TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO CON COMPETENCIA TRANSITORIA EN LOS ESTADOS NUEVA ESPARTA, SUCRE, ANZOÁTEGUI

Maturín, 21 de Abril de 2017
207º y 158º

Conoce de la presente causa, con ocasión del Recurso de Nulidad de Acto Administrativo con Medida Cautelar de Suspensión de Efecto del Acto Administrativo, interpuesta por el ciudadano PEDRO PABLO HERDE LIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.568.286, actuando en nombre propio y en su carácter de Presidente de la Empresa INVERSORA ISLA VERDE, C.A. con domicilio procesal en el Centro Profesional La Cascada, Piso 2, Oficina 17, situado en la Carretera Nacional del Sur, representado judicialmente por la abogada en ejercicio Marianela Herde Marcano, , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.302.912 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 49.371, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierra, en Sesión Nº 34-06, de fecha 01/12/2006, punto de cuenta Nº 13, mediante el cual acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, e inicio de procedimiento de rescate, sobre un lote de terreno denominado “Agropecuaria San José de Mapirito”, ubicado en el Sector San José de Mapirito, Parroquia Maturín, Municipio Maturín del estado Monagas, constante de de una superficie de setecientas diez hectáreas con dos mil metros cuadrados (710 ha con 2.000 m2), cuyos linderos son los Siguientes: Norte: Rio Mapirito; Sur: Rio Guanipa; Este: Terrenos que son o fueron ocupados por los Termini, y Oeste: Vía nacional Maturín – Temblador. Ahora bien, estima esta Juzgadora a los fines de proveer sobre el presente asunto, realizar un estudio individual de las actas que la conforman, observando que:

I

ANTECEDENTES

El 06/07/2007, fue recibido por ante el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, escrito contentivo de Recurso de Nulidad de Acto Administrativo con Medida Cautelar de Suspensión de Efecto del Acto Administrativo, con sus respectivos anexos, interpuesta por el ciudadano PEDRO PABLO HERDE LIRA, actuando en nombre propio y en su carácter de Presidente de la Empresa INVERSORA ISLA VERDE, C.A., ut supra identificados contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierra, en Sesión Nº 34-06, de fecha 01/12/2006, punto de cuenta Nº 13. (Folio 01 al 79).

El 06/07/2007, mediante auto el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, le da entrada al presente recurso. (Folio 80).

El 10/07/2007, el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, mediante auto acuerda solicitar al Instituto Nacional de Tierras los antecedentes administrativos, absteniéndose de admitir el presente asunto hasta tanto conste en autos los antecedentes. (Folios 81 al 82).

El 01/11/2007, mediante auto el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, Admite el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. (Folio 95).

El 18/11/2008, mediante auto el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, ordena notificar al tercero interviniente ciudadano Jesús Ramón Guzmán, en virtud a que por error involuntario se obvio su notificación. (Folio 114)

El 17/12/2013, en vista de la Supresión de la competencia Agraria hecha al extinto Juzgado Superior Quinto Agrario de la Región Nor-Oriental, Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, se instala formalmente esta Instancia Superior Agraria.

El 03/12/2014, la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, mediante diligencia solicita el abocamiento de la causa y a su vez la perención de la instancia. (Folio 116)
El 15/01/2015, mediante auto el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro con competencia transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, abogado Leonardo Jiménez, se aboca al conocimiento de la presente causa. (Folio 120)

El 14/03/2016, la Jueza Suplente del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro con competencia transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, abogada Jennie Walkiria, se aboca de oficio al conocimiento de la presente causa. (Folio 137).

El 07/04/2017, quien suscribe se aboca de oficio al conocimiento de la presente causa. (Folio 161).
II
DE LA COMPETENCIA

Dispone el artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

“La jurisdicción especial agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados por la ley”. (…). (Cursivas de este Juzgado Superior Agrario).

De igual forma establecen los artículos 156 y 157 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: 1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia. 2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia. Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios. (Cursivas de este Tribunal Superior Agrario).

Por su parte el parágrafo Segundo, en su segundo aparte, de las disposiciones finales de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone lo siguiente:

(…). “Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del Titulo V de la presente Ley”. (Cursiva del Tribunal).

