TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
MATURÍN, 01 de Agosto de 2016.
206º y 157º

A los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se determinan que en el presente Juicio intervienen como partes y apoderadas las siguientes personas:
PARTE DEMANDANTE: GREGORIO JOSE RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897 y de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE: MIRNA LAVERDE, venezolana, mayor de edad, inscrita en el IPSA, bajo el Nro. 64.206.
MOTIVO: ACCION MERODECLARATIVA
EXPEDIENTE Nº: 16.186
ASUNTO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

NARRATIVA

En fecha 02 de noviembre de 2012, se recibió por ante este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, luego de su respectiva distribución; demanda de ACCION MERODECLARATIVA, interpuesta por el ciudadano GREGORIO JOSE RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897 y de este domicilio, debidamente asistido por la abogada MIRNA LAVERDE MORENO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.026, expresa el peticionario en su escrito de solicitud lo siguiente:”Soy propietario legítimo de un vehículo que posee las siguientes características: TIPO: PICK UP; MARCA: FORD; AÑO: 1.983; COLOR: NEGRO; SERIAL MOTOR: 6 CIL.; SERIAL CARROCERIA: AJE19D13941; PLACAS: 112-ADF; Ahora bien como quiera que el antes identificado vehículo, lo reconstruí con trabajo y dinero de mi peculio, según Titulo Supletorio emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 03 de Julio de Mil Novecientos Noventa y Siete y como quiera que se me hace imposible realizar los que acrediten mi propiedad sobre el bien mueble antes señalado y para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. De igual forma alega que: en mi nombre y representación y asistido como me encuentro y por tener interés jurídico actual, DEMANDO LA ACCION MERODECLARATIVA de la existencia del derecho de propiedad sobre el mencionado vehículo, previas las formalidades de Ley y se requiere de cualquier persona natural o jurídica que se reconoce como el único propietario del mismo, reconociéndose a mi persona con carácter de propietario único y exclusivo de dicho bien, conforme a lo establecido en el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que dice textualmente:” Para `proponer demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además, de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la MERA DECLARACION de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de MERA DECLARACION cuando el demandante parece obtener a satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. Artículo 771 del Código Civil, que dice textualmente:”La posesión es la tenencia de una cosa, o el que goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que destine la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre”
En fecha 08 de Noviembre de 2.016, se dictó auto de admisión ordenándose el emplazamiento a través de Cartel de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.- Librándose el correspondiente EDICTO.
Al folio Once (11) riela diligencia de fecha 02 de Abril del 2.014, realizada por el ciudadano GREGORIO JOSE RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897 debidamente asistido por la abogada LUISA GUILLENT PRADO, inscrita en el IPSA bajo el Nº 195.207, donde solicita copias certificadas de la admisión de la demanda.
Riela al folio Doce (12) auto proferido en fecha Tres (03) de Abril del 2.014, acordando expedir por secretaría las copias certificadas solicitadas por la parte accionante, de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 del Código de Procedimiento Civil
Cursa al folio (13) diligencia fechada 14-07-2.014, suscrita por el ciudadano José Gregorio Rodríguez, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad nº 5.075.897 debidamente asistido por la abogada Luisa Guillent Prado inscrita en el IPSA bajo el Nº 195.207, mediante la cual consigna ejemplar del diario donde aparece debidamente publicado el Edicto ordenado, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Corre inserto al folio (16) auto dictado por este Tribunal en fecha 15 de Enero de 2.015, agregando al expediente el Edicto publicado.
Al folio diecisiete (17) cursa diligencia realizada por el ciudadano Gregorio José Rodríguez, debidamente asistido por la abogada Luisa Guillent Prado, ambos plenamente identificados en autos donde consigna publicación del Edicto ordenado.
Riela al folio (22) auto dictado por el Tribunal en fecha 01 de Julio de 2.014, agregando al expediente el Edicto consignado a los fines de que surta los efectos legales consiguientes.
Cursa al folio (50) auto fechado 15 de Julio del 2.014, ordenando agregar al expediente Edictos debidamente publicados.
Corre inserto al folio (51) diligencia en fecha 12-01-2.015, realizada por el ciudadano Gregorio Josè Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897, debidamente asistido por la abogada Luisa Guillent Prado, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 195.207, donde solicita se designe Defensor Judicial, para dar continuidad a la causa.
Al folio (52) cursa auto dictado por el Tribunal en fecha 15 de Enero de 2.015, negando lo solicitado, puesto que no se ha dado cumplimiento a la publicación de la totalidad de publicaciones de los Edictos establecidos por la Ley.
En fecha 07 de Julio del 2.015, compareció el ciudadano Gregorio José Rodríguez, asistido por la abogada Luisa Guillent Prado y solicitó se designe Defensor Judicial en la presenta causa.
Al folio (54) cursa auto de fecha 10 de Julio del 2.015, designando como Defensor Judicial a la abogada Yuli Brito Guerrero, Librándose Boleta de Notificación.
Riela al folio (56) diligencia consignada por el alguacil del tribunal consignando anexa Boleta de Notificación debidamente firmada por la abogada Yuli Brito Guerrero.
Cursa al folio (58) acto de comparecencia de la abogada Yuli Brito Guerrero, donde acepta el cargo al cual fue impuesta y prestando el juramento de Ley.
Corre inserta al folio (59) diligencia realizada en fecha 16 de Julio del 2.015, por el ciudadano Gregorio José Rodríguez, debidamente asistida de abogada y solicitó se libre Boleta de Citación a la Defensor Judicial designada.
Al folio (60) cursa auto dictado en fecha 17 de Julio del 2.015, ordenando la citación del Defensor Ad Litem, a fin de la prosecución de la causa. Librándose la correspondiente Boleta de Citación.
En fecha 17 de Julio del 2.015, compareció el alguacil del Tribunal y consignó Boleta de Citación debidamente firmada por la abogada Yuli Brito Guerrero
Data del 31 de Julio del 2.015, escrito de contestación a la demanda, presentado por la abogada Yuli Brito Guerrero, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.877.229, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 206.332, en su carácter de Defensor Judicial.
Riela al folio 36, auto de fecha 31 de Julio del 2.015, agregando al expediente el escrito de contestación a la demanda presentado por la Defensor Ad Litem.

