TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO NACIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS AMAZONAS, ANZOÁTEGUI, BOLÍVAR, DELTA AMACURO, MONAGAS, NUEVA ESPARTA, SUCRE Y GUAYANA ESEQUIBA CON SEDE EN LA CIUDAD DE MATURÍN ESTADO MONAGAS
Maturín, 19 de febrero de 2026
215° y 166º

JUEZ PONENTE: YBRAHIM JOSÉ MOYA RIVERA.
EXPEDIENTE N° NP31-R-2025-000025

En fecha 03 de diciembre del 2025, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, oficio Núm. O/212-25, de fecha 06 de agosto de 2025, proveniente del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, anexo al cual remitió expediente Núm. Q-1389-23 (Nomenclatura del referido Juzgado), contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Apelación), interpuesto por la abogada MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 47.155, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano: SANDY WILFREDO BOADA VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.840.687, contra el DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME).
Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse oído apelación en ambos efectos en fecha 16 de abril de 2024, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 03 de abril de 2024, dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la cual declaró SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la abogada MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 47.155, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano: SANDY WILFREDO BOADA VELÁSQUEZ, supra identificado, contra la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME).
En fecha 09 de diciembre de 2025, se realizó la distribución manual de la causa recibida en este Juzgado Nacional y se designo Juez Ponente.
En fecha 17 de diciembre de 2025, se dictó auto mediante el cual se ordeno notificar a las partes, a los fines del inicio del procedimiento de Segunda Instancia.
I
UNICO

Correspondería a este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en fecha 03 de abril de 2024, el cual declaró SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. En tal sentido este Juzgado Nacional observa lo siguiente:
En fecha 11 de marzo de 2024, se emitió auto mediante el cual se dictó el dispositivo del fallo, en el cual establecen que publicaran el extenso a los diez (10) días de despacho siguientes, el cual riela al folio 123, del presente expediente.
En fecha 03 de abril de 2024, se publicó la sentencia definitiva en la presente causa mediante la cual el referido Juzgado Superior declaró SIN LUGAR, el presente asunto judicial.
En fecha 10 de abril de 2024, la apoderada judicial de la parte actora, consigna diligencia mediante la cual apela de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta. (Riela al folio 148 del presente Expediente)
En fecha 15 de abril de 2024, se ordenó expedir por Secretaría, el cómputo de 05 días de despacho, a los fines de computar el lapso de apelación (Riela al folio 149 del presente Expediente)
En fecha 16 de abril de 2024, el Juzgado A quo, dictó auto mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del querellante de autos, ordenando su remisión a la Alzada a los fines de conocer del presente recurso el cual riela al folio 151, del presente expediente, siendo recibida la presente causa ante la Unidad y Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Juzgado Nacional, en fecha 03 de diciembre de 2025, tal como consta al folio 155, de la presente causa.
Ahora bien de la lectura pormenorizada y detallada de las actas que conforman el presente asunto judicial, correspondería a este Juzgado Nacional como se menciono up supra, conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en fecha 03 de abril de 2024, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, la cual riela desde el folio 124 al 147, del presente expediente. Posteriormente en fecha 10 de abril de 2024, la apoderada judicial de la parte actora, consigna diligencia ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Juzgado Superior supra identificado, mediante la cual ejerce el recurso de apelación contra la decisión dictada.
Verificando este Juzgado Nacional que, el presente expediente fue remitido a esta Alzada sin que se realizara la debida notificación al Procurador General de la República, sobre la sentencia dictada, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual es la norma especifica en la que se consagran las prerrogativas de las que goza la República, extensibles a los estados y municipios los cuales son aplicables cuando son parte del litigio, a tenor de lo siguiente:
Artículo 98. En los juicios en que la República sea parte, los funcionarios judiciales, sin excepción, están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda sentencia interlocutoria o definitiva. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de las decisiones o de todo lo conducente para formar criterio sobre el asunto y ejercer las acciones pertinentes según el caso. Transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la República y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. (…) La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.

