REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Monagas Maturin, 11 de Abril de 2016 205º y 157º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2015-001021 ASUNTO : NP01-S-2015-001021 AUTO QUE ACUERDA LA HOSPITALIZACIÓN DEL CIUDADANO ACUSADO CON CERTIFICACIÓN FORENSE, NIEGA ORDEN ABIERTA Y REVISION DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL Visto el escrito consignado por la Ciudadana ABGA. EDDA BENITEZ PAREJO, en su carácter de Defensa Privada del Ciudadano Procesado y Privado de Libertad JOSE ANTONIO GEUEVARRA ILARRAZA, plenamente identificado en autos, donde solicita se le otorgue a mi defendido un traslado Abierto a las Instituciones de salud, tanto pública como privadas, que sean necesarias a los efectos de que se le puedan realizar los exámenes requeridos con urgencias, como por cardiólogo que lo atendió en su oportunidad y en procura de que sea evaluado por el Endocrinólogo (médico especialista en DIABETES MELLITUS TIPO II, enfermedad esta que padece mi representado …degenerativa… que lo deja expuesto a un futuro oscuro impredecible, por lo que no se le puede arropar de brindársele una MEDIDA HUMANITARIA…Solicito UNA REVISION DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL QUE PESA SOBRE MI DEFENDIDO, representado por una menos gravosa…. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO Considera esta Juzgadora citar algunas disposiciones que servirán de sustento a lo que aquí resolverá: “Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e interese, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” “Artículo 83 Ejusdem: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado. Que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la Ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”. Pues bien, ciertamente, y conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado está en la obligación de proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad, Asimismo el solicitante a través de su defensa privada, debe comprender que se encuentra sometido a un proceso penal, bajo medida de privación judicial preventiva de libertad, como excepción a la regla, por la presunta comisión de unos delitos de consideración, y dicha medida de Privación Preventiva de libertad fue decretada No como una pena anticipada, sino, para garantizar la finalidad del proceso, atendiendo a lo que dispone el ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, por lo que si requiere tratamiento médico, evaluación médica y toda asistencia médica que sea necesaria en resguardo a la salud del ciudadano JOSE ANTONIO GEUEVARRA ILARRAZA, la tendrá y éste Tribunal lo garantiza. Considera esta quien aquí suscribe que lo procedente y ajustado a derecho ORDENAR LA HOSPITALIZACION MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL UNIVERSITARIO DR. MANUEL NUÑEZ TOVAR DE LA CIUDAD DE MATURIN ESTADO MONAGAS, a fin de que sea evaluado, estabilizado y compensado si fuere el caso y se le practiquen los exámenes que sean necesarios para su estabilización, PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA MEDICATURA FORENSE, por lo que se acuerda remitir al Ciudadano a dicho hospital, a los fines consiguientes de la atención médica y quede hospitalizado, Se acuerda oficiar a la División de investigaciones Penales de la Dirección de la Policía Socialista del estado Monagas para que traslade el día de miércoles 13 de abril del año 2016 a las 7:00 horas de la mañana, específicamente a la MEDICATURA FORENSE, a los fines de que sea evaluado y certifique la Hospitalización Médica Acordada, si fuere el caso, y de ser certificada, la comisión deberá ingresar al Ciudadano Acusado al Hospital quien deberá permanecer con custodia policial, para que se le garantice a este Tribunal la medida de Coerción personal que pesa sobre el Ciudadano Acusado. Dichas Hospitalización y Evaluación Forense se acuerdan con fundamento en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Que nuestro País se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que fundamenta su estructura y funcionamiento en una serie de valores considerados como superiores y que forman el eje transversal que debe orientar el desarrollo de la Nación. Entre estos valores, se encuentra la preeminencia de los Derechos Humanos, los cuales han de ser respetados y garantizados por todos los órganos que conforman el Poder Público en cualquiera de sus niveles, tal como lo señala el artículo 19 en concordancia con las previsiones del artículo 23, todos del texto Constitucional. Sobre las