República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas
212° y 163°
PARTE DEMANDANTE: ciudadano JEAN CARLOS VALDEZ PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.795.223, y de este domicilio.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicio ciudadanos FRANBERT JOSE SANCHEZ, FERNANDO ANDRES SANCHEZ G., y JOSEFINA LUPO, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 61.549, 15.985 y 166.288 de este domicilio, según se desprende de instrumento poder cursante al folio 75 del presente expediente.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil LA CIMA DE LA BELLEZA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 12 de marzo de 2.006, bajo el N° 16, Tomo A-9, representada por las ciudadanas ELSY MARIA GOMEZ VELIZ y VENERA EMPERATRIZ LARA VEGAS, venezolanas mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.338.200 y V-6.921.440, respectivamente y de este domicilio, en su carácter de Presidenta y Vicepresidenta.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: abogados en ejercicio ciudadanos RAMON ORLANDO PINO y EFRAIN CASTRO BEJA (+), inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 6.651 y 7.345 de este domicilio, según se desprende de instrumento poder cursante al folio 77 del presente expediente.-
MOTIVO: DESALOJO (LOCAL COMERCIAL).-
EXPEDIENTE Nº: 12.796.-
SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-
Se inicia la presente demanda de DESALOJO (LOCAL COMERCIAL), interpuesta por el ciudadano JEAN CARLOS VALDEZ PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.795.223, asistido por el abogado en ejercicio FERNANDO ANDRES SANCHEZ G., inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 15.985, contra Sociedad Mercantil LA CIMA DE LA BELLEZA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 12 de marzo de 2.006, bajo el N° 16, Tomo A-9, representada por las ciudadanas ELSY MARIA GOMEZ VELIZ y VENERA EMPERATRIZ LARA VEGAS, venezolanas mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.338.200 y V-6.921.440, respectivamente y de este domicilio, en su carácter de Presidenta y Vicepresidenta.-
En fecha 25 de septiembre de 2.019, se recibe por distribución y se admite por auto de fecha 30 del mismo mes y año, librándose boleta de citación a la Sociedad Mercantil LA CIMA DE LA BELLEZA, C.A., ut supra identificada, representada por las ciudadanas ELSY MARIA GOMEZ VELIZ y VENERA EMPERATRIZ LARA VEGAS, ut supra identificadas.-
En fecha 09 de octubre de 2.019, comparece mediante diligencia el ciudadano JEAN CARLOS VALDEZ PRIETO, ut supra identificado, asistido por el abogado FERNANDO ANDRES SANCHEZ G., inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 15.985, a fin de poner a disposición los medios y recursos necesarios para que la ciudadana alguacil practique la citación de la parte demandada y a su vez confiere poder apud acta a los abogados en ejercicio FRAMBERT JOSE SANCHEZ G., FERNANDO ANDRES SANCHEZ G. y JOSEFINA LUPO ITALIANO, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 61.549, 15.985 y 166.288, respectivamente.-
En fecha 11 de octubre de 2.019, comparece la ciudadana VENERA EMPERATRIZ LARA VENEGAS, ut supra identificada y otorga poder apud acta a los abogados en ejercicio RAMON ORLANDO PINO GUZMAN y EFRAIN CASTRO BEJA, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 6.651 y 7.345, respectivamente.-
En fecha 11 de octubre de 2.019, comparece la ciudadana VIRGINIA NAVARRO, en su carácter de alguacil y consigna boleta de citación firmada por la ciudadana VENERA EMPERATRIZ LARA VENEGAS, ut supra identificada, a nombre de la parte demandada Sociedad Mercantil LA CIMA DE LA BELLEZA, C.A.-
En fecha 21 de octubre de 2.019, el abogado en ejercicio FERNANDO ANDRES SANCHEZ G., con el carácter de apoderado judiacial de la parte demandante, solicita se decrete medida cautelar de secuestro.-
En fecha 23 de octubre de 2.019, comparece mediante diligencia la ciudadana VENERA EMPERATRIZ LARA VENEGAS, asistida por el abogado RAMON ORLANDO PINO GUZMAN, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 15.985 y se opone a la solicitud de la medida cautelar de secuestro.-
En fecha 28 de octubre de 2.019, el Tribunal niega la medida de secuestro solicitada por cuaderno separado.-
En fecha 11 de noviembre de 2.019, comparece mediante escrito la ciudadana VENERA EMPERATRIZ LARA VENEGAS, parte demandada, asistida por el abogado RAMON ORLANDO PINO GUZMAN, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 15.985, procediendo a reconvenir la demanda.-
En fecha 19 de noviembre de 2.019, este Tribunal mediante auto admite la reconvención propuesta por la parte demandada.-
En fecha 19 de noviembre de 2.019, el apoderado judicial de la parte demandante presenta escrito de contestación a la reconvención presentada, el cual es ratificado en fecha 25 de noviembre del 2.019.-
En fecha 28 de noviembre de 2.019, este Tribunal mediante auto fija el quinto (5to) día de despacho siguiente para que tenga lugar la audiencia preliminar.-
En fecha 05 de diciembre de 2.019, este Tribunal efectua la audiencia preliminar, estando presentes los abogados FERNANDO ANDRES SANCHEZ, y EFRAIN CASTRO BEJA, supra identificados, apoderados judiciales de la parte demandante y demandada, consignado en este mismo acto escrito de promoción de pruebas.-
En fecha 10 de diciembre de 2.019, el Tribunal fija los límites de la controversia de conformidad con el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.-
En fecha 16 de diciembre de 2.019, comparecen los abogados FERNANDO ANDRES SANCHEZ y RAMON ORLANDO PINO GUZMAN, apoderados de la parte demandante y demandada, sucesivamente, consignando escrito de promoción de pruebas.-
En fecha 08 de enero de 2.020, este Tribunal admite los escritos de pruebas presentados por los apoderados judiciales de las partes demandante y demandada.-
