REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
DECIDE:
EXPEDIENTE: 49.414/AC
PARTE DEMANDANTE: ciudadano CARLOS ALBERTO PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 7.626.677, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
PARTE DEMANDADA: ciudadanos HUGO FARIA BENITEZ Y JUAN CARLOS FARIA BENITEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 10.444.782 y V-13.297.093, respectivamente, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
JUICIO: PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD (ORDINARIA)
FECHA DE ENTRADA: 01de junio de 2017
I
NARRATIVA
Recibida de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta circunscripción judicial, la demanda que por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD (ORDINARIA), fue incoada por el ciudadano CARLOS ALBERTO PACHECO en contra de los ciudadanos HUGO FARIA BENITEZ Y JUAN CARLOS FARIA BENITEZ, todos ut supra identificados; este Juzgado mediante auto de fecha 01-06-2017, le dio entrada, ordenó formar expediente y la admitió en cuanto ha lugar en derecho por no ser contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres, ordenándose citar a la parte demandada.
Así las cosas, en fecha 16-06-2017, el apoderado judicial de la parte accionante presentó diligencia solicitando el libramiento de los recaudos de citación a la parte demandada. Asimismo este Juzgado en fecha 21-06-2017, libró la boleta de citación de la parte demandada.
Posteriormente en fecha 26-06-2017, el Alguacil de este despacho expuso haber recibido los emolumentos necesarios para llevar a efecto la citación de la parte demandada.
Ahora bien, como quiera que hasta la presente fecha la parte accionante no ha dado el impulso procesal correspondiente, esta Juzgadora estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:
II
PARTE MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el procesalista Argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, constituye lo siguiente:
“...es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley”
Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención (omisis)…”
Así pues, de acuerdo con lo establecido por la norma ut supra citada, toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin que se haya verificado impulso procesal alguno por las partes del proceso, aclarando el legislador más adelante (en los artículos 270 y 271 ejusdem) que ello no impide proponer nuevamente la demanda, aunque sí existe una imposibilidad pro tempore, ya que el demandante no podrá demandar antes de transcurrido el lapso de noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Ahora bien, en el caso específico de autos, observa esta Juzgadora de las actas procesales que en fecha 26-06-2017, el Alguacil de este Juzgado expuso haber recibido los emolumentos necesarios a los efectos de practicar la citación personal de la parte demandada; no obstante, desde dicha fecha hasta la actualidad la parte actora no ha realizado ninguna otra actuación tendiente a dar continuidad a la presente causa.
En derivación, dado que la continuación del presente proceso dependía de la diligencia de la parte demandante, y dada su inactividad por más de siete (07) años contados desde la fecha 26-06-2017, es evidente que en la presente causa se encuentra configurada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en razón de lo cual, a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado debe declarar la EXTINCIÓN DEL PROCESO. Y así se decide.-
III
PARTE DISPOSITIVA
En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA:
ÚNICO: PERIMIDA la instancia en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD (ORDINARIA) fue incoado por el ciudadano CARLOS ALBERTO PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 7.626.677, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, contra los ciudadanos HUGO FARIA BENITEZ Y JUAN CARLOS FARIA BENITEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 10.444.782 y V-13.297.093, respectivamente, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia; en consecuencia, se declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve
Déjese copia certificada de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
NOTIFÍQUESE a la parte demandante.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Años: 213° de la Independencia y 165° de la Federación.
LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
EL SECRETARIO
Abg. HUMBERTO PEREIRA GONZÁLEZ
En la misma fecha se publicó la anterior resolución bajo el Nro.029-2024, en el expediente signado con el N° 49.414 de la nomenclatura interna de este Juzgado y se libró boleta de notificación al demandante.
EL SECRETARIO
Abg. HUMBERTO PEREIRA GONZÁLEZ
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