REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS Maturín, 01 de agosto 2016 206° y 157° Que las partes en el presente juicio son: PARTE DEMANDANTE: Jennifer Lilibeth Berroteran Pereiro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.012.011 y de este domicilio. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Manuel Moya Salazar, INPREABOGADO Nº 22.094, según consta de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Maturín, estado Monagas, en fecha 26 de marzo 2012, bajo el Nº 04, tomo 34, folios 11 al 13 de los libros de autenticaciones llevados por ese despacho, cursante a los folios que van del 4 al 7 de las actas que conforman el presente expediente.. PARTE DEMANDADA: Maritza Del Valle Velásquez Trinitario, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.915.763 y de este domicilio. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Luís Jiménez e Inés Sucre Díaz, INPREABOGADO números 119.928. y 121.069, según poder apud acta cursante al folio 63 del presente expediente. ACCIÓN DEDUCIDA: Interdicto de despojo EXPEDIENTE N°: 14.676 ANTECEDENTES Conoce este Tribunal de las presentes actuaciones recibida por distribución en fecha 16 de abril 2012, contentiva de la demanda por interdicto de despojo incoada por la ciudadana Jennifer Lilibeth Berroteran Pereiro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.012.011 contra la ciudadana Maritza Del Valle Velásquez Trinitario, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.915.763, se ordenó formar expediente, numerarse y anotarse en el libro de causas respectivo, ordenándose la prosecución de la causa y agotada como fue la citación personal y pasada la oportunidad para contestar se abrió la causa a pruebas, lapso en el cual la parte demandada promovió las que consideraron favorables en la presente causa. En fecha 18 de julio 2013, el Tribunal procede a admitir las pruebas promovidas por la parte demandada por no ser contrarias a derecho. En fecha 31 de julio 2013, el Tribunal dice “visto” y se reserva el legal para dictar sentencia. Estando dentro de la oportunidad legal para dictar Sentencia en el presente juicio, este Tribunal lo hace en base a las siguientes consideraciones II MOTIVACIONES PARA DECIDIR La figura del Decaimiento es una tendencia procesal, que pudiera definirse como la inactividad de las partes que hacen presumir al sentenciador que se ha operado una perdida del interés en que se decida la causa y que se sanciona con la extinción del proceso, previa notificación de los solicitantes. Revisadas las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal procede a formular las siguientes consideraciones: Cabe señalar que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en su sentencia N° 956, de fecha 01-06-2001, interpreta el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció lo siguiente: “……Es cierto que es un deber del Estado que, se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la Ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el articulo 26 Constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumpliendo; pero cuando tal deber se incumple existe como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código de Penal o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 833 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él (…) No Comprende esta Sala cómo un causa paralizada, en estado de sentencia donde la fecha de actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la Ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que sea resuelto el litigio, cuan se está en una actividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber de Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los Tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacios en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar al fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es mas que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto de que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no solo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción ” De tal manera, que el decaimiento de la acción, se aplica a las causas que se encuentren en estado de sentencia. Que el mismo ha de ser aplicado únicamente en aquellos tribunales que estén sobrecargados de expedientes y los tribunales que no lo estén tendrán que tomar en consideración la regla general referida al lapso de prescripción del derecho que se ventile en el juicio. Que tal criterio de excepción es solo aplicable, además a las causas en los que el derecho ventilado en juicio tenga un lapso de prescripción igual o menor a un (01) año, entonces los operadores de justicia deben aplicar la regla general referida al lapso de prescripción del derecho para que se opere la presunción de perdida de interés procesal. Y además, el lapso de inactividad del actor debe ser de dos (02) años como mínimo; resultando indiferente si el lapso de prescripción del derecho ventilado en juicio sea igual o inferior a un año En el presente caso se observa que han transcurridos tres (3) años, desde que el tribunal se reservo el lapso para dictar sentencia, lo cual fue el 31 de julio 2013. Asimismo se constata que la parte accionante no instó para que ello ocurriese, observándose que no se realizo acto alguno en el proceso desde su ultima actuación en fecha24 de abril 2013, que demostrara su interés en la decisión del mismo, lo cual denota una absoluta ausencia de actividad procesal durante el periodo señalado. Por consiguiente es imprescindible concluir que opera el decaimiento y así se decide. III DISPOSITIVO DEL FALLO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; y en total apego al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 956, de fecha 01 de junio 2001, declara el decaimiento de la acción por pérdida de interés procesal, en la presente causa por Interdito de despojo interpuesta por la ciudadana Jennifer Lilibeth Berroteran Pereiro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.012.011 contra la ciudadana Maritza Del Valle Velásquez Trinitario, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.915.763; en consecuencia se declara la extinción de la instancia. Por la naturaleza de lo decidido, no se produce condenatoria de costas. Publíquese, regístrese y déjese copia; notifíquese a las partes. Dado, firmado y sellado, en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. En Maturín al primer (1º) día del mes de agosto 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación. El Juez, Abg. Gustavo Posada La Secretaria, Abg. Milagro Palma En esta misma fecha siendo las 11:00 a.m., se registró, publicó y certificó la anterior decisión. Conste. La Secretaria, Abg. Milagro Palma Expediente Nº 14.676 Abg. GP/Tatiana C.