TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas

215° y 166°

PARTE DEMANDANTES: ciudadanos NANCY JOSEFINA GONZALEZ DE LOPEZ, ZOREMMY FABIOLA LOPEZ GONZALEZ y MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.336.396, V-19.662.863 y V-22.706.764, respectivamente, todos de este domicilio.-

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: ciudadanos RAIZA JOSEFINA ALVAREZ y BALMORE ACEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° V-11.338.156 y V-6.920.877, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 169.574 y 36.659, con número de teléfonos: 0424-9263400 y 0414-8579223, y con correo electrónicos: raizajosefinaalvarez@gmail.com y acevedobalmore@gmail.com respectivamente, ambos este domicilio.-

PARTE DEMANDADA: ciudadanos JOSE MANUEL LOPEZ SILVA, ELENICZER DEL VALLE ENRIQUE LOPEZ y JORGE LOPEZ PEREIRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-22.712.464, V-30.439.745 y V-6.099.536, respectivamente y de este domicilio.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadano JOSÉ FRANCISCO AVILA MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.346.987, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 12.879 y de este domicilio, según consta de instrumento poder cursante a los folios 79 al 81 del presente expediente.-

MOTIVO: PARTICIÓN DE BIENES COMUNES.-

EXPEDIENTE: Nº 34.779.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-

Se inicia la presente causa por demanda de PARTICIÓN BIENES COMUNES, recibida en fecha 08 de noviembre 2.021, mediante distribución, interpuesta por los ciudadanos NANCY JOSEFINA GONZALEZ DE LOPEZ, ZOREMMY FABIOLA LOPEZ GONZALEZ y MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ, debidamente representados por los abogados RAIZA JOSEFINA ALVAREZ y BALMORE ACEVEDO RIVAS, contra los ciudadanos JOSE MANUEL LOPEZ SILVA, ELENICZER DEL VALLE ENRIQUE LOPEZ y JORGE LOPEZ PEREIRA, identificados en el encabezado de la presente decisión; se le dio entrada en fecha 09 de noviembre 2.021, ordenándose formar el expediente, numerarse y anotarse en el libro de causas respectivo, siendo admitida en fecha 11 de noviembre 2.021, librándose la respectiva boleta de citación a la parte demandada. Asimismo, se ordenó la apertura del cuaderno de medidas.-

En fecha 23 de noviembre de 2.021, comparecen los ciudadanos NANCY JOSEFINA GONZALEZ DE LOPEZ, ZOREMMY FABIOLA LOPEZ GONZALEZ y MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ y confieren poder apud actas al abogado WILFREDO JOSE HERNANDEZ LATTAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 221.036. Seguidamente, en fecha 24 de noviembre del 2.021, solicito instar al alguacil a la práctica de la citación de los demandados. Posteriormente, en fecha 03 de diciembre de ese mismo año, el ciudadano alguacil de este Despacho, consigna boletas de citación debidamente firmada por los co-demandados JOSE MANUEL LOPEZ SIVAS y ELENICZER DEL VALLE ENRIQUE LOPEZ, y una sin firmar del co-demandado JORGE LOPEZ PEREIRA; por lo que a solicitud de la parte demandante el Tribunal por auto de fecha 17 de enero 2.022, ordena librar cartel de notificación conforme al artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y en fecha 18 de enero 2.022, la ciudadana Secretaria de este Tribunal, dejó constancia que en esta misma fecha le entregó el cartel de notificación al co-demandado ciudadano JORGE LOPEZ PEREIRA, en la sede de este Tribunal.-

En fecha 09 de febrero del 2.022, compareció por ante este Tribunal el ciudadano JOSE FRANCISCO AVILA MARCANO, actuando como apoderado judicial de los co-demandados JOSE MANUEL LOPEZ SILVA ELENICZER DEL VALLE ENRIQUE LOPEZ y JORGE LOPEZ PEREIRA, plenamente identificados, y consigna instrumenta poder que le acredita su representación, así como también escrito mediante el cual promovió la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.-