Concatenado con la Ley de la Procuraduría General del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su artículo 93 el cual establece:
Artículo 93. En los juicios en que el Estado Bolivariano de Nueva Esparta, la República sea parte, los funcionarios judiciales, sin excepción, están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General del Estado de toda sentencia interlocutoria o definitiva. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de las decisiones o de todo lo conducente para formar criterio sobre el asunto y ejercer las acciones pertinentes según el caso. Transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General del estado y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. (…) La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General del Estado Bolivariano del Estado Nueva Esparta.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según Sentencia N° 0890, del 13 de diciembre de 2018, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza, estableció que:
“la notificación de la Procuraduría General de la República, en los juicios, que interesan al Estado, a sus entes o a empresas en las que tiene participación el mismo, es una formalidad esencial, que se cumple con la consignación de la opinión de dicho organismo en la causa judicial.” (…) Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, debe la Sala, delinear la función de la Procuraduría General de la República una vez solicitada la opinión de dicho órgano por parte de los Jueces y Juezas, en ejercicio de su obligación, cuando se realicen actos donde se encuentren involucrados directa o indirectamente derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. (…) En este sentido, la Sala considera que expresar la “opinión previa, expresa y favorable” por parte de la Procuraduría General de la República es un deber que no puede ser obviado por dicho Órgano ni por el ente jurisdiccional o Institución del Poder Público que lo solicite, por cuanto va dirigido a la protección de los intereses de la República aunado a la obligación de la Procuraduría General de la República de emitir y consignar en autos la correspondiente opinión. La formalidad que esta Sala precisa, no se circunscribe tan sólo a la notificación de la Procuraduría General de la República, por lo que no debe expresar duda alguna en cuanto a que, cuando se trate de intereses de la República involucrados o controvertidos en juicio de carácter patrimonial -jurisdiccional o administrativo- y que requieran, como en el caso de autos dicha opinión favorable, este acto se perfecciona con el deber de consignar la misma como condición necesaria para la continuación del proceso, y así se decide”.
En relación a lo antes expuesto, en total concordancia con el marco legal supra mencionado y el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, considera éste Juzgado Nacional, como rector del proceso y garante los derechos del justiciable, tratándose en este caso de los derechos e intereses de la República, ya que de la norma se desprende que toda sentencia interlocutoria o definitiva, debe notificarse al Procurador General de la República, estableciendo un lapso de ocho (08) días de despacho, más el termino de la distancia, para tenerle por notificado; tal como lo hizo el Juzgado a quo, cuando Admitió la presente demanda, la cual riela al folio 91 del presente expediente, en el caso de autos se omitió la notificación de la sentencia definitiva recaída en la presente causa, dictada en fecha 03 de abril de 2024, a quien debió notificarse por mandato expreso de la Ley; toda vez que la Procuraduría General de la República, es parte del presente juicio.
En razón de lo anteriormente expuesto, y en aplicación del artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, supletoriamente el artículo 245, del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, Ordena la REPOSICIÓN de la causa al estado que el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, libre la respectiva notificación y practique la misma, en la persona del ciudadano Procurador General de la República, de la sentencia definitiva dictada en Primera Instancia en fecha 03 de abril de 2024, y a su vez, deje transcurrir los lapsos establecidos; en consecuencia, anula las actuaciones procesales realizadas por el Juzgado Superior, desde el auto de fecha 15 de abril de 2024, así como las actuaciones subsiguientes en el expediente hasta la presente fecha; ello de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenando remitir el presente expediente al Juzgado de origen a los fines que de dar cumplimiento a lo establecido en la presente decisión. Así se decide.
II
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, con competencia en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por interpuesto por la abogada MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 47.155, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano: SANDY WILFREDO BOADA VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.840.687, contra el DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME).
SEGUNDO: REPONE la causa al estado que el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, libre la respectiva notificación y practique la misma, en la persona del Procurador General de la República, en aplicación del artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el artículo 245, del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión expresa del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
TERCERO: Se declaran Nulas las actuaciones procesales realizadas por el Juzgado A quo, desde el auto de fecha 15 de abril de 2024, así como las actuaciones subsiguientes en el expediente hasta la presente fecha, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 206, del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión expresa del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
CUARTO: Ordena remitir el presente expediente al Juzgado A quo, a los fines que de dar cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de origen a los fines legales consiguientes. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, con competencia en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba, en Maturín, estado Monagas, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Jueza Presidenta,

Mircia Andreina Rodríguez

La Jueza Vicepresidente (Suplente)

Luisa Lara

El Juez,

Ybrahim José Moya Rivera

La Secretaria Acc.,

Yennifer Aliendres

En la misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 am), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. Se deja constancia que se realizará la inserción en el sistema Juris 2000, por parte del ciudadano Juez, una vez se restablezca el sistema referido; asimismo, se ordena la publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia, cuando sea asignada la clave respectiva. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.
La Secretaria Acc.,

Yennifer Aliendres
Exp. Núm. NP31-R-2025-000025