DISPOSITIVA Por todos los razonamientos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República y Por Autoridad de la Ley: ACUERDA, la Fórmula Alternativa de Cumplimiento de Pena "REGIMEN O ESTABLECIMIENTO ABIERTO", al penado ERNESTO RAFAEL CEDEÑO SALAZAR, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.281.328, natural de Río Caribe Estado Sucre, donde nació en fecha 23-11-1963, obrero, hijo de Eduvige Cedeño y de Lilia Rosa Salazar Velásquez, domiciliado en la carrera 17-A de esta Ciudad de Maturín, por encontrarse llenos los extremos exigidos en el Artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, en relación con el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, y el cual deberá cumplir en el Centro de Tratamiento Comunitario "Francisco de Miranda", de esta ciudad de Maturín. Líbrese Oficio al ciudadano Director del Internado Judicial de .....

Por las razones antes expuestas y de conformidad con lo pautado en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

DECLARA LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

...HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, y una vez que conste el cumplimiento del acuerdo por este documento suscrito, se ordenará el Archivo del Presente asunto. Se deja constancia que el plazo aquí señalado para el cumplimiento del acuerdo, implica el plazo para el cumplimiento voluntario de la decisión que dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en consecuencia, en caso de no realizar el pago en la oportunidad señalada, se procederá a la ejecución forzosa, previa solicitud de la parte, conforme lo disponen los Artículos 180 y 181 de la Ley Adjetiva Laboral.-

Se declara: Desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la decisión de fecha 9 de octubre de 2007, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en juicio que por cobro de PRESTACIONES SOCIALES incoara el ciudadano: WOLFAN ANTONIO RUIZ CARIACO contra la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCION 22, C.A., en consecuencia, queda confirmada la referida decisión y se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluida la Audiencia Preliminar y por cuanto el presente acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. El Tribunal hizo entrega de las pruebas presentadas por las partes.

Se decreta medida cautelar sustitutiva en contra del imputado Luis Enrique Ugas, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se ordena el pase a juicio en la causa seguida al acusado LUIS JAVIER CADENAS HERNANDEZ; por ser el presunto autor del delito de HOMICIDIO EN RIÑA.

DECRETA: MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes propiedad o en posesión del ciudadano ALEXANDER AGUILERA, hasta por la cantidad de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (14.300.000,00 Bs.) o CATORCE MIL TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (14.300,00 Bs. F), si recae sobre dinero en efectivo y hasta por el doble de dicha cantidad si recae sobre bienes.

Declara : PROCEDENNTE la medida cautelar solicitada ORDENA: Que el solicitante presente una garantía a satisfacción del Tribunal de hasta 25 Salarios Mínimos, es decir la cantidad de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 15.369.750,00) y una vez acreditada se procederá a decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.