Por todo lo antes expuesto y con fundamento en los elementos de convicción presentados, éste Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se impone al ciudadano JEAN LUIS REYES PEDROZO, antes identificado, Medida Cautelar Sustitutiva, por estimarlo autor del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el articulo 42, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana ANGELICA ROS ESPINOZA MUÑOZ, y se acuerda Medida de Protección y de Seguridad a favor de la víctima antes nombrada, todo de conformidad con el artículo 256, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 87, numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc.....

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en los elementos de convicción presentados, éste Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acuerda Medida Cautelar Sustitutiva al ciudadano DIONEL JOSE GUERRERO ROMERO, de nacionalidad venezolana, natural de Casigua El Cubo, fecha de nacimiento 27/05/1987, de 21 años de edad, soltero, obrero, titular de la cédula de identidad N° 19.690.364, hijo de Elinda Romero y Alfredo Guerrero, residenciado en Casigua El Cubo, calle Pro Patricia, casa s/n, cerca de la Alcaldía, al lado del señor Mavarez, Municipio Jesús María Semprúm del Estado Zulia, por aparecer fundados elementos de convicción para estimarlo autor o participe del delito APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Ro.....

Se decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado de autos, de conformidad a lo establecido en el articulo 256, ordinales 3° , 9° del Código Orgánico Procesal Penal. A la cual se le imponen las siguientes obligaciones: Ordinal 3: La presentación periódica por ante este Tribunal Sexta de Control, cada treinta (30) días, ordinal 9°: La prohibición de agredir de nuevo a sus hijos. TERCERO: Se acuerda proseguir la presente investigación por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, tal como lo establece el artículo 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: Se acuerdan proveer las copias solicitadas por las partes. Ofíciese al Director del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas "El Marite", bajo el N° 1.941-09, a fin de notificarlo de la presente decisión. Este acto concluyó, siendo las Tres de la tarde (03:00 p.m.) horas de la tarde. Se registró la presente decisión bajo el No. 473-09. Se deja constancia que se cumplieron con t.....

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuesto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO, EXTENSIÓN CABIMAS, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en forma MIXTA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, por UNANIMIDAD, DECLARA CULPABLE, y en consecuencia, CONDENA al acusado, ahora penado BREICO GREGORIO ALVARADO CASTILLO, Venezolano, fecha de nacimiento 26-08-1988, soltero, de 21 años de edad, hijo de Gloria Patricia Grajales y Felipe Ramón Alvarado, titular de la cédula de identidad N° 20.622.394, profesión u oficio: albañil, domiciliado en Carretera "H" Avenida 31, casa 175, Cabimas, Estado Zulia, como COAUTOR en el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto en el articulo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, ejecutado en perjuicio del ciudadano YORBIS JOSE ARRECHE ROMERO, a cumplir la pena corporal de OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, establecidas e.....

este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de La Ley, DECLINA las presentes actuaciones al Juzgado de Sección Adolescente de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que por distribución le corresponda conocer . Líbrese oficio a la Dirección del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite. Se deja constancia que se cumplieron con todas las formalidades de Ley, quedando notificadas las partes de esta Decisión en este mismo acto, concluyéndose a las dos y treinta minutos de la tarde

Ahora bien, este Tribunal previo a resolver sobre lo solicitado por la representación del Ministerio Publico hace las siguientes consideraciones: Establece el articulo 44, ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que una persona al momento detenerse debe ser registrada, donde se establezca la identidad de la persona, observándose que en el acta policial que dio origen a la detención del ciudadano no consta su identificación específicamente su nombre, lo que hace imposible al Ministerio Público hacer la imputación, es por lo que vista la solicitud fiscal, quien es el Director de la Investigación de conformidad con lo establecido en el articulo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que la sanción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Publico quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, y siendo que no se encuentran satisfechos ninguno de los supuestos consagrados en el articulo constitucional ut supra indica.....

Se decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputados de autos, de conformidad a lo establecido en el articulo 256, ordinales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal. A la cual se le imponen las siguientes obligaciones: Ordinal 3: La presentación periódica por ante este Tribunal Sexto de Control, cada treinta (30) días, ordinal 4: La prohibición de salir del país sin autorización del Tribunal. En consecuencia se ordena la INMEDIATA LIBERTAD de los ciudadanos CARLOS LUIS HERNANDEZ BRAVO, ROBERT JOSÉ MORONTA RONDON, JESÚS ANGEL LAONY MARCHAN Y MARIO JOEL ESCALONA VIERA. TERCERO: Se acuerda proseguir la presente investigación por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, tal como lo establece el artículo 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA formulada por la presentante legal de la Fundación Niños del Sol, por ante la Fiscalia Superior del Ministerio Público del estado Zulia, en fecha 15/05/08; tal como lo solicitara el representante de la Fiscalia Trigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal Acordo: seguir la presente Causa por las reglas del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal y impone al adolescente plenamente identificado en actas, las Medidas Cautelares Sustitutivas, establecidas en los literales "b" y "c" del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, traduciéndose las mismas en: 1. El deber de someterse al cuidado y vigilancia de sus representantes legales; 2. El deber de presentarse cada quince (15) días por ante esta Sede Judicial, empezando sus presentaciones el día Lunes Cuatro (04) del presente mes y año, todo ello con fundamento en lo previsto en el articulo 538, atinente al principio de proporcionalidad.

Este Tribunal Acordo: DECLARAR CON LUGAR la solicitud de la Representación Fiscal y de la defensa, de acordar la Libertad Plena del ciudadano (NOMBRE OMITIDO), por haber operado en este caso la Cosa Juzgada de conformidad con el artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia existir una prohibición legal y constitucional de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, tal como lo dispone el artículo 49.7 Constitucional.