PRIMERO: SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la presente causa, y por ende, del recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho JOSÉ MAXIMILIANO MONTIEL GRUENBAUM y FERNANDO BRACHO CARRERO, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano MANUEL FACUNDO QUINTERO, contra la decisión N° 037-15, de fecha 13 de abril de 2015, emanada del Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por cuanto sobre el vehículo solicitado recae una medida innominada en virtud del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, el cual se encuentra enmarcado en los delitos económicos cuya competencia fue asignada a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; declaratoria de incompetencia que efectúa esta Alzada en aras de garantizar los principios de competencia por la materia, unidad del proceso y del Juez natural. SEGUNDO: Declara COMPETENTE, a la SALA N° 3 DE LA CORTE DE APELACIONES .....

DECLARA SIN LUGAR la recusación interpuesta por la profesional del derecho MARÍA T. ARRIETA, en su carácter de representante legal del ciudadano CARLOS GUSTAVO RAMOS BARRIOS, en su condición de víctima, en el asunto seguido al ciudadano YEFFERSON JOHAN BAUDINO RONDÓN, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN y ROBO AGRAVADO, previstos y sancionados en los artículos 406 numeral 1 en concordancia con el artículo 80 último aparte y 458 todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano CARLOS GUSTAVO RAMOS BARRIOS, incidencia presentada en contra del abogado RAFAEL EUGENIO TERAN MONTILLA, en su carácter de Juez Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con el artículo 89 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal; decisión que esta Alzada profirió de conformidad con el artículo 99 ejusdem.

declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada en ejercicio ADRIANA DE ARGUELLO, en su carácter de defensora del ciudadano PABLO ANTONIO PÉREZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECIDE.