REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con Competencia en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba. Maturín, 21 de abril de dos mil veintiséis (2026) 215° y 167° JUEZ PONENTE: MIRCIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ASUNTO Nº NB31-R-2005-00008 En fecha 02 de agosto de 2025, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, Oficio Nº 079/2025 de fecha 09 de julio de 2025, mediante el cual se remitió expediente contentivo de Cuaderno Separado de Estimación de Honorarios Profesionales, proveniente del entonces Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor- Oriental, aperturado en ese Juzgado en fecha 11 de noviembre de 2004, interpuesto por el abogado YOER MENESES VIVENES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 4.214.109, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 46.962, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SOTILLO, Instituto Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por acuerdo de la Cámara Municipal del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria de fecha 22 de abril de 1994, en virtud del poder debidamente autenticado ante la Notaria Publica Primera de Puerto La Cruz, Municipio Sotillo autenticado ante la Notaria Publica Primera de Puerto La Cruz, Municipio Sotillo del estado Anzoátegui en fecha 16 de agosto de 2000, anotado bajo en N° 52, Tomo 83 de los libros de autenticaciones. En fecha 11 de noviembre de 2004, se le dio entrada a la presente demanda. En esta misma fecha, el entonces Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor- Oriental (hoy Juzgado Superior Contencioso Administrativo del estado Anzoátegui), dictó auto mediante cual declaró “INADMISIBLE” la estimación de honorarios presentada. En fecha 22 de noviembre de 2004, la parte recurrente apela de la decisión del Juzgado a quo. En fecha en fecha 10 de febrero de 2005, el Juzgado a quo oyó la apelación en ambos efectos, ordena el desglose y envió a la Corte del recurso de apelación y del cuaderno separado de estimación. En fecha 29 de marzo de 2005, el Juzgado Superior remitió el presente expediente a la entonces Corte. En fecha 25 de abril de 2005, se recibió en la entonces Corte Primera y Segunda la presente causa. En fecha 31 de mayo de 2005, la entonces Corte Primera dictó auto de abocamiento, para el inicio de la relación de la causa y el lapso de formalización. En fecha 04 de abril 2006, se dio cuenta a la entonces Corte y se inicia la relación de la causa. En esta misma fecha se fijó lapso para que la parte apelante consigne formalización del recurso de apelación interpuesto. En fecha 04 de mayo de 2006, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de informes. En fecha 03 de abril de 2014, la entonces Corte Primera se abocó al conocimiento de la causa y se ordenó que una vez vencidos los lapsos correspondientes se pasaría el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que se pronuncie sobre las pruebas presentadas. En fecha 22 de mayo de 2025, mediante oficio Nro COORD/000108/2025 la Sala Político ordenó paralizar las causas a fin de que sean remitidas a este Juzgado Nacional. En fecha 17 de junio de 2025, se ordenó la remisión de las causas correspondientes, siendo recibidos los expedientes en fecha 02 de agosto de 2025. En fecha 02 de septiembre de 2025, se realizó la distribución manual de las causas recibidas en este Juzgado Nacional y se designó Juez Ponente a la Jueza Presidente Mircia Rodríguez, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines del pronunciamiento acerca de la causa presente. En fecha 11 de febrero de 2026, abocó al conocimiento de la causa este Juzgado Nacional. En fecha 24 de febrero de 2026, este Juzgado Nacional dicto auto en el cual ordenaba la notificación de la parte recurrente a fin de que esta manifieste interés en la presente causa. En la misma fecha se libró boleta de notificación en cartelera. En fecha 19 de marzo de 2026, la secretaria del Juzgado Nacional retiró la boleta de notificación de la cartelera de este Juzgado, dando así por notificada a la parte recurrente. ÚNICO De la lectura pormenorizada del presente expediente, observa la inactividad de la parte apelante puesto que, desde que presento diligencia de fecha 23 de mayo de 2006, mediante la cual consignó escrito de promoción de pruebas, no realizó actuación alguna en esta instancia judicial, constatándose que hasta la fecha, han trascurrido más de diecinueve (19) años sin que la parte haya realizado acto alguno a fin de dar impulso a la apelación ejercida contra la sentencia definitiva que declaró “INADMISIBLE” la demanda de estimación de honorarios. Al respecto, se trae a colación lo expresado por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante la decisión Nº 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente: “(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia Nº 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (…)” (Resaltado de este Juzgado). Criterio reforzado a través de la sentencia Nº 36 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de