TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, Catorce (14) de Noviembre de 2019.
209° y 160°

ASUNTO: NH12-X-2019-000008

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE RECURRENTE: CENTRO MEDICO, C.A., representada por la ciudadana IRAIDA MUÑOS DE VALDERRAMA venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 3.025.760, actuando en su carácter de presidente de la entidad de trabajo.
APODERADA JUDICIAL: JEAN CARLOS MAITA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V- 12.806.913, debidamente inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 91.735.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS.
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR (RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES CONJUNTAMENTE CON ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR)

ANTECEDENTES
Inició el presente procedimiento de Nulidad de Acto Administrativo de Efectos Particulares conjuntamente con Acción de Amparo Constitucional Cautelar, en fecha Once (11) de Julio de 2019, el cual fue interpuesto por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), de ésta Coordinación del Trabajo, siendo presentado y consignado por la Ciudadana IRAIDA MUÑOS DE VALDERRAMA, previamente identificada actuando con el carácter de Presidente de la entidad de trabajo CENTRO MEDICO C.A., y quien estuviere debidamente asistida por el profesional derecho Ciudadano Jean Carlos Maita, inscrito en el Inpreabogado, bajo el Nº 91.735. en contra de la Providencia Administrativa N° 00067-2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Maturín estado Monagas, contenido en el expediente administrativo signado con el Nº 044-2018-01-01260, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, a favor de la ciudadana Merluy Vanesa Rodríguez Mata, en tal sentido corresponde a éste Tribunal pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, lo cual hace bajo los siguientes términos:

Solicita la parte recurrente, medida cautelar relativa a la suspensión de los efectos del Acto Administrativo en contra de la Providencia Administrativa N° 00067-2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Maturín estado Monagas, contenido en el expediente administrativo signado con el Nº 044-2018-01-01260, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, a favor de la ciudadana Merluy Vanesa Rodríguez Mata, por cuanto a su entender el mismo se encuentra viciado de nulidad al incurrir el Órgano Administrativo en los siguientes vicios: Vicio en el objeto, por su contenido de imposible e ilegal ejecución, de conformidad con lo establecido en el articulo 19, numeral 3 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo; Vicio de inconstitucionalidad por violación del derecho a la defensa, debido proceso e igualdad de las partes ante la Ley; Vicio de Falso Supuesto de Hecho y Derecho conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; así la Violación al principio de discrecionalidad, proporcionalidad y adecuación, por cuanto la misma no guarda relación o son inaplicables al presente asunto, por lo que se efectuó una interpretación errónea de la norma que conllevó a la decisión objeto de impugnación y es por lo que solicitó al Tribunal reconocer el daño que se causaría de no ser decretada de forma inmediata la suspensión de los efectos del acto impugnado.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Con respecto a estas medidas cautelares, en el caso de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la suspensión de efectos del acto administrativo recurrido se constituye, como la medida cautelar por antonomasia del procedimiento contencioso administrativo, e incluso, dado ese carácter típico, también debe considerarse de tal modo, bajo la regulación del ordenamiento jurídico vigente (Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), aunque allí no esté expresamente prevista.
En cuanto a dicha medida cautelar, se estableció de forma pacífica y reiterada, que constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, mediante la cual se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación, al ejecutarse la decisión administrativa que eventualmente resultare anulada, lo cual atentaría a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos, de los cuales nazca la convicción de un posible daño para la parte recurrente, por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede, sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado.
Significa, entonces, que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, a saber: El riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama. En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada, requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, está la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso…”.
En éste mismo sentido, y a mayor abundamiento, la misma Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en sentencia dictada en fecha 08 de diciembre de 2010, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa (Caso: Orlando Ramón Cuevas Terán Vs., Ministro del Poder Popular para la Defensa), estableció:
“…Ahora bien, conviene precisar que la medida de suspensión de efectos actualmente no está prevista en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 de fecha 29 de julio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010, ni en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, ello no implica que la misma no pueda ser acordada, al ser una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo, siendo además que, en todo caso, la misma debe analizarse en atención al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual prevé que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, y de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión supletoria que hace el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al Código de Procedimiento Civil, cuyo texto dispone: “Artículo 588 (…) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.
Así, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos, como antes se indicó, constituye una medida preventiva típica del contencioso administrativo, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un menoscabo a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En éste sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra en las exigencias del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para acordar la suspensión de efectos.
Establecidos los anteriores lineamientos pasa este Tribunal a verificar su cumplimiento en el caso concreto; y siendo que de la lectura efectuada puede bien observarse que el recurrente manifiesta que en principio le fue vulnerado el derecho a la defensa y debido proceso y tutela judicial efectiva dejándosele en perfecto estado de indefensión dada la violación por parte del ente administrativo (Inspectoría del Trabajo), al dictarle ésta providencia administrativa que ordenare el reenganche y pago de salarios caídos de la solicitante, ya que en su decir, el ente administrativo hiciere una valoración parcial y subjetiva de los elementos probatorios aportados por las partes. De igual modo se señala sobre la imposibilidad de la ejecutoriedad de la orden de reenganche y la reincorporación de la trabajadora sin que con ello se transgreda el orden constitucional y legal, toda vez, que las labores requeridas a la trabajadora fue para cubrir el disfrute vacacional de un personal. Que el requisito de fumus bonis iuris, se encuentra cubierto en tanto que de la simple lectura del acto administrativo impugnado, se pudo demostrar, en razón de haber cumplido la recurrente (entidad de trabajo), con su obligación de probar que el contrato y su última prórroga habían expirado. De otra parte en cuanto a lo que respecta al periculum in mora, manifiesta el recurrente, esto es, daños económicos no susceptibles de ser cuantificables, de ser éste causado, que son varias las providencias sobre solicitudes de reenganches que se han dictado en su contra, las cuales concentran condiciones similares siendo que ya se han ejecutado. Ahora bien de lo anteriormente señalado bien se observa que la parte recurrente no expresa de forma precisa en que forma el acto administrativo impugnado le causa un gravamen irreparable o de difícil reparación en cuanto a su alcance y efecto; so pena, de haberse dictado en su contra varias providencias administrativas sobre procedimientos similares.