Del contenido normativo de las citadas disposiciones legales se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento de los recursos o acciones que se intenten contra cualesquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común, a los Juzgados Superiores Agrarios, actuando como tribunales de primera Instancia, como se observa en el presente caso, en el cual la parte actora pretende que se declare la Nulidad del Acto Administrativo dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, suficientemente identificado en el texto de la presente decisión, y en el cual, el Ente Agrario acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, e inicio de procedimiento de rescate, sobre un lote de terreno denominado “Agropecuaria San José de Mapirito”, ubicado en el Sector San José de Mapirito, Parroquia Maturín, Municipio Maturín del estado Monagas, constante de de una superficie de setecientas diez hectáreas con dos mil metros cuadrados (710 ha con 2.000 m2), razón por el cual este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Monagas y Delta Amacuro con competencia transitoria en los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar se declara COMPETENTE para conocer y decidir, el presente Asunto Contencioso de Nulidad de Acto Administrativo Agrario, tal y como lo hará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De las actas que conforman el presente expediente, esta Instancia Agraria observa, que el ciudadano PEDRO PABLO HERDE LIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.568.286, actuando en nombre propio y en su carácter de Presidente de la Empresa INVERSORA ISLA VERDE, C.A., representado judicialmente por la abogada en ejercicio Marianela Herde Marcano, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 49.371, interpone el 06/07/2007, ante el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur–Oriental, el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierra, en Sesión Nº 34-06, de fecha 01/12/2006, punto de cuenta Nº 13, en el cual se acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, e inicio de procedimiento de rescate, sobre un lote de terreno denominado “Agropecuaria San José de Mapirito”, ubicado en el Sector San José de Mapirito, Parroquia Maturín, Municipio Maturín del estado Monagas, constante de de una superficie de setecientas diez hectáreas con dos mil metros cuadrados (710 ha con 2.000 m2).
De igual manera, se infiere que el hoy extinto Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur–Oriental, el 01/11/2007 (folio 95), admite el asunto bajo análisis, empero, llama la atención de ésta Instancia Superior Agraria, que la parte recurrente, luego de interpuesta la acción y admitido el presente recurso por el referido tribunal hoy extinto, en modo alguno ejerció actos de impulso procesal que denotaran su interés en la continuidad del presente asunto, y si bien es cierto, es un hecho notorio que el referido Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil – Bienes y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, le fue suprimida la competencia agraria, no es menos cierto, que esta Instancia Superior Agraria se instaló formalmente el 17/12/2013, recibiendo en la citada fecha, todas las causas agrarias que le correspondían al tantas veces mencionado Juzgado Superior Agrario hoy extinto, y visto que, la ultima actuación de impulso procesal del actor luego de admitido el recurso de nulidad el 01/11/2007 (folio 95), fue una diligencia por medio de la cual deja constancia de la entrega de los emolumentos necesarios para la practica de las notificaciones, realizada el 29/11/2007 (folio 100), vale decir, aproximadamente hace más de nueve (09) años, es motivo por el cual considera este Juzgado Superior Agrario que desde la referida fecha, hasta el día de hoy, han trascurrido con creces más de ciento ochenta (180) días, sin ningún tipo de impulso procesal de la parte interesada en el presente asunto.

En este contexto, considera quien decide, verificar tanto lo estatuido en el artículo 182 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como los criterios establecidos por Tribunales de Instancia, aunado al razonamiento sostenido por el doctrinario Harry Hildegard Gutiérrez Benavides, relativo a la institución de la perención de la instancia, los cuales son del tenor siguiente:

“(…) Articulo 182: La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención (…)” (Cursiva y negritas de éste Juzgado Superior Agrario)

PRIMERO: Sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, del 20/09/2012, Exp. 2012-0002, caso: Ana Felipa Gerig De Gerig, con ponencia del Juez Leonardo Jiménez Maldonado, en la cual declaró lo siguiente:
“(...) De la Interpretación de la anterior disposición legal se deduce, que al estar paralizada una causa por mas de seis (06) meses, esto es, ciento ochenta (180) días, sin que se realicen actos de procedimientos destinados a mantener en curso el proceso, opera la 'Perención de la Instancia', razón por la cual, al inferirse del estudio de las actas que conforman la presente causa, que ha transcurrido con creces el referido lapso, sin que haya sido interrumpido por la parte actora, estima quien decide, que en el presente caso, al no existir actividad o impulso procesal alguno, realizada por el actor en dar movilidad y mantener en curso el proceso, no pudiendo el órgano Judicial impulsarlo de oficio, debido a que el proceso es de las partes y no del Juez, quien tiene como única función dirigirlo como rector, y en razón, de que se evidencia el abandono total de las pretensiones del actor, por el notorio desinterés en gestionar una decisión y dejando una eventual paralización en forma indefinida de la causa, lo cual sanciona la Ley de Reforma Parcial de la Ley Tierras y Desarrollo Agrario, en consecuencia, resulta forzoso para este Juzgado Agrario, declarar la Perención de la Instancia en la presente causa, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide (…)” (Cursiva y negritas de éste Juzgado Superior Agrario)

