TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con Competencia en los Estados: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre Y Guayana Esequiba.
Maturín, doce de marzo de dos mil veintiséis
215º y 167º

PONENTE: LUISA LARA
ASUNTO: NB31-X-2026-000003
ASUNTO PRINCIPAL: NB31-R-2024-000006

En fecha 10 de marzo de 2026, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado, diligencia con motivo de la Inhibición planteada por la ciudadana Mircia Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V- 14.338.458, basada en el contenido del artículo 42 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil; vencido como se encuentra el lapso de allanamiento, este Juzgado Nacional pasa a decidir la misma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
I
DE LA INHIBICION
La inhibición que hoy conoce este Juzgado, fue formulada por la abogada MIRCIA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.338.458, en su condición de Jueza Presidenta de este Juzgado Nacional de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, tal como consta en declaración contenida en diligencia de fecha 10 de marzo de 2026, presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de documentos (URDD) de este Órgano Jurisdiccional, en la causa identificada con el N° NB31-R-2024-000006, de la nomenclatura interna de este Juzgado, contentiva Demanda de Contenido Patrimonial, en la cual intervienen como partes la Sociedad Mercantil PDVSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 24 de noviembre de 2009, bajo el N° 27, tomo 259-A. SDO, representada judicialmente por la abogada Tibisay Coromoto Bravo Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 80.048, contra la Sociedad Mercantil ORINOKIA OILFIELD SERVICES, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 7 de octubre de 2019, bajo el N° 131, Tomo 12-A-RM MMA.
II
DE LA COMPETENCIA
Por cuanto se observa de la lectura detallada y pormenorizada que la inhibición formulada por la Jueza Presidenta de este Juzgado, abogada Mircia Rodríguez, supra identificada, en la presente causa en la cual manifestó su voluntad de inhibirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por haber suscrito una gran parte de la sustanciación de la presente causa en primera instancia, comprendiendo la admisión de la demanda, la procedencia de la medida cautelar solicitada e incluso la celebración de la respectiva audiencia preliminar.
Al respecto es necesario traer a colación el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece:
“En el caso de los tribunales colegiados la incidencia será decidida por el Presidente o Presidenta; cuando éste fuere el recusado por el Vicepresidente o Vicepresidenta; y cuando fuesen recusados todos se convoca a los suplentes por el orden de la lista”

Ahora bien, visto que corresponde a quien suscribe la presente, dictar decisión con respecto a la inhibición formulada por la ciudadana Mircia Rodríguez, quien funge como Jueza Presidenta de este Juzgado Nacional, me declaro competente y en consecuencia se procede a determinar si la inhibición formulada por la referida abogada, se encuentra ajustada a derecho.
III
MOTIVOS DE LA DECISION
Determinada como fue la competencia por este Tribunal, debe este Juzgador determinar con los elementos de autos, si la inhibición planteada es procedente o no.
Con relación a ello la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé en el artículo 43, la obligación de los funcionarios o funcionarias y auxiliares de justicia de inhibirse de las causas sometidas a su conocimiento, sin esperar a que se les recuse.
De tal manera, que la inhibición debe efectuarse en forma legal y estar fundada en alguna de las causales contenidas en la ley, particularmente en las previstas en el artículo 42 eiusdem.
Al efecto se observa, que en fecha 10 de marzo de 2026, la ciudadana Mircia Rodríguez, manifestó su voluntad de inhibirse, en los siguientes términos:
“…En horas de Despacho del día de hoy, diez (10) de marzo de dos mil veintiséis (2026), siendo las 10:30 a.m., comparece ante la sede del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental con Competencia en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba, la ciudadana Mircia Andreína Rodríguez González, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 14.338.458, de profesión abogada, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado antes identificado, quien expone: Por cuanto en el presente expediente identificado con el N° Exp. NB31-R-2024-000006, intervienen como partes, PDVSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., sociedad mercantil constituida y domiciliada en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 24 de noviembre de 2009, bajo el N° 27, tomo 259-A. SDO., cuyo documento constitutivo ha sido objeto de diversas modificaciones, quedando le última de éstas asentada bajo el N° 11, tomo 140-A SDO.,en el mencionado Registro Mercantil el dia 03/06/2010 e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-30730680-7, debidamente representada por la abogada Tibisay Coromoto Bravo Martínez, inscrita en el IPSA bajo el N° 80.048, contra la sociedad mercantil ORINOKIA OILFIELD SERVICES, C.A., CONSTITUIDA MEDIANTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE INSCRITO POR ANTE EL Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 07/10/201, bajo el N° 131, tomo 12-A-RM MMA, debidamente representada por su Vicepresidente, ciudadano Ramón Abelardo López, titular de la cédula de identidad N° V-11.449.420. A pesar de no haber dictado decisión de fondo en la presente causa, mi persona, suscribió en gran medida la sustanciación de la presente causa, desde la admisión de la demanda, la procedencia de la medida cautelar consistente en la recuperación de equipos técnico, así como la celebración de la audiencia preliminar en la presente causa, ello mientras desempeñé funciones en el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, como jueza provisoria del mismo; en consecuencia de ello, y a fin de respetar el doble grado de jurisdicción, son las razones por las que ME INHIBO de conocer la presente causa, ello de conformidad con el artículo 42 de la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, numeral 5, en concordancia con el artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa” (…) (Sic) (Mayúsculas propias del texto, cursivas del tribunal).

