este Tribunal se declara competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva; en consecuencia, se ADMITE la referida demanda cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 ejusdem.

este Tribunal se declara competente para conocer de la presente querella de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 94 ejusdem; y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva, en atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem.

En mérito de lo anterior, éste Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la medida cautelar de embargo solicitada por la abogada Maria Fernanda Gil, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 183.370, actuando en sustitución del ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MONAGAS; SEGUNDO: ACUERDA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de los ciudadanos JOSE GREGORIO BRICEÑO y MARIA MERCEDES ARANGUREN, titulares de las cédulas de identidad Nros V-9.280.216 y V-4.349.486, respectivamente, a cada uno de los prenombrados hasta por el doble de la suma demandada, la cual corresponde a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 67.160,00); monto obtenido del doble de la cantidad estimada en la pretensión de la parte demandante, es decir .....

Aplicando tales disposiciones legales al caso de autos, se desprende que la ciudadana YOLIMAR DUGARTE GALVIS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 12.820.148, abogado en ejercicio, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 117.156, actuando en su propio nombre y representación, puede perfectamente convenir, aunado a que el asunto en cuestión no está relacionado con materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, y visto que se constata de autos el cumplimiento total de lo convenido, en consecuencia, este Juzgado procede a HOMOLOGAR el Convenimiento propuesto por las partes. Así se decide.