En fecha 04 de abril del 2.024, comparecieron los ciudadanos NANCY JOSEFINA GONZALEZ DE LOPEZ, ZOREMMY FABIOLA LOPEZ GONZALEZ y MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ, otorgando poder apud acta, a los abogados RAIZA JOSEFINA ALVAREZ y BALMORE ACEVEDO, todos identificados up supra.-

En fecha 08 de abril del 2.024, la representación judicial de la parte demandante solicitó el abocamiento de la ciudadana Jueza.-

Seguidamente en fecha 11 de abril 2.024, se dictó auto de abocamiento al conocimiento de la causa al estado en que se encuentra por parte de la ciudadana Jueza Provisoria de este Tribunal, abg. NEYBIS JOSE RAMONCINI RUIZ, ordenando notificar a la parte demandada.-

Ahora bien, observa este Tribunal que en el presente juicio han transcurrido más de un (1) año, sin que la parte haya efectuado acto de procedimiento alguno, es por lo que esta Juzgadora pasa a decretar la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, bajo las siguientes consideraciones:

Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandante.
3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes…” o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”. (Subrayado Nuestro).-

Por otra parte, dispone el artículo 269 ejusdem, que: “La perención se verifica de derecho…. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.

En virtud de tales normas, se puede observar que la regla general en materia de perención, es que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención.-
La Enciclopedia Jurídica Opus la define como: “la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo”. Y su finalidad se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, de la forma siguiente: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso”.

En este sentido, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala: “Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”

De esta manera, tenemos que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.

Nuestra Ley Adjetiva Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, solicitud o impulso, cuando alguna disposición exige que el juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieran realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina que la perención se verifique de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado señala, “La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquel debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga”. (Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil).-

Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal de la República, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de junio de 2.001, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha apuntado en relación a la perención de la instancia, lo que de seguidas se copia en extracto:
“(…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. (…) por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad especifica en determinados plazos (caso del articulo 354 del código de procedimiento civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del código de procedimiento civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. (…) También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el articulo 271 del código de procedimiento civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden publico, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el articulo 271 del código de procedimiento civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden publico, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menos, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, p que, los derechos alimentarios del menor –por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo por noventa días…”

Así las cosas, tenemos que el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé para los casos de inactividad procesal, la sanción de perención de la instancia cuando tal inactividad sea de un (1) año.-
Ahora bien, estima este Tribunal que, habiendo transcurrido un (2) años y dos (2) días desde la última actuación en la presente causa por la parte de la parte demandante, ocurrida en fecha 08 de abril 2.024, tiempo que supera con creces el previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin haberse logrado la continuación del presente juicio, es procedente la perención de la instancia. Y así se decide.-

DECISION

En fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE PARTICIÓN BIENES COMUNES, interpuesto por los NANCY JOSEFINA GONZALEZ DE LOPEZ, ZOREMMY FABIOLA LOPEZ GONZALEZ y MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.336.396, V-19.662.863 y V-22.706.764, respectivamente contra los ciudadanos JOSE MANUEL LOPEZ SILVA, ELENICZER DEL VALLE ENRIQUE LOPEZ y JORGE LOPEZ PEREIRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-22.712.464, V-30.439.745 y V-6.099.536, respectivamente; por haber transcurrido en el caso de autos el lapso legal previsto para tales efectos, sin que conste de ellos la ejecución en ese período, de algún acto de procedimiento en él por parte del accionante.

Publíquese, Diarícese, notifíquese, regístrese y déjese constancia en los sitios web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como copia para el copiador de sentencias.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la ciudad de Maturín, a los diez (10) días del mes de abril del año 2.026. Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ.

LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN

Siendo las 3:00 p.m., se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.-

LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN

Expediente N° 34.779
Abg. NJRR/yd