TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En Nombre
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas

213° y 164°

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

PARTE DEMANDANTE: sociedad mercantil CNPC SERVICES VENEZUELA LTD S.A., constituida e inscrita por ante el Registro de Comercio del Registro Mercantil V de la Circunscripción judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de agosto de 2.001, quedando anotada bajo el Nº 67, Tomo 575-A Qto.

APODERADO JUDICIAL ACTUANTE DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicio CARLOS MORELLO y GREGORY RAMIREZ MACHADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° V-15.878.682 y V-17.262.996, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 113.571 y 122.659 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Lechería.-

PARTE DEMANDADA: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, GASÍFERA Y SUS SIMILARES DE LOS MUNICIPIOS CEDEÑO, ACOSTA Y PIAR DEL ESTADO MONAGAS (SINTRAINPENCAPEM), en la persona de su Secretario General LUÍS RAFAEL SILVA, titular de la cedula de identidad Nº V-8.328.494, SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA (SINTRAPETMUSB), en la persona de su Secretario General LUÍS MARQUES MAESTRE, titular de la cedula de identidad Nº V-8.354.160; FEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE PETROLEOS, GAS, SUS SIMILARES Y DERIVADOS DE VENEZUELA (FUTPV), en la persona de su representante RAFAEL TRINITARIO RODRÍGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-9.897.219; TRABAJADORES AFILIADOS A LOS MENCIONADOS SINDICATOS ciudadanos ALEJANDRO FARIÑAS RENGEL (Jefe de Reclamos de SINTRAPETMUSB), ANTONIO CAMACHO, YAMIL JOSÉ PAREDES, EDWAR JAVIER LEAL, JULIO CESAR DIMAS Y JULIO CESAR SÁNCHEZ, titulares de la cedula de identidad N° V-9.901.079, V-13.248.309, V-14.634.769, V-12.443.741, V-8.452.111 y V-13.784.049, respectivamente.-
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.-

EXPEDIENTE: 31.735.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.-

La presente litis fue recibida en fecha 25 de febrero de 2.009 y posteriormente, en fecha 27 de febrero de ese mismo año, este Tribunal declaró su incompetencia en razón de la materia para su conocimiento.-

En fecha 02 de marzo de 2.009, se hacen presentes los apoderados judiciales de la parte accionante y solicitan la regulación de la competencia.

Cursa inserto al folio 50 del presente expediente, auto de entrada de la demanda y ordenando librar boletas de notificación a la parte demandada, al Defensor del Pueblo y al Fiscal Superior del Ministerio Público.-

El Alguacil de este Juzgado consignó en fecha 16 de septiembre de 2.009, dos (02) boletas de notificación debidamente firmadas y recibidas por el Defensor del Pueblo y el Fiscal Superior del Ministerio Público. No existiendo hasta la presente fecha ninguna otra actuación, por ello, esta Operadora de Justicia en aras de mantener el orden procesal procede a abocarse de oficio a la presente causa en virtud que fui designada como Jueza Suplente de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº TSJ-CJ- N° 1840-2021, de fecha 21 de octubre de 2.021 y siendo debidamente convocada por la Rectoría del Estado Monagas en fecha 16 de octubre del año 2.023, para cubrir faltas de los Jueces Provisorios, tomando posesión del Tribunal en fecha 19 de octubre del presente año; y al respecto observa:
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ÚNICO

El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil señala: “…el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión...”. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes. Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia acelerada y preferente.-

Seguidamente, se procede a revisar las actuaciones que conforman el presente expediente, observándose que la última actuación realizada por el alguacil de este Juzgado fue en fecha 16 de septiembre de 2.009, cuando consigna las boletas de notificación debidamente firmadas y recibidas, en consecuencia de ello, han transcurrido catorce (14) años, tres (03) meses y cinco (05) días desde la última actuación, sin que la parte concernida haya mostrado interés en la prosecución de la presente acción, pues no ha hecho acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado alguno.-

En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 01 de Junio de 2.001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, se pronunció respecto a esta conducta asumida por la parte agraviada en las acciones de amparo constitucional, de la manera siguiente:

“Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional ocurrió hace más de siete (7) meses, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), en los siguientes términos: “... la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”

Conforme a ello, este Tribunal considera que el querellante con su falta de impulso en la actividad de este Órgano Jurisdiccional en aras de que se procediera a dictar la decisión correspondiente, ha abandonado el tramite del proceso en la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por él, por lo que debe señalar quien aquí decide que la acción de amparo debe ser breve y expedita, y por tanto el querellante y/o accionante debe mantener en todo momento presente su interés procesal.-

En mérito a lo anterior y constatado este Juzgado la falta de interés de la parte presuntamente agraviada para practicar la notificación de la parte presunta agraviante en el presente expediente en ésta instancia judicial, considera motivo suficiente para declarar EL ABANDONO DEL TRAMITE Y POR ENDE TERMINADO EL PROCEDIMIENTO y ordena el archivo judicial del presente expediente. Y así se decide.-

DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en total apego al Criterio Jurisprudencial emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 01 de Junio de 2.001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO el cual fue precedentemente transcrito, DECLARA: EL ABANDONO DEL TRAMITE del presente juicio de AMPARO CONSTITUCIONAL intentado por la sociedad mercantil CNPC SERVICES VENEZUELA LTD S.A., contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, GASÍFERA Y SUS SIMILARES DE LOS MUNICIPIOS CEDEÑO, ACOSTA Y PIAR DEL ESTADO MONAGAS (SINTRAINPENCAPEM), en la persona de su Secretario General LUÍS RAFAEL SILVA, SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA (SINTRAPETMUSB), en la persona de su Secretario General LUÍS MARQUES MAESTRE, FEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE PETROLEOS, GAS, SUS SIMILARES Y DERIVADOS DE VENEZUELA (FUTPV), en la persona de su representante RAFAEL TRINITARIO RODRÍGUEZ, TRABAJADORES AFILIADOS A LOS MENCIONADOS SINDICATOS ciudadanos ALEJANDRO FARIÑAS RENGEL, ANTONIO CAMACHO, YAMIL JOSÉ PAREDES, EDWAR JAVIER LEAL, JULIO CESAR DIMAS Y JULIO CESAR SÁNCHEZ, todos anteriormente identificados. Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Publíquese. Diarícese regístrese y déjese constancia en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como copia para el copiador de sentencias.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la ciudad de Maturín, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año 2.023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
JUEZA SUPLENTE,

ABG. NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ

LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN
Siendo las 3:10 p.m., se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.

LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN

Exp. N° 31.735
Abg. NJRR/yt