SEGUNDO: Sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, del 16/04/2013, Exp. JAP-191-2012, caso: Armando José Freitas Rodríguez, con ponencia de la Jueza Ivetti Tomasa López Ojeda, en la cual declaró lo siguiente:
“(…) De la normativa antes citada y del criterio jurisprudencial arriba expuesto se desprende que en materia agraria la perención opera a los seis (06) meses, sin que se haya producido actividad procesal alguna por la parte actora, y siendo que es la parte accionante, la que invocando un derecho acude a la vía judicial para obtener una respuesta a su demanda o solicitud, entonces en lo sucesivo debe ésta demostrar su propósito de mantener el necesario impulso procesal, de lo contrario opera la perención. En consecuencia, esta sentenciadora considera que en este proceso debe declararse la perención de la instancia, por haber constatado que el presente proceso ha estado paralizado por inactividad de la parte demandante, observándose que la ultima y única actuación de la parte actora fue la presentación del escrito libelar, en fecha 01 de marzo de 2012, a la fecha de hoy ha transcurrido UN (01) AÑO, DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS, lo que denota que no se realizó acto procesal alguno que permita deducir lo contrario, configurándose con ello legalmente la perención de la instancia prevista en el articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tomando en cuenta que las normas que la regulan son de orden público y debe decretarse aún de oficio (…)” (Cursiva y negritas de éste Juzgado Superior Agrario).

El Doctrinario Harry Hildegard Gutiérrez Benavides, en su obra "Comentarios al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario", Fundación Gaceta Forense, Tribunal Supremo de Justicia (2007) ha señalado lo siguiente:
“(…) Antes de entrar a analizar la institución de la perención de la instancia, como forma anormal de terminación de los procedimientos, repasemos brevemente sus características: 1.-Carácter objetivo: Similar a como está establecido en nuestro Código de Procedimiento Civil, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole un carácter objetivo fundamentado especialmente en la una naturaleza eminentemente sancionatoria de la institución, cuya consecuencia inmediata no es otra que la extinción de aquellas causas paralizadas por un período de tiempo determinado en la Ley. Debemos recordar que uno de los principios rectores de los procedimientos agrarios es el de celeridad procesal la cual están sujetas las partes, por lo que están en el deber de impedir que opere el efecto sancionatorio aquí planteado. 2.-Irrenunciable: La institución de la perención de la instancia es irrenunciable por las partes, por cuanto consumados los requisitos procesales indicados en la norma para su procedencia, la misma opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3.-Orden público: Conforme a lo anterior, el carácter irrenunciable de la perención de la instancia lo hace de orden público, es decir, de interpretación taxativa y restrictiva, no pudiendo ser relajada por las partes ni el juez quien tiene la potestad de decretarla aún de oficio. Siendo la única excepción el que impone el mismo orden público, cuando en la causa se encuentren en juego la violación de algún derecho fundamental en cuyo caso no operaría la perención. Visto lo anterior, debemos señalar que en el caso del procedimiento contencioso administrativo agrario, la norma citada prevé dos condiciones concurrentes para que se produzca la perención o extinción de la instancia, a saber: 1.- La falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes para realizar algún acto de procedimiento correspondientes a ellas, y; 2.- La paralización de la causa por el transcurso de seis (6) meses, una vez efectuado el último acto de procedimiento. Sin embargo, después de vista la causa -esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia-, no hay cabida a la perención de la instancia por la inactividad del juez (…)” (Cursiva de éste Juzgado Superior Agrario).

De todo lo antes expuesto coligue quien suscribe, que la perención de la instancia, es una de las formas extraordinarias de terminación de los juicios, en la cual se establece, una sanción a la inactividad de la parte demandante cuando esta no realice ninguna actuación válida en el juicio, en un tiempo determinado que establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, seis (06) meses, entendiéndose que la aludida falta de gestión procesal, significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. Así se establece.