junio de 2017, con ponencia del Magistrado Malaquias Gil Rodríguez, refirió la sentencia dictada con ocasión al fallo número 1923 de fecha tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante la cual la Sala Constitucional realizó una sistematización de los criterios jurisprudenciales que sustentan su doctrina en torno a la cuestión de los efectos jurídicos que comporta la pérdida de interés procesal de la actora, en la cual esbozó lo siguiente: “…cuando la parte hace uso de su derecho a accionar ante los órganos de administración de justicia debe mantener y demostrar el interés que tiene en la resolución de la causa, so pena de que sea declarado el decaimiento de la acción. Al respecto, mediante decisión N° 956/2001, Caso: Fran Valero González y otra, la Sala expresó: “…la pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (...). La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (...)” (subrayado actual de la Sala). …omissis… Ahora bien, las consecuencias de esa pérdida del interés han sido objeto de estudio por parte de la Sala en el fallo N° 1167/2001, donde se estableció que: “… a juicio de esta Sala, la diferencia entre los efectos de la pérdida de la acción y la extinción del proceso son claros en el Código de Procedimiento Civil, ya que mientras el desistimiento de la acción, lo que conlleva a su pérdida, se convierte en cosa juzgada, el desistimiento del procedimiento y por ende la perención, solamente extingue la instancia y en principio no perjudica a la acción” (subrayado actual de la Sala). …omissis… En este sentido, se observa que el decaimiento de la acción sólo ocurre en dos casos específicos: a) cuando se abandona la causa antes de que el tribunal se pronuncie sobre su admisibilidad, y b) cuando estando en estado de sentencia la causa se suspende por un término superior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. De allí que, la situación fáctica de autos no se encuadra dentro de ninguno de los supuestos señalados, toda vez que, en el presente caso, la causa se encontraba ya sentenciada con un fallo que adquirió el estado de definitivamente firme y en plena fase de ejecución.” (Subrayado del original). Conforme a los criterios jurisprudenciales antes transcritos, se observa que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito, la inactividad produce la perención de la instancia. En este sentido considera propicio este órgano Jurisdiccional traer a colación sentencia de la Sala Constitucional de fecha 01/06/2001, exp. 00-1491, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual realizó una interpretación con respecto al artículo 26 constitucional, así como a la pérdida de interés, en la cual esbozo lo siguiente: “...Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. …La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. … La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído. No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. …No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no solo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el proceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia los terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción. Y así se declara...” Visto lo anterior, consta en las actas procesales, la última diligencia realizada por la parte actora, en 23 de mayo de 2006, mediante la cual consignó escrito de promoción de pruebas, la cual riela al folio 31, pieza N° 2 del presente expediente y visto que hasta la presente fecha, la parte actora no ha manifestado interés de acudir ante el órgano jurisdiccional con el fin de impulsar dicho recurso; en consecuencia, por cuanto han transcurrido diecinueve (19) años y once (11) meses, sin que la parte actora manifestase ningún tipo de interés en el mismo, en consecuencia, se decreta la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en fase de apelación de sentencia propuesta en la presente causa. Así se declara. -II- DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: 1. La PÉRDIDA DE INTERÉS, LA EXTINCIÓN DEL PROCESO en el presente recurso de apelación. 2. FIRME la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2004, la cual declaro “INADMISIBLE” el recurso de nulidad. Regístrese, Publíquese. No se ordena la notificación de la parte actora, de conformidad con el criterio establecido en la sentencia emanada de la Sala Constitucional Nº 1466 de fecha 5 de agosto de 2004. Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, en Maturín a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación. La Jueza Presidente Abg. Mircia Rodríguez (Ponente) La Juez Vicepresidente (Suplente) Abg. Luisa Lara El Juez Abg. Ybrahim Moya La Secretaria Acc, Abg Naísa Salazar En la misma fecha, siendo las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Jueza. En cuanto a la publicación en el portal informático http://monagas.tsj.gob.ve/., se realizará una vez sea acordada la clave para la respectiva publicación. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste. La Secretaria Acc, Abg. Naísa Salazar MAR/NS/OC.