HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, y visto el cumplimiento total del acuerdo alcanzado, ordena el archivo del expediente.

Por cuanto la misma no es contraria a derecho, ni lesiona los derechos de ninguna de las partes y versa sobre derechos disponibles, es por lo que este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con los artículos 12 y 263 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su aprobación y homologa dicho DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO en todas y cada una de sus partes y le da carácter de sentencia pasado con autoridad de cosa juzgada. Se da por terminado el juicio, devuélvanse los originales solicitados previa certificación en autos y se ordena el archivo del expediente.- DR. ARTURO J. LUCES T. EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL LA SECRETARIA, ABOG. YOHISKA MUJICA. En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. Conste. La Stria. Exp. 33.065 AJLT/tula

Se efectua la redencion ACUERDA la reformar el cómputo de la pena, por la Redención de la Pena, a favor del penado ciudadano: EDGAR JOHAN BARRETO GONZALEZ, titular de la Cedula de Identidad numero V-13.941.914.-

Se efectua la redencion ACUERDA la reformar el cómputo de la pena, por la Redención de la Pena, a favor del penado ciudadano: BRITO ISNALDO JOSE, titular de la Cedula de Identidad numero V-22.971.075, todo de conformidad con lo establecido en los artículo 497 y 482, ambos del Código Orgánico Procesal Penal,

RESOLUCIÓN N° PJ007-2013-000101. Se nego la prorroga solicitada por el Ministerio Público, en fecha 13 de diciembre de 2012, al encontrarse vencida la medida de coerción personal para la fecha de dicha solicitud, de conformidad con las previsiones del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero De Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: IMPROCEDENTE LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR por cuanto influye en el fondo de lo controvertido. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, PUBLIQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.

HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO

Por lo antes expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA Y admite los hechos alegados por los ciudadanos JESÚS SALAYA y JOSE URBANEJA condenándose a la empresa demandada ADP PUBLICIDAD, C.A a pagar la cantidad de BOLIVARES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 70/100.(Bs. 36.187,70), de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. No se condena en costas a la parte demandada por no haber sido totalmente vencida en el presente proceso. Con relación a la Indexación solicitada este Tribunal ordena determinar el monto que corresponda, tal y como lo señala el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Mediante la cual se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, en el presente asunto judicial seguido a la joven: IDENTIDAD OMITIDA, identificada en autos, por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES LEVES, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal Vigente, de conformidad con lo establecido en los Artículos 49 ordinal 8° y 300 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 561 Literal "d", 615 y 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.-

Mediante la cual se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, en el presente asunto judicial seguido a la joven: IDENTIDAD OMITIDA, identificada en autos, por la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA LAS PERSONAS, de conformidad con lo establecido en los Artículos 300 Ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 561 Literal "d", 615 y 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.