TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas
212° y 163°
PARTE DEMANDANTE: ciudadana EMILIA DEL JESUS JARAMILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.621.087 y de este domicilio.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: abogado en ejercicio ciudadano ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 175.515 y de este domicilio, según se desprende de instrumento poder autenticado por ante la Notaria Pública Segunda del Estado Monagas, cursante a los folios 05 al 07 del presente expediente.-
PARTE DEMANDADA: ciudadanos GREYMAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA y LUIS EDUARDO BRITO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.746.478 y V-18.653.981, respectivamente y de este domicilio.-
ASISTENCIA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación alguna.-
MOTIVO: RECONOCIMEINTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO.-

EXPEDIENTE Nº: 12.729.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-

Se inicia la presente demanda de RECONOCIMEINTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO, interpuesta por el abogado en ejercicio ciudadano ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.371.489, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 175.515, en su carácter de apoderado de la ciudadana EMILIA DEL JESUS JARAMILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.621.087 y de este domicilio, contra los ciudadanos GREYMAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA y LUIS EDUARDO BRITO, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.746.478 y V-18.653.981, respectivamente y de este domicilio.-

Seguidamente, en fecha 12 de noviembre del 2.018, se recibe por distribución la demanda y se admite por auto de fecha 14 del mismo mes y año, librándose boleta de citación a las partes demandadas para que comparezcan al quinto (5to) día de despacho siguiente a la admisión a las diez de la mañana (10.00 a.m.), a los fines de que reconozcan en su contenido y firma el documento privado anexo a la presente demanda.-

En fecha 20 de noviembre de 2.018, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita al Tribunal fije día y hora para que el alguacil se traslade a practicar la citación de las partes demandadas, siendo acordado por el Tribunal en fecha 21 de noviembre de 2.018.-

En fecha 05 de febrero de 2.019, comparece la ciudadana VIRGINIA NAVARRO, en su carácter de alguacil y consigna boletas de citación sin firmar a nombre de las partes demandadas ciudadanos LUIS EDUARDO BRITO y GREYMAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA, ut supra identificados.-

En fecha 24 de abril de 2.019, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita al tribunal libre cartel de citación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.-

En fecha 25 de abril de 2.018, el Tribunal mediante auto, ordena librar cartel de citación a las partes demandadas para que sean publicados por los diarios de circulación regional (El Periódico y La Prensa de Monagas).-

En fecha 31 de julio de 2.019, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, consigna carteles de citación publicados en los diarios El Periódico de Monagas de fechas 17-07-2.019 y 24-07-2.019, La Prensa de Monagas de fecha 12-07-2.019.-

En fecha 31 de julio de 2.019, comparece el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita al Tribunal fije día y hora para que la ciudadana secretaria se traslade a fijar cartel de citación, como lo establece el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Fijándose oportunidad para el acto solicitado en fecha 01 de agosto de 2.019.-

Posteriormente en fecha 27 de septiembre de 2.018, comparece la abogada TATIANA CASTILLO, en su carácter de Secretaria y da cuenta a la ciudadana Jueza de este Tribunal que se traslado a fijar cartel de citación en la morada de las partes demandadas, dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, luego de que la parte actora solicitara nueva oportunidad por su inasistencia al acto fijado.-

En fecha 18 de noviembre de 2.019, comparece mediante escrito el ciudadano LUIS EDUARDO BRITO RENGEL, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.653.981, asistido por la abogada MARIA NELLYS SALAZAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 153.781, reconociendo en su contenido y firma el documento objeto del presente juicio.-

En fecha 27 de noviembre de 2.019, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita al Tribunal se le nombre defensor judicial a la ciudadana GREYNAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA parte demandada.-

En fecha 02 de diciembre de 2.019, el Tribunal acuerda designar como defensor judicial de la ciudadana GREYNAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA, parte demandada al abogado YOVANNY OSCAR MORENO MORENO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 147.307.-

En fecha 30 de enero de 2.020, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita al Tribunal se le nombre nuevo defensor judicial a la ciudadana GREYNAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA parte demandada.-