En fecha 27 de febrero de 2.020, el Tribunal mediante auto fija el trigésimo (30) día de despacho siguiente para que tenga lugar la audiencia oral y pública.-
En fecha 06 de marzo de 2.020, comparece el apoderado judicial de la parte demandada, abogado EFRAIN CASTRO BEJA, solicitando oportunidad para la citación del demandante para las posesiones juradas.-
Ahora bien, observa este Tribunal del estudio exhaustivo de la presente causa que ha transcurrido más un (1) año, sin que las partes hayan efectuado acto de procedimiento alguno, es por lo que esta Juzgadora pasa a decretar la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, bajo las siguientes consideraciones:
ÚNICA
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandante.
3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes…” o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”. (Subrayado Nuestro).-
Por otra parte, dispone el artículo 269 ejusdem, que: “La perención se verifica de derecho…. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
En virtud de tales normas, se puede observar que la regla general en materia de perención, es que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención.-
La Enciclopedia Jurídica Opus, define la perención como: “la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo”. Y su finalidad se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, de la forma siguiente: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso”.
En este sentido, el Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala: “Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”
De esta manera, tenemos que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.
Nuestra Ley Adjetiva Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, solicitud o impulso, cuando alguna disposición exige que el juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieran realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina que la perención se verifique de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado señala, “La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquel debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga” (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil).-
Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal de la República, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de junio de 2.001, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha apuntado en relación a la perención de la instancia, lo que de seguidas se copia en extracto:
“(…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. (…) por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del código de procedimiento civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del código de procedimiento civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. (…) También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del código de procedimiento civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden público, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del código de procedimiento civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menos, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, p que, los derechos alimentarios del menor –por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo por noventa días…”
Así las cosas, tenemos que el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé para los casos de inactividad procesal, la sanción de perención de la instancia cuando tal inactividad sea de un (1) año o más.-
Ahora bien, en el caso de marras la inactividad de las partes concreto en el año requerido por el legislador, para decretar la perención, vale decir, desde el día 06 de marzo del año 2.020, hasta los actuales momentos, situación está que hace procedente la Institución de la Perención de la Instancia. Y así se decide.-
DECISIÓN
En fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con los artículos 267.1 y 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, intentado por el ciudadano JEAN CARLOS VALDEZ PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.795.223, asistido por el abogado en ejercicio FERNANDO ANDRES SANCHEZ G., inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 15.985, respectivamente y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil LA CIMA DE LA BELLEZA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 12 de marzo de 2.006, bajo el N° 16, Tomo A-9, representada por las ciudadanas ELSY MARIA GOMEZ VELIZ y VENERA EMPERATRIZ LARA VEGAS, venezolanas mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.338.200 y V-6.921.440, respectivamente y de este domicilio, en su carácter de Presidenta y Vicepresidenta; por haber transcurrido más de un (01) año sin que las partes impulsaran el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia de la anterior declaratoria, no hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
En virtud de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria a publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, asimismo se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará el archivo del presente expediente.-
Publíquese. Diarícese regístrese y déjese constancia en los sitios web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve y en la página web www.monagas.scc.org.ve, así como copia para el copiador de sentencias.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín, a los 03 días del mes de junio del año dos mil veintidós (2.022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.-
LA JUEZA,
NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ.
LA SECRETARIA,
FRANCIS CANELON
Siendo las 10:15 a.m. se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.-
LA SECRETARIA,
FRANCIS CANELON
EXP Nº: 12.976
ABG. NRR/jr.-
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