Conforme a los criterios esbozados anteriormente, resulta evidente para este Juzgador declarar la procedencia de cualquier medida cautelar, la misma está condicionada al cumplimiento concurrente de dos requisitos esenciales, cuales son: 1) Que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger (fumus boni iuris), es decir, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, y que de la apreciación del sentenciador al decidir sobre la protección cautelar tal derecho sea realizable, en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere y 2) Que haya riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva. Adicionalmente, cuando se solicitan medidas cautelares innominadas, el Código de Procedimiento Civil incorpora un tercer requisito, que es el siguiente: 3) El temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni).

Así pues, pasa este Juzgador a realizar un análisis minucioso y exhaustivo a la solicitud de Medida Cautelar solicitada por el CENTRO MEDICO, C.A., representada por la ciudadana IRAIDA MUÑOS DE VALDERRAMA venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 3.025.760, actuando en su carácter de presidente, consistente en que se suspendan la suspensión de los efectos del Acto Administrativo en contra de la Providencia Administrativa N° 00067-2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Maturín estado Monagas, contenido en el expediente administrativo signado con el Nº 044-2018-01-01260, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, a favor de la ciudadana Merluy Vanesa Rodríguez Mata, a los fines de verificar si se cumplen los requisitos necesarios para la procedencia de la referida solicitud.
En cuanto al requisito, que exista temor fundado que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni), tal como se señaló supra, no quedó evidenciado en autos el daño irreparable o de difícil reparación, que causaría el acto administrativo objeto de impugnación, al patrimonio de la recurrente, por cuanto los fundamentos expresados no señalan de forma puntual o concreta el daño que se causaría, sino que se realizó un análisis general y dejado a criterio del Tribunal como algo sobre entendido, lo cual a criterio de este Sentenciador no es suficiente para cumplir con este requisito de procedencia. Así se decide.
En ese orden de ideas, se hace necesario señalar, que los pronunciamientos emanados de los Tribunales de la República, en materia de medidas cautelares, no pueden ser considerados como un pronunciamiento respecto al asunto principal, visto el carácter cautelar de los mismos, es decir, que el Tribunal en cualquier estado y grado de la causa, de oficio o a solicitud de parte interesada, podrá decretar o revocar cualquier medida que considere pertinente a los fines de garantizar a las partes el pleno ejercicio de sus derechos.
Por todo lo antes expuesto, y dadas las facultades conferidas por la ley, no cuenta este Tribunal con elementos de convicción suficientes para acordar la medida de suspensión solicitada. Así queda establecido.

DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, éste JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida cautelar, solicitada por el CENTRO MEDICO, C.A., representada por la ciudadana IRAIDA MUÑOS DE VALDERRAMA venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 3.025.760, actuando en su carácter de presidente, consistente en que se suspendan la suspensión de los efectos del Acto Administrativo en contra de la Providencia Administrativa N° 00067-2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Maturín estado Monagas, contenido en el expediente administrativo signado con el Nº 044-2018-01-01260, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, a favor de la ciudadana Merluy Vanesa Rodríguez Mata, SEGUNDO: No hay condenatoria en costas procesales en virtud de la naturaleza de la presente decisión.

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Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los Catorce (14) días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019). Año 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Edgar Casimiro Ávila.

El Secretario (a),
Abg.
En esta misma fecha se registró y publicó la sentencia, siendo las 02:00 p.m. Conste.-