Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARO: PRIMERO: CON LUGAR El recurso de nulidad de acto administrativo, intentado por los ciudadanos Beatriz Álvarez De Lugo De González, Beatriz Del Coromoto González De Brokke, Lorena Del Coromoto González Álvarez De Lugo Y José Gregorio González Álvarez De Lugo., debidamente identificada, contra el acto administrativo contenido en el Decreto No. A-004/2008, de fecha 14 de Marzo del 2008, mediante el cual se declaró la expropiación de el inmueble propiedad de los demandantes, identificado en el texto de esta sentencia. SEGUNDO: NULO y sin efecto alguno el referido acto administrativo. Notifíquese de esta decisión al Alcalde del Municipio Maturín, remitiéndole copia de la misma .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declaro: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Aclaratoria presentada por la Apoderada Judicial de la Procuraduría General del estado Monagas Abg. LUISANA VIOLETA CABELLO ANGULO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 113.394.

Este Tribunal, siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas, pasa a decidir en los siguientes términos: -I- DEL MERITO DE AUTOS: En cuanto a la promoción realizada en el Capitulo I, el mencionado abogado promueve y reproduce el mérito favorable de autos, este Tribunal advierte que es criterio reiterado de la jurisprudencia que la solicitud de apreciación de las actas que conforman un expediente no constituye un medio de prueba, sino que más bien está dirigida a la aplicación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual le corresponderá su valoración, en la oportunidad de decidir acerca del fondo del asunto debatido, así se decide.