Ahora bien, el numeral 5 del artículo 42 de la referida Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece lo siguiente:
“Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes: (…)
5. Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez o Jueza de la causa”.

Visto lo anterior y como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no establece de forma precisa el procedimiento a seguir, debemos entonces encuadrarlo dentro de las previsiones establecidas para ello, en el Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 89 ejusdem.
Precisado el régimen aplicable es de observar, que la inhibición es un deber y un acto procesal de los funcionarios judiciales, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa por considerar que existen circunstancias que en forma suficiente son capaces de comprometer su imparcialidad; y en tal sentido, se tiene que la imparcialidad es una condición que necesariamente debe satisfacer cualquier juez o magistrado en ejercicio de la actividad jurisdiccional, por cuanto la misma tal como lo afirma el procesalista mexicano José Ovalle Favela “consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en litigio y de dirigir y resolver el proceso sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas”.
Doctrinaria y jurisprudencialmente se debe hacer la distinción entre imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva; la primera asegura que el juez no haya mantenido vínculos con los sujetos del proceso, y la segunda, que el mismo no haya tenido contacto previo con el thema decidendi.
Resulta menester destacar, que la imparcialidad judicial en cualesquiera de sus facetas sea real y efectiva, es necesaria aplicarla en los ordenamientos procesales para así establecer los medios o instrumentos que permitan al juzgador excusarse o abstenerse de conocer de causas en las que tenga motivos de impedimento derivados de sus relaciones con los sujetos o el objeto del proceso; o faculten al litigante afectado para obtener su exclusión forzosa del conocimiento del juicio, cuando aquél no haya cumplido voluntariamente con el deber de hacerlo. En nuestro sistema jurídico esos medios procesales son, respectivamente, la inhibición y la recusación, los cuales, en lo que atañe al proceso civil, encuentran su expresa regulación positiva en la Sección VIII, Capítulo I, Título I, Libro Primero del Código de Procedimiento Civil (artículos 82 al 103).
Como se evidencia a partir de la lectura del texto transcrito, la ciudadana Mircia Rodríguez, se inhibe por haber suscrito en gran medida la sustanciación de la presente causa en primera instancia, desde la admisión de la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, otorgando incluso la medida cautelar solicitada por la recurrente, todo ello en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro.
Al respecto se observa, que en cuanto a la forma en que deben ser analizadas este tipo de situaciones, desde la perspectiva de la competencia subjetiva del juez, la doctrina más autorizada ha planteado lo siguiente:
“Pertenece también a este orden de inhibiciones, el principio general implícito en el sistema de la apelación, aun cuando no tenga texto expreso entre nosotros, según el cual ningún juez puede ser juez de apelación de su propia sentencia. Esta solución hallaría su apoyo en la disposición del inc. 5° del artículo 786 que establece el prejuzgamiento como causal de recusación. Pero en verdad, una circunstancia de esta índole constituye mucho más que un motivo de recusación susceptible de ser subsanado por las partes: constituye una desnaturalización absoluta del principio de apelación, según el cual incumbe al juez de la instancia superior, actuar como órgano de revisión del fallo del inferior, según el precepto ´appelatio est provocatio ad major judicem´ (8). Si un juez de primera instancia, ascendido a un Tribunal de Apelaciones se encontrara llamado a fallar como juez de segunda instancia, sobre la confirmación o revocación de su propio fallo de la instancia anterior, no podría suponerse, en modo alguno, que el motivo que media a su respecto sea el de recusación, sino, por el contrario, un motivo de inhibición absoluta que le impide ser, en la misma causa, juez de su propia sentencia”. (Couture, Eduardo: Estudios de Derecho Procesal. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979, Tomo III, pp. 135-136).