Ahora bien, se infiere del estudio de las actas que conforman el presente Recurso de Nulidad, que ha transcurrido con creces el referido lapso, sin que haya sido interrumpido por la parte demandante, observándose que en el presente asunto, al no existir actividad o impulso procesal alguno por parte del actor, no puede el Órgano Judicial impulsarlo de oficio, debido ha que el proceso es de las partes y no del Juez, quien tiene como única función dirigirlo como rector. Así se establece
En consecuencia, esta sentenciadora considera forzoso que en este proceso debe declararse LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA tal como se hará en el dispositivo del presente fallo, en razón, de que se evidencia flagrantemente el abandono total de la pretensión del solicitante, en virtud del notorio desinterés en gestionar una decisión y dejando una eventual paralización en forma indefinida, observándose que la ultima actuación de la parte actora fue en fecha 29/11/2007 (Folio 100), donde deja constancia de la consignación de los emolumentos para la practica de las notificaciones, transcurriendo hasta el día de hoy más de nueve (09) años, lo que denota que no se realizó acto procesal alguno que permita deducir lo contrario, configurándose con ello legalmente la perención de la instancia prevista en el articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tomando en cuenta que las normas que la regulan son de orden público y debe decretarse aún de oficio. Así se establece.-

IV
DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Delta Amacuro, con Competencia Transitoria en los Estados Nueva esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

PRIMERO: se declara COMPETENTE para conocer el presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo con Medida Cautelar de Suspensión de Efecto del Acto Administrativo, interpuesto por el ciudadano PEDRO PABLO HERDE LIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.568.286, actuando en nombre propio y en su carácter de Presidente de la Empresa INVERSORA ISLA VERDE, C.A. con domicilio procesal en el Centro Profesional La Cascada, Piso 2, Oficina 17, situado en la Carretera Nacional del Sur, representado judicialmente por la abogada en ejercicio Marianela Herde Marcano, , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.302.912 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 49.371, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierra, en Sesión Nº 34-06, de fecha 01/12/2006, punto de cuenta Nº 13, mediante el cual acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, e inicio de procedimiento de rescate, sobre un lote de terreno denominado “Agropecuaria San José de Mapirito”, ubicado en el Sector San José de Mapirito, Parroquia Maturín, Municipio Maturín del estado Monagas, constante de de una superficie de setecientas diez hectáreas con dos mil metros cuadrados (710 ha con 2.000 m2), cuyos linderos son los Siguientes: Norte: Rio Mapirito; Sur: Rio Guanipa; Este: Terrenos que son o fueron ocupados por los Termini, y Oeste: Vía nacional Maturín – Temblador.

SEGUNDO: Declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y por tanto extinguido en el presente asunto, interpuesto por el ciudadano PEDRO PABLO HERDE LIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.568.286, actuando en nombre propio y en su carácter de Presidente de la Empresa INVERSORA ISLA VERDE, C.A. con domicilio procesal en el Centro Profesional La Cascada, Piso 2, Oficina 17, situado en la Carretera Nacional del Sur, representado judicialmente por la abogada en ejercicio Marianela Herde Marcano, , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.302.912 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 49.371, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierra, en Sesión Nº 34-06, de fecha 01/12/2006, punto de cuenta Nº 13, mediante el cual acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, e inicio de procedimiento de rescate, sobre un lote de terreno denominado “Agropecuaria San José de Mapirito”, ubicado en el Sector San José de Mapirito, Parroquia Maturín, Municipio Maturín del estado Monagas, constante de de una superficie de setecientas diez hectáreas con dos mil metros cuadrados (710 ha con 2.000 m2), cuyos linderos son los Siguientes: Norte: Rio Mapirito; Sur: Rio Guanipa; Este: Terrenos que son o fueron ocupados por los Termini, y Oeste: Vía nacional Maturín – Temblador. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR A LA PARTE ACTORA, al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS y al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR A LA PARTE ACTORA, al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS y al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, mediante boletas.
CUARTO: NO HAY condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Delta Amacuro, con Competencia Transitoria en los Estados Nueva esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, en Maturín a los veintiún (21) días del mes de Abril de 2017.
La Jueza Provisoria,

YELITZA CHACIN SUBERO
La Secretaria
CARMEN BELEN MARTINEZ

En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se publicó y se agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en la página http://monagas.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste
La Secretaria
CARMEN BELEN MARTINEZ

Exp. Nº 0037-2013.-
YCS/CBM/le.-