En fecha 05 de febrero de 2.020, el tribunal mediante auto, acuerda designar como nuevo defensor judicial de la ciudadana GREYNAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA, parte demandada al abogado CESAR AUGUSTO PEREZ VILLANUEVA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 183.692.-

En fecha 17 de febrero de 2.020, comparece la ciudadana VIRGINIA NAVARRO, en su carácter de alguacil y consigna boleta de notificación firmada a nombre del abogado CESAR AUGUSTO PEREZ VILLANUEVA.-

En fecha 19 de febrero de 2.020, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio CESAR AUGUSTO PEREZ VILLANUEVA, acepta la designación como defensor judicial de la parte demandada.-

En fecha 27 de febrero de 2.020, comparece mediante diligencia el abogado en ejercicio ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, con el carácter acreditado en autos, solicita se cite al abogado CESAR AUGUSTO PEREZ VILLANUEVA, ut supra identificado, en su carácter de defensor judicial de la parte demandada.-

En fecha 28 de febrero de 2.020, el Tribunal mediante auto, ordena librar boleta de citación a nombre del abogado CESAR AUGUSTO PEREZ VILLANUEVA, ut supra identificado en autos.-

Ahora bien, observa este Tribunal que en el presente juicio ha transcurrido más de un (1) año, sin que la parte haya efectuado acto de procedimiento alguno, es por lo que esta Juzgadora pasa a decretar la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, bajo las siguientes consideraciones:
ÚNICA

Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandante.

3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes…” o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”. (Subrayado Nuestro).-
Por otra parte, dispone el artículo 269 ejusdem, que: “La perención se verifica de derecho…. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
En virtud de tales normas, se puede observar que la regla general en materia de perención, es que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención.-
La Enciclopedia Jurídica Opus, define la perención como: “la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo”. Y su finalidad se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, de la forma siguiente: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso”.

En este sentido, el Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala: “Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”

De esta manera, tenemos que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.

Nuestra Ley Adjetiva Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, solicitud o impulso, cuando alguna disposición exige que el juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieran realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina que la perención se verifique de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado señala, “La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquel debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga” (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil).-

Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal de la República, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de junio de 2.001, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha apuntado en relación a la perención de la instancia, lo que de seguidas se copia en extracto:

“(…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. (…) por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del código de procedimiento civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del código de procedimiento civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. (…) También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del código de procedimiento civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden público, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del código de procedimiento civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menos, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, p que, los derechos alimentarios del menor –por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo por noventa días…”

Así las cosas, tenemos que el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé para los casos de inactividad procesal, la sanción de perención de la instancia cuando tal inactividad sea de un (1) año.-

Ahora bien, en el caso de marras la inactividad de la parte concreto en el año requerido por el legislador, para decretar la perención, vale decir, desde el día 27 de febrero del año 2.020, hasta los actuales momentos, situación está que hace procedente la Institución de la Perención de la Instancia. Y así se decide.-

DECISIÓN

En fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con los artículos 267.1 y 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, intentado por el abogado en ejercicio ciudadano ARTURO FIDEL RAMIREZ ROJAS, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.371.489, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 175.515, en su carácter de apoderado de la ciudadana EMILIA DEL JESUS JARAMILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.621.087 y de este domicilio, contra los ciudadanos GREYMAR DEL VALLE AZOCAR MUDARRA y LUIS EDUARDO BRITO, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.746.478 y V-18.653.981, respectivamente y de este domicilio; por haber transcurrido más de un (01) año sin que las partes impulsaran el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia de la anterior declaratoria, y en virtud de que existe una medida decretada, se ordenara su levantamiento una vez que quede definitivamente la decisión. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-

En virtud de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria a publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, asimismo se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará el archivo del presente expediente.-

Publíquese. Diarícese regístrese y déjese constancia en los sitios web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve y en la página web www.monagas.scc.org.ve, así como copia para el copiador de sentencias.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín, a los 03 días del mes de junio del año dos mil veintidós (2.022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.-
LA JUEZA,

NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ.
LA SECRETARIA,

FRANCIS CANELON

Siendo las 12:05 p.m. se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.-

LA SECRETARIA,

FRANCIS CANELON

EXP Nº: 12.729
ABG. NRR/jr.-