Por lo tanto, de la revisión del expediente se constata que efectivamente la abogada Mircia Rodríguez, suscribió una gran parte del procedimiento efectuado en primera instancia, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro; entre ellas, la admisión de la demanda y el otorgamiento de la medida cautelar requerida mediante decisión de fecha 18 de abril de 2024, tal como se evidencia de los folios 253 al 255 del expediente objeto de la presente apelación, la ejecución de la referida medida en fecha 7 de mayo de 2024, según consta en acta realizada a tal efecto, cuya copia certificada riela a los folios 256 al 261, y la celebración de la Audiencia Preliminar en fecha 1 de agosto de 2024, como se aprecia en los folios 152 al 154 y sus vueltos, circunstancia que constituye emisión de opinión acerca de la controversia planteada, por lo que se observa que cuenta con los requisitos de forma.
En el presente caso, la manifestación de voluntad de la ciudadana Mircia Rodríguez, se subsume en la causal de inhibición prevista en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, normativa aplicable a las circunstancias que producen incompetencia legalmente establecidos por la norma para que pueda prosperar la solicitud de separarse de la causa identificada con el N° NB31-R-2024-000006, contentiva de demanda por Contenido Patrimonial (Resolución de Contrato) interpuesta por la abogada Tibisay Coromoto Bravo Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 80.048, actuando en su carácter de apoderada judicial de la empresa PDVSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 24 de noviembre de 2009, bajo el N° 27, tomo 259-A. SDO., contra la sociedad mercantil ORINOKIA OILFIELD SERVICES, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil del estado Monagas, en fecha 7 de octubre de 2019, bajo el N° 131, Tomo 12-A-RM MMA; en consecuencia, se declara Con Lugar, la inhibición planteada de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.
IV
DECISION

Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con Competencia en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba, impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: Su Competencia para conocer de la presente incidencia de Inhibición, formulada por la ciudadana Mircia Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-14.338.458, en su condición de Jueza Presidenta de este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.
SEGUNDO: CON LUGAR la INHIBICIÓN planteada por la ciudadana Mircia Rodríguez.
TERCERO: Se ordena la notificación de la Jueza Presidenta inhibida, abogada Mircia Rodríguez, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, dando así cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante, contentivo del Expediente N° 08-1497, de fecha 23 de noviembre de 2010.
CUARTO: En consecuencia, al haberse declarado con lugar la inhibición, se ORDENA la constitución del respectivo Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental Accidental con el o la suplente a quien corresponda llenar la falta.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la Jueza Presidenta, Remítase las presentes actuaciones a la Secretaría del Juzgado, para que se constituya el Juzgado Accidental. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con Competencia en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba, a los doce (12) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). Años: 215º de la Independencia y 167º de la Federación.
La Jueza Vicepresidenta Suplente,

Luisa Lara
La Secretaria Acc.,

Yennifer Aliendres
En la misma fecha, siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45) pm, se público y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se realizó su inserción en el sistema Juris 2000, por parte de la ciudadana Jueza, asimismo, se ordena la publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia. Una vez nos sea asignada la clave respectiva Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.

La Secretaria Acc.,

Yennifer Aliendres

LL/YA