bases de las consideraciones anteriores, es imperativo para toda la AUTORIDAD el garantizar y hacer respetar todos aquellos derechos, enunciados o no, que son inherentes a la CONDICIÓN HUMANA. Ello con el objetivo inequívoco de materializar la justicia mediante la práctica de una tutela judicial y efectiva de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y más aún cuando éstos son considerados como Derechos Fundamentales que requieren ser amparados mediante la acción directa de los diferentes órganos pertenecientes al Poder Público en sus diferentes estamentos. Dadas las condiciones que anteceden, es dable afirmar que la tutela judicial efectiva consiste en la verdadera materialización de la justicia, porque permite al ciudadano acudir en protección de sus Derechos y aún más cuando se encuentra sometido a un Proceso Penal, privado de Libertad, Porque en este caso es el Juez o Jueza el encargado de velar por la protección sustancial de sus derechos, armonizando la necesidad de asegurar la realización del proceso con la protección de los derechos de la persona privada de su libertad, quien aún cuando se halle en tal condición, NO PUEDE SER MERMADA EN SUS DERECHOS Y MENOS DE AQUELLOS QUE DEVIENEN DE SU NATURALEZA HUMANA. De los anteriores planteamiento se deduce el deber del Tribunal de Salvaguardar tanto el derecho a la vida, como el derecho a la integridad física consagrados en los artículos 43 y 46 de la Constitución, de todas las personas que lleven causa por ante este Tribunal. En tal sentido se acuerda oficiar al ciudadano Director de la Dirección de la Policía Socialista del Estado Monagas, con atención a la Jefatura del Retén Policial, en virtud de sus deberes derivados de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de las demás leyes y Reglamentos vigentes, mediante el uso del personal adscrito a dicha sede policial, así como al personal que labora en el Retén Policial, a que GARANTICEN EN LA PRÁCTICA el derecho a la salud del ciudadano JOSE ANTONIO GEUEVARRA ILARRAZA puesto que es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, que debe ser resguardado. Por consiguiente; si fuere medicado le sean suministrados las medicinas. En tal sentido se desestima lo solicitado por la Defensa de extender orden abierta para que el Ciudadano acusado vaya y venga a centros de salud publico y privados, y el otorgamiento de una medida menos gravosa de la privativa, por cuanto no han variado las circunstancias que dieron lugar al Órgano de Control decretarla en su oportunidad. Y así se decide. DECISION Por todos los anteriores planteamientos este Tribunal impartiendo Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por autoridad de la Ley resuelve PRIMERO: Si el Ciudadano JOSE ANTONIO GEUEVARRA ILARRAZA, requiere tratamiento médico, evaluaciones médicas y toda asistencia médica que sea necesaria en resguardo a su salud la tendrá y éste Tribunal lo garantiza. SEGUNDO: Se acuerda HOSPITALIZACION MÉDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL UNIVERSITARIO DR. MANUEL NUÑEZ TOVAR DE LA CIUDAD DE MATURIN ESTADO MONAGAS, a fin de que sea evaluado, estabilizado y compensado si fuere el caso y se le practiquen los exámenes que sean necesarios para su estabilización, PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA MEDICATURA FORENSE, por lo que se acuerda remitir al Ciudadano a dicho hospital, a los fines consiguientes de la atención médica y quede hospitalizado. TERCERA: oficiar a la División de investigaciones Penales de la Dirección de la Policía Socialista del estado Monagas para que traslade el día de miércoles 13 de abril del año 2016 a las 7:00 horas de la mañana, específicamente a la MEDICATURA FORENSE, a los fines de que sea evaluado y certifique la Hospitalización Médica Acordada, si fuere el caso, y de ser certificada, la comisión deberá ingresar al Ciudadano Acusado al Hospital quien deberá permanecer con custodia policial, para que se le garantice a este Tribunal la medida de Coerción personal que pesa sobre el Ciudadano Acusado. CUARTO: se desestima lo solicitado por la Defensa de extender orden abierta para que el Ciudadano acusado vaya y venga a centros de salud publico y privados, y el otorgamiento de una medida menos gravosa de la privativa, por cuanto no han variado las circunstancias que dieron lugar al Órgano de Control decretarla en su oportunidad. QUINTO Notifíquese a las partes de lo aquí decidido Líbrense los oficios respectivos. LA JUEZA DE JUICIO ABGA. IVIS RODRIGUEZ CASTILLO Secretario ABG. LUIS FIGUERA