeral 1, y artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual hace procedente el Decreto de una medida de privación judicial preventiva de libertad , a criterio de este juzgador para el ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.037.353 , por la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 ordinal 4° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las Agravantes de los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la ciudadana ADOLESCENTE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, QUEDANDO detenido POLIPIAR MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS
En relación al procedimiento que debe regir la presente causa, este Tribunal luego de ser analizadas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se produjeron los hechos, se considera que lo procedente conforme a derecho es acordar la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y ASI SE DECIDE.

En virtud de ello debe destacar este Juzgador que la violencia contra la mujer constituye una VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES que impiden a la mujer, a las adolescentes y a las niñas gozar de dichos derechos, y corresponde al Estado ser garante de esos derechos humanos y promover un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Por mandato constitucional La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a Una Vida Libre de Violencia garantizar el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la mujer, la adolescente o la niña, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos.

Siendo así del análisis de los elementos esgrimidos por el Ministerio Público los Jueces y Juezas de la República debemos adoptar nuestras decisiones con la finalidad de que el proceso establezca la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho.

Es importante resaltar para este Operador de Justicia que en la Materia Violencia Contra la Mujer se ha identificado que violentar a una mujer cualquiera que sea su edad, credo, religión, entre otros, constituye una violación sistemática de los derechos humanos en las mujeres víctimas, las cuales son “blanco” de ataques, siendo más lamentable la realidad en muchos países del mundo, no escapando Venezuela a esta gran problemática de Estado, que esto se venía concibiendo como “normal”, y lo que realmente es una injusta trasgresión al orden natural, justificándose tales conductas agresivas en patrones socioculturales, heredados como una “maldición ancestral del patriarcado”.
De sentencia Nº.- 065-26210-2010, de fecha 02 de octubre del año 2012, de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAN MORANDY MIJARES, se extrae lo que se lee textualmente:

“…En el caso particular de la declaración de la víctima, resulta de gran importancia observar que nuestro sistema de valoración de pruebas se rige por el principio de la sana crítica, según el cual el juez debe apreciar las pruebas siguiendo los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, por ello como ha sido analizado el testimonio de la agraviada en el presente proceso, quien es testigo en esta actividad probatoria de cargo de legítima. Su admisión como cargo de prueba tienen lugar, fundamentalmente, en relación a los delitos contra la libertad sexual, en base, entre otras consideraciones, al marco de clandestinidad en que suelen consumarse tales delitos que hacen que el testimonio de la víctima tenga carácter fundamental al ser, en la mayoría de las ocasiones, el único medio para probar la realidad de la infracción penal…”
DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Control, Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Decreta: : PRIMERO se RATIFICA LA ORDEN DE APRREHENSIÓN COMO FLAGRANTE, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se mantiene la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con los numerales 1°, 2 ° y 3° del Artículo 236 y numerales 2° y 3° y Parágrafo Primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a la presunción razonable tanto del peligro de fuga, como de obstaculización de las actuaciones, dictada en s oportunidad legal por el Tribunal de Guardia TERCERO: Se ordena proseguir la presente causa por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, pautado en el Artículo 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. CUARTO: Se acuerda a favor de la Victima las MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD previstas y sancionadas en el artículo 90 de la Ley Especial in comento, que consisten en los numerales 6- Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o de terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida, o a algún integrante de su familia. 13- Acordándosele al IMPUTADO una INFORME PSIQUIATRICO por ante el EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTOS TRIBUNALES DE VIOLENCIA DE GENERO, debiendo acudir a constatar su cita, para lo cual se librarán lo oficios correspondientes. QUINTO: Se le decreta al Imputado CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.037.353, una MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que se acuerda cumplir temporalmente en el LA POLICIA DEL MUNICIPIO PIAR (POLIPIAR), EN EL ESTADO MONAGAS, cuyo Director deberá mediante el uso de su personal, resguardarle, tutelarle y garantizarle el derecho a la vida, y a su integridad física, como derechos humanos fundamentales contenidos en los Artículos 43 y 46 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. SEXTO: Se desestima la petición de la Defensa referente a la Medida Cautelar de Libertad. OCTAVO: Conforme al artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda una PRUEBA ANTICIPADA con relación a una declaración de la victima, fijándose para tal cometido el LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 10 AM. Se acuerda expedir las copias solicitadas por ambas partes. El imputado fue informado que el incumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas conllevará a la revocatoria de la medida acordada de conformidad con el artículo 248 Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.
La Juez de Control, Audiencias y Medidas,

ABG JESUS EDUARDO LUNA ABREU
La Secretaria Judicial,

ABGA. GRACIELA CIRCELLI JIMENEZ.