MOTIVA

El presente Expediente se inicia por solicitud interpuesta por el ciudadano GREGORIO JOSE RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897, y de este domicilio, por ACCION MERODECLARATIVA, admitida la misma por auto de fecha 08 de Noviembre de 2.014, siendo el auto dictado por este Tribunal en fecha 31 de Julio de 2.015, la última actuación realizada en la presente causa.- Siendo ello así que la parte accionante no realizó solicitud alguna, para dar impulso a la continuidad de la presente demanda, a criterio de este tribunal, estamos en presencia de la figura denominada PERENCION DE LA INSTANCIA que no es más que la extinción del proceso por inactividad prolongada de las partes.- En efecto, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “ toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes“ denominándose tal situación “PERENCION DE LA INSTANCIA” que es una especie de sanción a la inactividad procesal de las partes en el proceso de que se trate, sanción que si bien extingue el proceso o la instancia no extingue la acción, la cual puede volver a proponerse transcurridos que sean más de noventa días, conforme lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, el Artículo 269 ejusdem, establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
En este sentido el Tratadista (A. Rangel Romberg), en su obra titulada Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (Pág. 372), la define: “En nuestro Derecho, la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” así las cosas tenemos que para que corra la perención la clave es la paralización de la causa imputable a las partes, ya que según el código de procedimiento civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención. Siendo la perención un castigo a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna, es solo de la responsabilidad de los sentenciadores.
En este orden de ideas el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, mediante sentencia dictada el 21 de Junio de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. CARLOS OBERTO VÉLEZ, dejó sentado lo siguiente: “ …La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el Articulo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.
Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido. Con la misma orientación, la Sala Constitucional ha establecido: “…Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado, la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. El fundamento del instituto de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de la instancia de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria, se produzca dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento…”.
Ahora bien, la perención de la instancia se fundamenta en dos distintos motivos, según apunta Henríquez La Roche el primero la presunta intención de la parte de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso, lo que llama elemento subjetivo, y de otro, el interés publico de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.
Es por ello que la perención constituye un acto práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia.
Según sentencia Nº 956 del primero (1) de Junio de 2001, del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, se establece que: “El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ello no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual continuará adelante a partir de la declaratoria de aquella. Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer… Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que lo permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad”. También la Sala Constitucional, en dicha sentencia estableció que: “… la perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están, o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extingue la instancia”.
Tomando en consideración los conceptos, doctrinas y sentencias señaladas anteriormente, del estamento de la perención se establece: 1°) Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes; 2°) La perención es “un castigo ó sanción” a la inactividad de las partes y es fatal, y corre sin importar quiénes son las partes, siendo su efecto que se extingue el procedimiento; 3°) Actúa por la inactividad de las partes por el transcurso de más de un año; y 4°) El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso.
Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones como se dijo antes: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado de tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesivamente y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución, o el total cumplimiento de las formalidades que prevé la acción respectiva. En otro orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia, a reiterado constantemente en sus decisiones que: “La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”.
Así las cosas, pudo constatar este Juzgador que, el último acto de procedimiento ejecutado en este juicio, fue el día 31 de Julio de 2015, fecha en la cual el Tribunal dictó auto ordenando agregar al expediente el escrito de contestación a la demanda presentado por la Defensor Ad Litem designada y hasta el día de hoy, 01 de Agosto de 2016, fecha en la cual se procedió a la revisión del expediente, no hay actuación procesal alguna dirigida a impulsar y mantener en curso el proceso, es decir, a lograr la citación de la parte demandada, lo cual evidencia absoluta ausencia de actividad procesal y desinterés en que se prosiga la causa. En efecto, y tal como lo dispone el citado artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la instancia se extingue de pleno derecho, por lo que en tal caso este Juzgado, sin más trámites, debe declarar consumada la perención a instancia de parte, y visto que, en el presente procedimiento, desde la última actuación señalada el día 31 de Julio de 2015, hasta el día 01 de Agosto de 2016, transcurrió con creces el espacio de tiempo previsto en el tantas veces referido artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y esta inactividad de la parte constituye una renuncia implícita al procedimiento, este Tribunal declara que ha operado en este caso, la perención de la instancia. Y así se decide.

DISPOSITIVA

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de esta Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA Que en la demanda por ACCION MERODECLARATIVA, incoada por el ciudadano GREGORIO JOSE RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.075.897, y de este domicilio, ha operado la PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezamiento, en armonía con el articulo 269 ejusdem. Y así se decide.-
Dada la especial naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas, por no haber sido vencidas ninguna de las partes del proceso.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en los copiadores de sentencia llevados por este Tribunal. Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín al 01 día del mes de Agosto del año 2016.
EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. PEDRO RAFAEL MEJIA
LA SECRETARIA

ABG. MARIA ALEJANDRA GUZMAN.
En esta misma fecha siendo las 03:00 P.M., se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva. Conste.
LA SECRETARIA
ABG. MARIA ALEJANDRA GUZMAN.

PRM/MAG/***
Exp. Nº 16.186